Una oposici¨®n a golpe de juzgado en Valencia
El grupo municipal del PP colma de denuncias al gobierno local de Comprom¨ªs, PSPV-PSOE y Val¨¨ncia en Com¨²
El grupo municipal del PP, donde nueve de los 10 concejales son investigados por presunto blanqueo de capitales, lleva los ¨²ltimos tres a?os haciendo oposici¨®n a golpe de juzgado. Uno de sus asesores, Luis Salom ¨Ctambi¨¦n imputado-, ha presentado en este mandato unas 15 denuncias contra los concejales del Gobierno local que preside el alcalde Joan Rib¨®. Mientras, el PP en el Congreso de los Diputados ha registrado una proposici¨®n no de ley donde, entre otras cosas, condena precisamente la persecuci¨®n pol¨ªtica por la v¨ªa penal. Salom asegura que no es su caso.
En el Ayuntamiento de Valencia, donde desde junio de 2015 gobierna en coalici¨®n Comprom¨ªs, el PSPV y Val¨¨ncia en Com¨² (Podem), no ganan para sobresaltos judiciales. Con el mandato reci¨¦n estrenado, la Fiscal¨ªa de Valencia abri¨® diligencias por el viaje del alcalde a la cumbre de alcaldes del cambio en A Coru?a tras denunciar el PP que pod¨ªa tratarse de un acto de ¡°precampa?a electoral¡± pagado con fondos p¨²blicos. Los populares pidieron a Fiscal¨ªa que valorara ¡°la posible comisi¨®n de alguna ilegalidad¡± por parte de Rib¨® y el primer edil se comprometi¨® a dimitir si lo imputaban. No hizo falta porque en agosto de 2016 la justicia cerr¨® las diligencias al no apreciar ning¨²n indicio de delito.
Dos a?os despu¨¦s, en junio de 2018, el primer edil desfilaba por los pasillos de la Ciudad de la Justicia de la capital para declarar en un juzgado de Instrucci¨®n que le investigaba por no facilitar a este mismo asesor el expediente sobre una pol¨¦mica encuesta sociol¨®gica al mundo fallero en 2017, que s¨ª se hab¨ªa entregado pero con retraso. A la salida del juzgado, el alcalde alud¨ªa con iron¨ªa al embrollo judicial en el que est¨¢ metido desde hace tres a?os Salom y gran parte del grupo de la oposici¨®n. ¡°El sue?o de un imputado por corrupci¨®n es que todos lo est¨¦n¡±, se despach¨® Rib¨®, que fue exonerado al poco.
Son denuncias que ¡°se han ido archivando y solo persiguen ensuciar la imagen de Valencia¡±, valora el equipo de Gobierno municipal. El Grupo Popular ¡°intenta hacer ver que todos somos iguales¡±, a?aden. Desde 2016 se han ido presentando unas 15 denuncias ¨CSalom no ofrece datos concretos- a fiscal¨ªa, a los juzgados de instrucci¨®n, a la Oficina Antifraude valenciana, al S¨ªndic de Greuges (el s¨ªndico de agravios valenciano), o al Defensor del Pueblo. Al asesor le han ¡°coloreado la cara¡± con el archivo ce ocho. Sobre otras cuatro hay diligencias. El resto no han trascendido.
Entre las sobrese¨ªdas, adem¨¢s de las dos del alcalde, est¨¢n otras dos dirigidas contra la concejal Maite Girau por la contrataci¨®n de v¨¢teres y por fraccionamiento en el contrato de mantenimiento de una instalaci¨®n municipal. Salom tambi¨¦n denunci¨® al concejal delegado de Comercio, Carlos Galiana, por supuesto fraccionamiento de contratos en la gesti¨®n de redes sociales y el caso acab¨® sobrese¨ªdo. ¡°Algunos de los contratos que investiga el juez ni tan siquiera fueron firmados por m¨ª¡±, manifest¨® en su d¨ªa el edil investigado.
Y no acaba ah¨ª la lista; al titular de Cultura Festiva, Pere Fuset, le han cerrado dos investigaciones judiciales propiciadas por el PP por la contrataci¨®n de un cartel de las fiestas falleras y por la instalaci¨®n de un buz¨®n de los Reyes Magos. Incluso denunci¨® a la concejal de Patrimonio, Gl¨°ria Tello, por unos desperfectos de 302 euros en un ¡®ninot¡¯ de falla del comandante Cousteau.
El grupo popular en el Ayuntamiento lo ve como una estrategia e insiste en que las denuncias est¨¢n argumentadas y en su mayor¨ªa las presenta Salom a t¨ªtulo individual. Los populares recuerdan que Comprom¨ªs los denunci¨® cuando gobernaban la ciudad por casos como el de ¡®Ritaleaks¡± ¨Cpidieron a la Fiscal¨ªa que investigase m¨¢s de 400 facturas sobre presuntos gastos suntuarios de Rita Barber¨¢ y su equipo). La Fiscal¨ªa del Tribunal Supremo dio carpetazo a mediados de 2016 al caso al no apreciar ¡°con el grado de seguridad que una imputaci¨®n delictiva requiere¡± que la que fuera primera edil cargara al Ayuntamiento gastos sin relaci¨®n con la vida municipal. El recurso a la denuncia ha sido, de hecho, el trabajo de oposici¨®n m¨¢s llamativo de un grupo municipal investigado casi al completo y que, debido a ello, ha ejercido una acci¨®n pol¨ªtica de bajo perfil.
Mientras, en el Congreso de los Diputados, el PP ha presentado una proposici¨®n no de ley sobre el derecho a la presunci¨®n de inocencia de los investigados judiciales y la persecuci¨®n pol¨ªtica por v¨ªa penal: ¡°Hay quien desde determinados partidos pol¨ªticos redacta, presenta, alienta o impulsa querellas por la v¨ªa penal contra adversarios pol¨ªticos, poniendo en cuesti¨®n no solo la legalidad de determinados actos administrativos, sino afirmando en un documento judicial el car¨¢cter delictivo de determinados hechos¡±, reza la iniciativa.
Pero Salom entiende que ¨¦l no se dedica a eso: ¡°El partido lo que dice es que no puede hacerse un uso pol¨ªtico de la justicia porque el objetivo no es denunciar unos hechos presuntamente irregulares o delictivos sino ensuciar gratuitamente a alguien, sabiendo que no va a ning¨²n lado¡±. Seg¨²n el asesor del PP, sus denuncias solo pretenden poner en conocimiento del juzgado unos hechos objetivamente irregulares ¡°por si pudieran ser constitutivos de delito¡±. ¡°Yo no acuso, no soy parte y no estoy personado. Voy al penal por unos supuestos hechos que en v¨ªa administrativa han concluido y contra los que no cabe recurso. Es mi obligaci¨®n¡±, concluye.
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