El juez eludi¨® menciones al secreto profesional en el auto para requisar m¨®viles a dos periodistas en Palma

El juez que instruye el caso Cursach, Miquel Florit, eludi¨® mencionar el derecho al secreto profesional de los periodistas en el auto de cinco p¨¢ginas que dict¨® el pasado 11 de diciembre para requisar los tel¨¦fonos m¨®viles de los informadores Kiko Mestre y Blanca Pou en el marco de una pieza secreta abierta para investigar un delito de revelaci¨®n de secretos. El auto respond¨ªa a una petici¨®n de la Polic¨ªa Nacional que solicit¨® autorizaci¨®n para la entrada y registro en las sedes de la agencia de noticias Europa Press y de Diario de Mallorca con el objetivo de averiguar si en ambas oficinas se encontraban ¡°objetos o indicios¡± para esclarecer el presunto delito de revelaci¨®n de secretos investigado.

En el auto, el juez argumenta que la inviolabilidad del domicilio es un derecho fundamental proclamado en el art¨ªculo 18.2 de la Constituci¨®n ¡°si bien no est¨¢ reconocido de una manera tan absoluta que pueda constituir un medio para la ocultaci¨®n de hechos delictivos¡±. Florit mantiene que, seg¨²n la polic¨ªa, en las sedes de ambos medios pueden encontrarse objetos o indicios para esclarecer el delito de revelaci¨®n de secretos ¡°pues consta en la causa que dichos periodistas tuvieron informaci¨®n confidencial con copias originales de los documentos filtrados que guardan en sus tel¨¦fonos m¨®viles y ordenadores¡±.

Una informaci¨®n, contin¨²a, relativa al traspaso de informaci¨®n presuntamente por miembros de la polic¨ªa del grupo de Blanqueo ¡°que no deb¨ªa ser divulgada y que dio lugar a la publicaci¨®n de diversas noticias period¨ªsticas relativas al denominado caso Cursach¡±. Sin embargo, durante todo este relato el magistrado no hace alusi¨®n al derecho al secreto profesional de los periodistas garantizado en el art¨ªculo 20 de la Carta Magna. El juez se ampara en los art¨ªculos 573 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que permiten el registro de libros y papeles del investigado u otra persona ¡°cuando ello fuere necesario para el resultado del sumario¡± y recuerda que todos est¨¢n obligados a exhibir los objetos y papeles que tengan que ver con la causa bajo el apercibimiento de multa o sanci¨®n.

Florit tambi¨¦n subraya que el art¨ªculo 588 de la misma ley permite el registro, aprehensi¨®n o incautaci¨®n de ordenadores, instrumentos de comunicaci¨®n telef¨®nica o telem¨¢tica y dispositivos de almacenamiento masivo ¡°permitiendo el acceso al contenido de estos medios o dispositivos con autorizaci¨®n judicial¡±. Considera adecuada la intervenci¨®n de los tel¨¦fonos, documentos y memorias externas ¡°por resultar decisivo la investigaci¨®n¡± en este caso. El juez anul¨® esta decisi¨®n diez d¨ªas despu¨¦s de dictarla en otro auto en el que constat¨® ¡°una mengua importante de la necesidad y eficacia de las medidas acordadas¡±. ¡°Reexaminadas las diligencias efectuadas en esta causa deben ponderarse los distintos derechos fundamentales en juego¡± se?ala el auto, en el que el magistrado tampoco menciona el derecho al secreto profesional de los periodistas.

Aval de fiscal¨ªa

La semana pasada fue levantado el secreto sobre esta pieza separada que investiga las filtraciones del sumario del caso Cursach, que desde hace a?os indaga en las relaciones de poder entre el principal empresario del ocio nocturno de Mallorca, la polic¨ªa local y el estamento pol¨ªtico. En el sumario figura el aval de la fiscal¨ªa anticorrupci¨®n de Baleares a las diligencias solicitadas por la Polic¨ªa Nacional para rastrear las llamadas y geolocalizaciones de

varios periodistas que informaban sobre el asunto. El fiscal Juan Carrau apoy¨® el proceder de la polic¨ªa al considerar que se trataba de una medida ¡°no invasiva¡± y ¡°proporcionada para averiguar la realidad sobre un posible delito grave¡±.

La Polic¨ªa Nacional solicit¨® en varias ocasiones que se pidiera a varias compa?¨ªas telef¨®nicas que entregaran los listados de llamadas emitidas y recibidas por los periodistas, as¨ª como sus geolocalizaciones en determinados momentos. Tambi¨¦n requirieron informaci¨®n sobre los tel¨¦fonos fijos instalados en las oficinas y el listado de todas las llamadas realizadas por la periodista Blanca Pou desde el a?o 2016. En otro oficio, la Polic¨ªa Nacional solicit¨® el registro anual de llamadas y los posicionamientos del tel¨¦fono de una periodista de la agencia Efe y las comunicaciones efectuadas desde el tel¨¦fono fijo de la delegaci¨®n balear en la que trabaja.

La agencia de noticias Europa Press y el peri¨®dico Diario de Mallorca, as¨ª como los periodistas Blanca Pou y Kiko Mestre, presentaron una querella contra el juez Florit por presuntos delitos de prevaricaci¨®n judicial, contra la inviolabilidad del domicilio y contra el derecho al secreto profesional por la intervenci¨®n de los tel¨¦fonos m¨®viles. La demanda fue admitida a tr¨¢mite por la sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares.