Feij¨®o: ¡°Lo m¨¢s urgente para reformar la Constituci¨®n es recuperar el clima de consenso¡±

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El presidente de la Xunta y del PP de Galicia, Alberto N¨²?ez Feij¨®o, defiende que lo m¨¢s urgente alrededor de la Constituci¨®n Espa?ola es ¡°recuperar el clima de consenso¡± de hace 40 a?os para poder reformarla. Feij¨®o aboga por ¡°reforzar los mecanismos de participaci¨®n de las comunidades aut¨®nomas en la conformaci¨®n de la voluntad estatal¡±, convirtiendo el Senado en una C¨¢mara de representaci¨®n territorial e ¡°institucionalizando¡± la Conferencia de Presidentes. Pero eso s¨ª, sin que a ning¨²n territorio se le reconozcan ¡°hechos diferenciales¡± distintos de los actuales, en alusi¨®n a Catalu?a.

El presidente gallego respalda suprimir los aforamientos, aunque para ello pide que se acelere la investigaci¨®n y el enjuiciamiento de los representantes p¨²blicos. Y cree que la actual fragmentaci¨®n pol¨ªtica debe abordarse otorgando a la lista m¨¢s votada un ¡°plus¡± en las Cortes que le facilite gobernar.

Pregunta. ?Aguanta la Constituci¨®n otros 40 a?os sin reformas o son necesarias y urgentes? ?Qu¨¦ cambios considera urgentes?

Respuesta. La Constituci¨®n de 1978 es lo suficientemente flexible como para continuar sirviendo al objetivo para el que fue aprobada y que ha cumplido en los ¨²ltimos 40 a?os: garantizar la convivencia democr¨¢tica y el progreso en libertad de la sociedad espa?ola. Los profundos cambios que nuestra sociedad ha experimentado en todos los ¨¢mbitos durante este tiempo as¨ª lo certifican.

Dicho esto, es evidente que, como toda obra humana, es posible reformarla para mejorarla. No obstante, lo m¨¢s urgente para acometer una reforma de la Constituci¨®n Espa?ola de 1978, y con car¨¢cter previo a cualquier otra consideraci¨®n, es recuperar el clima de consenso que propici¨®, hace 40 a?os, que por primera vez en nuestra historia la Constituci¨®n fuese de todos, y no solo de una parte de la sociedad espa?ola que se la impon¨ªa a la otra.

P. ?El modelo territorial que establece la Ley Fundamental es mejorable? ?C¨®mo?

R. El proceso de descentralizaci¨®n pol¨ªtica que propici¨® la Constituci¨®n fue muy profundo e incomparable en el ¨¢mbito internacional, permitiendo que Espa?a pasase de ser uno de los Estados m¨¢s centralizados del mundo a uno de los m¨¢s descentralizados, y creo que ese fue uno de los mayores ¨¦xitos de la Constituci¨®n.

Con todo, con la experiencia acumulada en los ¨²ltimos a?os, el Partido Popular de Galicia ha planteado desde hace tiempo la conveniencia de reforzar los mecanismos de cooperaci¨®n entre la Administraci¨®n General del Estado y las comunidades aut¨®nomas. En el ¨¢mbito legislativo, mediante una reforma del Senado que avance en su configuraci¨®n como la C¨¢mara de representaci¨®n territorial que la Constituci¨®n prev¨¦. Y en el ¨¢mbito ejecutivo, mediante una institucionalizaci¨®n de la Conferencia de Presidentes, a¨²n poco operativa pese a que en ella se han alcanzado importantes acuerdos. Asimismo, y en la l¨ªnea de lo propuesto por el Consejo de Estado en 2006, de acometerse la reforma consensuada de nuestra Norma Fundamental, se podr¨ªa considerar la clarificaci¨®n de los ¨¢mbitos competenciales de las comunidades aut¨®nomas.

Adicionalmente, aunque ello no implique una reforma constitucional, el modelo de financiaci¨®n de las comunidades desarrollado a partir de las previsiones constitucionales deber¨ªa reformarse para garantizar, precisamente, que se cumplen los principios constitucionales de igualdad y solidaridad personal y territorial.

"La lista m¨¢s votada debe contar con un plus que asegure la estabilidad y la gobernabilidad"

P. Hay una propuesta de catedr¨¢ticos de Derecho Constitucional para una reforma federal que pasa por concretar mejor el reparto de competencias, blindar algunas competencias auton¨®micas que tienen que ver con sus singularidades e incluso incluir las singularidades de Catalu?a en una disposici¨®n adicional de la Constituci¨®n. ?Es usted partidario?

