El pueblo que quiere su c¨¢rcel

Las estructuras de hormig¨®n que se alzan frente a un id¨ªlico paraje de pinos en el t¨¦rmino de Siete Aguas parecen a primera vista un resto del naufragio inmobiliario valenciano. Pero no son casas a medio hacer. Son las obras, paralizadas desde 2014, del Centro Penitenciario Levante II, dise?ado para 1.194 reclusos. El Ejecutivo estudia qu¨¦ hacer con ellas tras haber invertido 14,5 millones de euros de los 89 previstos. Y el peque?o pueblo, asomado al abismo de la despoblaci¨®n, reclama su finalizaci¨®n y apertura tras haber salido a la calle contra el proyecto hace una d¨¦cada.

Sentado en su peque?o despacho del Ayuntamiento de Siete Aguas, situado a 50 kil¨®metros al oeste de Valencia, el alcalde, el socialista Santiago Mas, solo ve ventajas en la prisi¨®n. "Generar¨ªa puestos de trabajo. Pagar¨ªa el IBI. Con que solo 100 de los 600 funcionarios que se dijo que tendr¨ªa se queden a vivir, ya ser¨ªa una gran ayuda. El colegio se reforzar¨ªa. Y los familiares de los reclusos que vinieran de visita algo comprar¨ªan", enumera. El regidor a?ade que el Ayuntamiento ya recibi¨® 1,2 millones de euros al inicio de las obras, que sirvieron para enjugar parte de los tres millones y medio de deuda que arrastraba el Consistorio.

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El Gobierno adquiri¨® hace una d¨¦cada una parcela de 50 hect¨¢reas dedicada al cultivo de cereal ubicada a seis kil¨®metros del n¨²cleo urbano para construir la prisi¨®n. Los vecinos crearon entonces la Plataforma No a la c¨¢rcel en Siete Aguas, un movimiento en la estela del que a?os antes fren¨® la instalaci¨®n de un gran vertedero en el t¨¦rmino municipal. Sus impulsores reunieron 5.000 firmas de habitantes de la comarca, lograron que el Consell Valenci¨¤ de Cultura, un organismo asesor de la Generalitat, reclamara a la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios que reconsiderara su decisi¨®n por el valor ambiental del entorno, y empujaron a los partidos con representaci¨®n en el Ayuntamiento a posicionarse en contra.

Diez a?os y 315 vecinos menos m¨¢s tarde, el sentir popular es otro. ¡°Seg¨²n el ¨²ltimo censo tenemos 1.171 vecinos, un 20% menos. Mucha gente se ha ido a vivir a Chiva, a Bu?ol y sobre todo a Valencia, porque aqu¨ª no hay trabajo¡±, se?ala Mas. ¡°En su momento se dijo que los presos se iban a escapar e iban a venir a robar. La gente se asust¨®. Pero cuando luego se les explic¨® que los pueblos con una c¨¢rcel est¨¢n muy vigilados, han visto que son m¨¢s los beneficios que las desventajas. La despoblaci¨®n da m¨¢s miedo¡±, a?ade el alcalde.

Todos los grupos municipales, desde el PP a Comprom¨ªs, son ahora partidarios del centro penitenciario. Hasta el diputado de Izquierda Unida en el Congreso Ricardo Sixto, uno de los pocos pol¨ªticos que ha mantenido el asunto en su agenda, cree que llegado este punto lo mejor es acabar la infraestructura.

¡°Aqu¨ª nos estamos quedando solo los jubilados¡±, comenta, sentado en la terraza del bar El Parque, Pedro S¨¢nchez, de 74 a?os, antiguo obrero de la planta de Ford en Almussafes. ¡°No hay m¨¢s que una f¨¢brica, y si cierra el pueblo se queda sin nada¡±. S¨¢nchez se refiere a Dorcas, que fabrica porteros autom¨¢ticos y cerraduras, emplea a 48 personas y absorbe la producci¨®n de tres empresas cooperativas en las que trabajan otras 24 gracias a las exportaciones a pa¨ªses como China. La econom¨ªa local, tradicionalmente agropecuaria, es por lo dem¨¢s fr¨¢gil. ¡°Ya ten¨ªa que estar abierta hace 10 a?os. Mi hija se ha ido. Cada vez hay menos gente. Lo que le hace falta a este pueblo es marcha¡±, afirma Emilia Zahonero, due?a de la Multitienda Los Cisnes¡±.

El Gobierno quiere terminar las obras, cuya vigilancia le cuesta 171.000 euros anuales. Pero todav¨ªa no ha decidido su destino. Cuando se proyect¨®, Espa?a ten¨ªa 73.000 presos y hoy hay 59.000. Una de las opciones que se barajan es habilitarla como centro psiqui¨¢trico penitenciario, indica una portavoz de la Delegaci¨®n del Gobierno en la Comunidad Valenciana.

Riesgo de incendio

El economista Joaqu¨ªn Rodrigo, uno de los impulsores de la plataforma ciudadana ya disuelta, no ha cambiado de opini¨®n. Rodrigo no vive en el pueblo, pero tiene una casa aqu¨ª a la que lleva viniendo 50 a?os. ¡°El terreno se compr¨® sin analizar los riesgos. El Ministerio de Medio Ambiente oblig¨® a hacer un informe de impacto y en la casilla del a?o 1994 se dej¨® en blanco el n¨²mero de hect¨¢reas quemadas en el t¨¦rmino municipal cuando ese a?o ardieron 6.350 y hubo que evacuar el pueblo. Meter a 1.200 presos en una zona catalogada por la Generalitat como de riesgo extremo de incendio es una locura¡±.

¡°Las prisiones¡±, sigue Rodrigo, ¡°no las quieren en ning¨²n pueblo y el beneficio para Siete Aguas ser¨¢ m¨ªnimo. La construcci¨®n dar¨¢ trabajo, pero uno o dos a?os. Y los funcionarios no se quedar¨¢n a vivir aqu¨ª. Valencia necesita otras inversiones antes que una c¨¢rcel cuando la poblaci¨®n reclusa ha ca¨ªdo tanto¡±.

El portavoz del sindicato de prisiones Acaip Alberto T¨¦llez mantiene, sin embargo, la necesidad del nuevo centro penitenciario para descongestionar la c¨¢rcel de Picassent, la mayor de Espa?a, cuya capacidad es de 2.000 reclusos y el 7 de diciembre ten¨ªa 2.121 debido, afirma, al elevado n¨²mero de presos locales.