La Abogac¨ªa del Estado releva a su letrado en la causa del ¡®proc¨¦s¡¯

El Gobierno ha tomado una decisi¨®n dr¨¢stica para garantizar que la Abogac¨ªa del Estado, un ¨®rgano que depende estrictamente del Ejecutivo y que por su propia naturaleza siempre cumple las directrices marcadas por el poder pol¨ªtico, mantenga la l¨ªnea de la acusaci¨®n por sedici¨®n a los l¨ªderes independentistas. La abogada general del Estado, Consuelo Castro, ha destituido a Edmundo Bal como abogado jefe del departamento de penal y, por tanto, responsable de defender la posici¨®n del Estado en el juicio del proc¨¦s. Bal ya se enfrent¨® a Castro porque ¨¦l quer¨ªa elevar la acusaci¨®n contra los dirigentes independentistas catalanes a rebeli¨®n. Castro ha dado as¨ª un golpe de autoridad ante la resistencia mostrada por su subordinado.

El motivo que alega oficialmente el Ejecutivo es el de p¨¦rdida de confianza, ya que se trata de un puesto jer¨¢rquico de designaci¨®n del que puede disponer Castro, que lleg¨® a la c¨²pula de este organismo en junio, de la mano de la ministra Dolores Delgado. Bal ya hab¨ªa trasladado que no defender¨ªa en el juicio nada con lo que no estuviera de acuerdo seg¨²n su criterio. Esto es, que no apoyar¨ªa ninguna posici¨®n que no fuera la suya. Este enroque hac¨ªa inviable su continuidad en un proceso clave.

El Gobierno y la abogada general del Estado, un cargo de confianza que participa todos los mi¨¦rcoles en la comisi¨®n de subsecretarios que prepara el Consejo de Ministros, necesitan tener garant¨ªas de que el abogado que participa en el juicio sigue con claridad sus instrucciones. Es lo que hacen los 400 abogados del Estado que defienden los intereses de la Administraci¨®n general en m¨²ltiples casos y que siempre obedecen las directrices de sus superiores.

Situaci¨®n in¨¦dita

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En este caso se ha producido una situaci¨®n in¨¦dita. Por su naturaleza, a diferencia de los fiscales, que tienen una autonom¨ªa garantizada por la ley, los abogados del Estado no son aut¨®nomos, sino defensores de una parte, como lo es cualquier abogado. La ¨²nica diferencia es que en este caso la parte, el cliente, es la Administraci¨®n, y en ¨²ltimo t¨¦rmino, su m¨¢ximo exponente, el Gobierno. Pero Bal, de forma muy poco usual, se neg¨® en redondo a secundar las directrices de sus superiores, en especial de Castro, que ya fue abogada del Estado en casos significativos como el Prestige. Bal insist¨ªa en defender la acusaci¨®n de rebeli¨®n y se negaba a firmar cualquier otra.

Esta situaci¨®n in¨¦dita provoc¨® una fuerte tensi¨®n que se resolvi¨® cuando Castro se hizo responsable del escrito en el que se acusaba de malversaci¨®n y sedici¨®n, pero no de rebeli¨®n a los dirigentes independentistas catalanes en prisi¨®n. Solo lo firm¨® ella, no su subordinado. Bal estaba decidido a promover un escrito, que ten¨ªa redactado, donde se defend¨ªa la acusaci¨®n de rebeli¨®n, la misma por la que opt¨® la fiscal¨ªa, que finalmente pidi¨® un m¨¢ximo de 25 a?os frente a los 12 que reclama la Abogac¨ªa del Estado. Pero Bal no es un fiscal y tiene que obedecer a sus superiores jer¨¢rquicos. La tensi¨®n entre Bal y Castro ha ido creciendo hasta que se ha tomado la decisi¨®n definitiva de cesarlo para evitar que cada paso del juicio implique una situaci¨®n como la que se vivi¨® con el escrito de acusaci¨®n.

En el Gobierno no acaban de entender la pol¨¦mica por este asunto. Todos los clientes deciden la l¨ªnea que siguen sus abogados, insisten. La abogac¨ªa aporta el criterio t¨¦cnico, los escenarios de lo que se puede hacer jur¨ªdicamente y sus posibles consecuencias, pero las decisiones las toma el Ejecutivo en cualquier caso, explican.

Fuentes del Gobierno recuerdan que todos los Ejecutivos han dado instrucciones a la Abogac¨ªa del Estado, que es por definici¨®n un organismo no aut¨®nomo. Esta vez, con mayor relevancia medi¨¢tica y social por tratarse de un caso clave, se ha seguido el mismo procedimiento de siempre, explican, con la diferencia de que el m¨¢ximo responsable de la secci¨®n penal no ha aceptado las reglas del juego.

Criterios

Sin embargo, parte de la confusi¨®n con este tema la provoc¨® el propio Ejecutivo, que lleg¨® a afirmar p¨²blicamente en varias ocasiones que la Abogac¨ªa tomar¨ªa sus propias decisiones con criterios jur¨ªdicos y el Gobierno no se entrometer¨ªa, algo que ahora en realidad admiten como un sinsentido.

El sustituto a¨²n no ha sido designado pero el Ejecutivo no tiene ninguna duda de que cualquier otro abogado del Estado acatar¨¢ las instrucciones de sus superiores y desarrollar¨¢ la acusaci¨®n por sedici¨®n, que es la que defiende el Gobierno. El Ejecutivo de S¨¢nchez tampoco ve suficiente mantenerse solo en la acusaci¨®n de malversaci¨®n, que es lo que hizo en un principio la Abogac¨ªa con el Gobierno del PP.

En este asunto, el Ejecutivo se encuentra entre dos frentes. Por un lado, la oposici¨®n, que le achaca abiertamente una supuesta traici¨®n por no acusar a los l¨ªderes del proc¨¦s de rebeli¨®n, una cuesti¨®n sobre la que hay un intenso debate jur¨ªdico y que, incluso, ponentes de la reforma del C¨®digo Penal de 1995 como Diego L¨®pez Garrido rechazan. Por otro lado, los independentistas acusan al Gobierno de haber endurecido la posici¨®n del anterior Ejecutivo, al pasar de malversaci¨®n a sedici¨®n. La decisi¨®n no ha gustado del todo a nadie, pero en el Gobierno est¨¢n convencidos de que la acusaci¨®n de sedici¨®n es la m¨¢s razonable y piensan seguir adelante, ahora con un nuevo abogado del Estado que siga las instrucciones jer¨¢rquicas.