R. El sistema pol¨ªtico espa?ol es, disquisiciones nominalistas al margen, un sistema federal. Es cierto que perfectible, en mi opini¨®n reforzando los mecanismos de participaci¨®n de las comunidades aut¨®nomas en la conformaci¨®n de la voluntad estatal. Pero estoy convencido de que soluciones ¡°asim¨¦tricas¡±, que impliquen el reconocimiento de hechos diferenciales distintos de los que la propia Constituci¨®n ya reconoce (la foralidad, los idiomas cooficiales, la insularidad), o los que derivan del ejercicio de las propias competencias por las autonom¨ªas, no ser¨¢n aceptados por la sociedad espa?ola. Especialmente si de ello se deriva alg¨²n tipo de privilegio pol¨ªtico o econ¨®mico.

P. ?Cambiar¨ªa la ley electoral?

R. Es cierto que la vigente ley ha cumplido, a lo largo de estas cuatro d¨¦cadas y en el ¨¢mbito nacional, los objetivos que se le piden a cualquier sistema electoral: ha garantizado la gobernabilidad de Espa?a, con la ¨²nica excepci¨®n de la XI Legislatura. Sin embargo, la gran fragmentaci¨®n pol¨ªtica existente tanto en Espa?a como en Europa deber¨ªa llevarnos a analizar un cambio de la normativa en los pr¨®ximos a?os. La lista m¨¢s votada debe contar con un plus encaminado a asegurar la estabilidad en las Cortes y tambi¨¦n la gobernabilidad en los Ejecutivos, tanto en la naci¨®n como en las autonom¨ªas.

A mayores, y como he defendido desde hace tiempo, tambi¨¦n soy partidario de modificar la ley electoral a nivel municipal, de tal modo que se garantice que gobierne la lista m¨¢s votada, tal y como sucede en pa¨ªses como Portugal.

Finalmente, y en coherencia con lo afirmado respecto de la reforma del Senado, creo que de convertirse en la C¨¢mara de representaci¨®n territorial deber¨ªa reformarse su composici¨®n y sistema de elecci¨®n para reforzar la presencia de senadores auton¨®micos.

P. ?Eliminar¨ªa los aforamientos del Gobierno, altos cargos y diputados y senadores que contempla la Constituci¨®n?

R. El Parlamento de Galicia ha aprobado por unanimidad una proposici¨®n no de ley en ese sentido. Eso s¨ª, considero que la eliminaci¨®n del aforamiento debe ir acompa?ada en paralelo de dos compromisos pol¨ªticos e institucionales, para evitar el uso partidista y demag¨®gico de los tribunales con el ¨²nico fin de desprestigiar en lo personal al rival pol¨ªtico. Un compromiso de respeto por la presunci¨®n de inocencia y un compromiso por la rapidez de los tribunales en la investigaci¨®n y enjuiciamiento de aquellos procedimientos que afecten a un representante p¨²blico. Lo primero, para evitar las injust¨ªsimas ¡°penas de telediario¡±. Lo segundo, para evitar la indeseable interferencia de unos poderes del Estado sobre los otros; interferencia que, en el peor de los casos, podr¨ªa llegar a alterar la voluntad popular expresada en elecciones libres.

P ?Incluir¨ªa la sanidad y los servicios sociales dentro del Cap¨ªtulo II del T¨ªtulo Primero de la Constituci¨®n referido a los derechos fundamentales, como ya est¨¢ incluida la educaci¨®n?

R. La Constituci¨®n de 1978 es, sin lugar a dudas, una de las m¨¢s avanzadas de Europa en el reconocimiento y protecci¨®n de los derechos y libertades fundamentales. No solo por su expreso reconocimiento de los derechos humanos, sino porque tambi¨¦n incorpora los recogidos en los tratados internacionales. Lo que la Constituci¨®n establece es distintas formas de tutela o protecci¨®n jurisdiccional; y en este sentido algunos derechos son directamente tutelados por los tribunales (como el derecho a la educaci¨®n del art¨ªculo 27) y otros solo de acuerdo con las leyes que los desarrollan (como el derecho a la sanidad del art¨ªculo 43 o a las ¡°prestaciones sociales suficientes¡± del 41).

Coincido con aquellos expertos en derechos humanos que consideran que la diferenciaci¨®n entre ¡°derechos¡± y ¡°principios rectores de la pol¨ªtica social y econ¨®mica¡±, que implica una diferente protecci¨®n jurisdiccional, est¨¢ superada por la realidad social y la pr¨¢ctica jur¨ªdica; por lo que carece de sentido mantenerla. Por ello, ser¨ªa m¨¢s ambiciosa la integraci¨®n de todos ellos en un ¨²nico t¨ªtulo o cap¨ªtulo de la Constituci¨®n; eliminando su jerarquizaci¨®n; y concretando sus garant¨ªas de protecci¨®n.

De hecho, en la frustrada reforma del Estatuto de Autonom¨ªa de Galicia que impuls¨® el Gobierno bipartito socialista y nacionalista hace m¨¢s de 10 a?os esta fue la postura que defendi¨® mi grupo parlamentario; sin que suscitase el acuerdo de los entonces partidos en el Gobierno.