La reforma que condicion¨® al Poder Judicial

La Justicia atraviesa su peor crisis de credibilidad en 40 a?os de democracia. Una crisis que avanza por varios frentes. Primero, por el de la contestaci¨®n social por decisiones controvertidas, como la sentencia de La Manada o el cambio de criterio del Tribunal Supremo en el impuesto de las hipotecas. Segundo, por el corporativo, con la huelga que la mitad de los magistrados y fiscales secundaron para exigir mejoras laborales. Y tercero, por el institucional tras el habitual intercambio de vocales entre PP y PSOE como si fueran cromos ¡ªcon la participaci¨®n en segundo plano de las principales asociaciones judiciales¡ª, que qued¨® este a?o m¨¢s patente que nunca tras conocerse qui¨¦n ser¨ªa el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) antes, incluso, de saberse los nombres de los que deb¨ªan elegirlo.

Los ciudadanos asisten as¨ª a un incendio acentuado en la ¨²ltima semana por el modo de designaci¨®n parlamentario de los 20 vocales del CGPJ, que suscita sospechas de su politizaci¨®n ¡ªa veces, tambi¨¦n por el perfil de las personas nombradas¡ª. Unos recelos sobre la funci¨®n gubernativa que acaban calando en la judicial, como ha ocurrido con el nombramiento de Manuel Marchena para ocupar la presidencia del Poder Judicial, pese a que finalmente renunci¨®.

El CGPJ, que adem¨¢s de los nombramientos judiciales se encarga de designar a dos de los 12 magistrados del Tribunal Constitucional, fue previsto en la Ley Fundamental para desapoderar al Gobierno de toda intervenci¨®n en la Justicia, seg¨²n recuerda Pablo Lucas Murillo, magistrado del Supremo, en el libro Comentario M¨ªnimo a la Constituci¨®n. La Constituci¨®n establece que 8 los 20 vocales los nombra el Congreso y el Senado entre juristas de reconocida competencia. Y los otros 12 se elegir¨¢n ¡°entre jueces y magistrados de todas las categor¨ªas¡±.

En 1980, una ley org¨¢nica estableci¨® que los 12 vocales ser¨ªan nombrados en una votaci¨®n entre los propios jueces y magistrados. Sin embargo, en 1985, la mayor¨ªa absoluta del PSOE cambi¨® el modo y fij¨® el que se ha mantenido hasta hoy: los 20 vocales los eligen a partes iguales las dos C¨¢maras. El sistema lo aval¨® un a?o despu¨¦s el Constitucional, que advirti¨® de un riesgo: que el CGPJ se acabara convirtiendo en un reflejo de la lucha parlamentaria.

Esta predicci¨®n, para partidos como Ciudadanos, no ha hecho m¨¢s que confirmarse. El bipartidismo habr¨ªa pervertido un modelo concebido para hacer efectivo el mandato del art¨ªculo 117 de la Constituci¨®n que asegura que la justicia emana del pueblo. Desde 2016, las cuatro asociaciones judiciales propugnan la vuelta al modelo de elecci¨®n directa de los 12 vocales judiciales. En esta idea est¨¢n respaldados por Albert Rivera, y desde la renuncia de Marchena, tambi¨¦n por el PP.

Para interpretar los pros y los contras del modelo actual resulta ¨²til acudir a las discusiones parlamentarias de la redacci¨®n de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial, de 1985. La enmienda inicial que puso la elecci¨®n de los vocales en manos del parlamento -la m¨¢s importante y pol¨¦mica del proyecto de ley- la registr¨® el diputado de Euskadiko Ezkerra y abogado Juan Mar¨ªa Bandr¨¦s, fallecido en 2011. Bandr¨¦s se?alaba que esta opci¨®n obedec¨ªa a "una concepci¨®n m¨¢s progresista de la sociedad", y a?ad¨ªa: "Afortunadamente lo pol¨ªtico impregna toda la vida p¨²blica y ya est¨¢ bien de tratar la pol¨ªtica como algo contaminante y la dedicaci¨®n a la pol¨ªtica como una perversi¨®n gravemente peligrosa, como un vicio que hay que evitar cuidadosamente".

