El Consejo de Europa pide a Espa?a que proh¨ªba las devoluciones en caliente de la ¡®Ley Mordaza¡¯

La m¨¢xima responsable de derechos humanos del Consejo de Europa ha dejado claro este viernes la inmensa preocupaci¨®n que suscita en Estrasburgo la Ley de Seguridad Ciudadana espa?ola, conocida tambi¨¦n como Ley Mordaza. A la comisaria de DDHH del organismo, Dunja Mijatovic, le inquietan, y mucho, las devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla, que desear¨ªa ver prohibidas de forma ¡°expl¨ªcita¡±. Pero deja claro que tambi¨¦n le preocupan enormemente otras disposiciones de la controvertida ley aprobada en 2015 y que, seg¨²n Mijatovic, pueden fragilizar de manera sustancial libertades fundamentales amparadas por el Convenio Europeo de Derechos Humanos como son la libertad de expresi¨®n y el derecho a la reuni¨®n pac¨ªfica.

As¨ª se lo ha hecho saber la propia comisaria por carta a los presidentes del Congreso, Ana Pastor, y del Senado, P¨ªo Garc¨ªa-Escudero. ?Y por qu¨¦ ahora? Pues porque Estrasburgo espera que sus grandes reservas se tengan en cuenta en el momento en que se estudia reformar la normativa aprobada durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

¡°Creo que es de la mayor importancia garantizar que la revisi¨®n elimine disposiciones que tienen el potencial de minar la protecci¨®n de los derechos humanos en Espa?a¡±, subraya Mijatovic en su misiva, fechada en Estrasburgo el 20 de enero.

En la cuesti¨®n de las devoluciones en caliente, la comisaria considera que la disposici¨®n final primera de la Ley de Seguridad Ciudadana que enmend¨® la Ley de Extranjer¨ªa legalizando la devoluci¨®n a Marruecos de manera inmediata a los inmigrantes que salten la valla en Ceuta y Melilla, ¡°no proporciona garant¨ªas claras contra las devoluciones y las expulsiones colectivas¡± de personas migrantes. Tampoco ofrece ¡°garant¨ªas adecuadas¡± al derecho de toda persona a solicitar asilo ¡°independientemente de la forma en que lleguen a territorio espa?ol¡±, agrega.

En este sentido, Mijatovic aconseja ¡°encarecidamente¡± que se proporcione ¡°sin demora¡± a la Guardia Civil ¡°una orientaci¨®n clara y obligatoria sobre c¨®mo actuar de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos al interceptar a los migrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla¡±. Dicha gu¨ªa, deber¨ªa incluir una ¡°prohibici¨®n expl¨ªcita¡± de las devoluciones en caliente y deber¨ªa ¡°resaltar¡± las garant¨ªas procesales que deben respetarse, ¡°incluido el derecho a ser identificado, a evaluar las necesidades de protecci¨®n internacional, acceso a un int¨¦rprete, a un abogado y asistencia m¨¦dica seg¨²n corresponda; y un recurso efectivo para impugnar cualquier violaci¨®n de la Convenci¨®n Europea de Derechos Humanos de la que las personas afectadas podr¨ªan alegar ser v¨ªctimas¡±.

La opini¨®n de Mijatovic se conoce en momentos en que se espera, para comienzos de a?o, la decisi¨®n final del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo sobre un caso de devoluciones en caliente que el Gobierno de Pedro S¨¢nchez quiere utilizar como gu¨ªa para la reforma de las normativas de extranjer¨ªa.

Para Mijatovic, la Ley Mordaza tambi¨¦n presenta un problema de formulaci¨®n ¡°amplia e imprecisa¡± que provoca que las fuerzas de seguridad tengan un ¡°amplio margen de discreci¨®n¡± para interpretar la normativa. Esto, a su vez, da pie a ¡°limitaciones potencialmente desproporcionadas y arbitrarias al ejercicio de la libertad de expresi¨®n y de reuni¨®n pac¨ªfica¡±. Por ello, la comisaria ¡°alienta¡± al Congreso a que ¡°garantice que la ley sea revisada de tal forma que limite las posibilidades de una aplicaci¨®n arbitraria y desproporcionada¡± de sus presupuestos. Algo que, subraya, se hace m¨¢s necesario en tanto que Espa?a ¡°carece de un mecanismo de denuncia policial fuerte e independiente¡±.

Mijatovic considera ¡°inquietante¡± que en 2017 se impusieran 21.122 sanciones por falta de respeto o de consideraci¨®n hacia las fuerzas policiales y que se sancione como delito grave, incluidos los periodistas, la filmaci¨®n no autorizada de fuerzas policiales.

Recuerda que en 2013 su oficina ya mostr¨® su preocupaci¨®n por "la creciente pr¨¢ctica de imponer multas administrativas" en manifestaciones. En el escrito, la comisaria hace suyas las palabras de la ONU en 2008: "Aumentar las multas por organizar o participar en reuniones pac¨ªficas puede ser considerado una restricci¨®n represiva que excede el criterio de necesidad y proporcionalidad".