Bandr¨¦s negaba que la elecci¨®n parlamentaria de los vocales vulnerara la independencia judicial. "El Poder Judicial es un poder no concentrado y s¨ª diseminado, que se ejerce por cada juez muchas veces al d¨ªa, cuando ese juez o ese tribunal dicta con serenidad ante su propia conciencia, sin otro juez superior a ¨¦l que su conciencia, la resoluci¨®n que estima justa". Y a?ad¨ªa: "Decir que un determinado Consejo del Poder Judicial o una determinada forma de elegirlo puede comprometer la independencia, es tanto como decir que el Consejo General del Poder Judicial, cualquiera que sea su composici¨®n, ejerce presi¨®n sobre jueces y magistrados. Se?ores Diputados, esto es muy grave, porque equivaldr¨ªa a afirmar que los consejeros -estos, los otros, los que vengan, todos los que pueda haber- y los jueces son prevaricadores colectivos".

En el bando contrario, el portavoz de Alianza Popular, Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz-Gallard¨®n, cuyo partido recurri¨® la reforma ante el Constitucional, consideraba que la elecci¨®n parlamentaria abr¨ªa la puerta "a un total y absoluto control de otros ¨®rganos constitucionales que deben mantener la independencia". El portavoz de la Minor¨ªa Catalana, Josep Mar¨ªa Trias de Bes, pon¨ªa ret¨®ricamente el dedo en la llaga: "No quiero atreverme a pensar que ustedes han llegado a la conclusi¨®n de que como la magistratura -seg¨²n dicen- es conservadora en un 80 por ciento la quieren cambiar a base de una Ley Org¨¢nica, para que bajo el paradigma de la soberan¨ªa popular sea m¨¢s fiel o m¨¢s adicta a eso que el se?or ministro [Fernando Ledesma] llam¨® el otro d¨ªa nuevo Estado".

En 1985, el perfil sociol¨®gico de la carrera judicial era bien distinto al actual: el juez espa?ol medio ten¨ªa 50 a?os, ingres¨® en el cuerpo en pleno franquismo, era cat¨®lico practicante y en un 90% eran varones. La carrera estaba formada por unos 1.800 miembros -hoy son 5.500-, en su mayor¨ªa afiliados a la Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura, que ten¨ªa un perfil conservador bastante m¨¢s acusado que en la actualidad. Uno de cada cuatro magistrados era hijo de juristas. En los cuatro a?os anteriores hab¨ªan ingresado en la carrera 500 jueces que, sumados a la jubilaci¨®n forzosa de otros 500 con la aprobaci¨®n de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial, dieron un primer gran vuelco sociol¨®gico al Poder Judicial tras la muerte del dictador.

Esta estructura conservadora de la judicatura pes¨® -aunque nadie lo admitiera expresamente- a la hora de cambiar la elecci¨®n del CGPJ. En la actualidad, aunque se mantiene en lo esencial el procedimiento de acceso a la carrera, con una oposici¨®n con gran peso de lo memor¨ªstico, y persiste el sambenito de que la judicatura es un cuerpo conservador por naturaleza solo una treintena de jueces en activo accedi¨® al cargo antes de muerte de Franco y las mujeres son ya mayor¨ªa en los ¨®rganos judiciales.

La actual reforma de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial relativa al Consejo General del Poder Judicial, en tr¨¢mite parlamentario, incorpora escasas novedades sobre el ¨®rgano de gobierno. Se prev¨¦ reducir a dos d¨ªas el plazo para que los nuevos vocales elijan a su presidente y la posibilidad de que cuatro de los veinte vocales elegidos en un mandato puedan ser renovados para el siguiente. Sin embargo, la elecci¨®n parlamentaria sigue en el texto. Y el incendio no se extingue.