El juicio a los l¨ªderes del ¡®proc¨¦s¡¯ arranca en el Supremo en el momento m¨¢s convulso
12 l¨ªderes independentistas catalanes se sientan desde este martes en el banquillo, acusados de promover y ejecutar un pulso al Estado. La vista marcar¨¢ el futuro de la pol¨ªtica espa?ola y del conflicto territorial
Lleg¨® el d¨ªa. El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y otros 11 l¨ªderes independentistas catalanes se sientan este martes en el banquillo del Tribunal Supremo acusados de promover y ejecutar el pulso al Estado que culmin¨® en la consulta secesionista ilegal del 1 de octubre de 2017 y la posterior declaraci¨®n unilateral de independencia. La vista marcar¨¢ la agenda pol¨ªtica de los pr¨®ximos tiempos. Desde la primera sesi¨®n: el d¨ªa que arranca el juicio, el Congreso inicia el debate de los Presupuestos, donde el voto de los partidos independentistas determinar¨¢ el futuro de la legislatura. Las consencuencias pol¨ªticas van m¨¢s all¨¢ de Espa?a. Con la UE a la espera de una sentencia clave para la estabilidad territorial de uno de sus pa¨ªses m¨¢s relevantes, la vista ser¨¢ ¨ªntegramente retransmitida por televisi¨®n, en un esfuerzo in¨¦dito del Supremo por exhibir las garant¨ªas de un proceso que el independentismo cuestiona desde el primer d¨ªa.
Han pasado casi 15 meses y medio desde que, el 31 de octubre de 2017, la Fiscal¨ªa General del Estado se querell¨® por rebeli¨®n contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los 13 consejeros de su ¨²ltimo Govern, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y cinco miembros de la Mesa de la C¨¢mara. En este tiempo, en la causa judicial y la pol¨ªtica espa?ola han ocurrido cosas que nadie sospechaba: la muerte de Jos¨¦ Manuel Maza, el fiscal general del Estado que promovi¨® la querella, apenas 20 d¨ªas despu¨¦s de registrarla; el fracaso de las ¨®rdenes europeas e internacionales de detenci¨®n dictadas contra siete l¨ªderes independentistas, entre ellos el expresident Puigdemont, que huyeron del pa¨ªs y pusieron contra las cuerdas a la justicia espa?ola, y, sobre todo, una moci¨®n de censura que fulmin¨® al Gobierno de Mariano Rajoy y llev¨® a la presidencia a Pedro S¨¢nchez.
Pese a estos episodios, el guion judicial ha seguido su curso para llegar hasta este martes casi id¨¦ntico a como lo escribi¨® el fiscal general: los l¨ªderes independentistas ser¨¢n juzgados por rebeli¨®n, un delito que castiga a quienes se levanten ¡°violenta y p¨²blicamente¡± para, entre otros objetivos, ¡°derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constituci¨®n¡± o ¡°declarar la independencia de una parte del territorio nacional¡±. El juicio se celebrar¨¢ en Madrid, bajo la batuta del m¨¢s alto ¨®rgano jurisdiccional del Estado. Y, como defendi¨® la Fiscal¨ªa desde el inicio de la causa, los nueve procesados por este delito est¨¢n en prisi¨®n preventiva y los que ocupaban cargo pol¨ªtico han sido suspendidos de sus funciones.
Ese relato que la Fiscal¨ªa ya esboz¨® en su querella y que en la instrucci¨®n de la causa se ha ido apuntalando sit¨²a a los 12 acusados a la cabeza del proc¨¦s. Y el proc¨¦s, a juicio del ministerio p¨²blico, es un plan, ¡°una estrategia perfectamente planificada, concertada y organizada¡± con un ¨²nico objetivo: fracturar el orden constitucional para conseguir la independencia de Catalu?a. Esa estrategia, siempre seg¨²n el ministerio p¨²blico, se basaba en la actuaci¨®n sincronizada de las instituciones catalanas ¡ªGovern y Parlament¡ª, los partidos independentistas y las entidades sociales soberanistas (Assemblea Nacional de Catalunya y ?mnium Cultural, fundamentalmente).
La respuesta pol¨ªtica al desaf¨ªo independentista fue la activaci¨®n del art¨ªculo 155 de la Constitucion, por el que el Gobierno central tom¨® el control de la Generalitat. La respuesta judicial fue aquella querella de la Fiscal¨ªa que llega ahora a juicio. Todos los acusados lo est¨¢n por ¡°dirigir, promover y/o participar activamente¡± en la ejecuci¨®n de este proyecto, aunque los autores intelectuales son Junqueras, Forcadell y los presidentes de ANC y ?mnium (Jordi S¨¤nchez y Jordi Cuixart). Tambi¨¦n Puigdemont, pero el expresident se libr¨® del juicio tras fugarse a B¨¦lgica unas horas antes de que el ministerio p¨²blico presentara la querella.
Los cuatro acusados para los que se piden las penas m¨¢s altas (25 a?os de c¨¢rcel para Junqueras; 17 para Forcadell, S¨¤nchez y Cuixart) controlaban, seg¨²n la Fiscal¨ªa, los tres motores de la rebeli¨®n: ejecutivo, parlamentario y social. En el siguiente escal¨®n de responsabilidad sit¨²a a los otros cinco exconsejeros encarcelados (Joaquim Forn, Jordi Turull y Josep Rull, del PDeCAT, y Ra¨¹l Romeva y Dolors Bassa, de ERC). Para ellos la petici¨®n es inferior: 16 a?os de c¨¢rcel. La Fiscal¨ªa rebaja la acusaci¨®n de los tres ¨²nicos procesados en libertad provisional (los exconsejeros Carles Mund¨®, Meritxell Borr¨¤s y Santi Vila). No les atribuye rebeli¨®n sino desobediencia (un delito que no acarrea penas de c¨¢rcel), pero pide para ellos siete a?os de prisi¨®n por malversaci¨®n.
A la acusaci¨®n de la Fiscal¨ªa se suman las de la Abogac¨ªa del Estado y de Vox, ¨²nica acusaci¨®n popular. El relato de ambos sobre el pulso al Estado coincide en lo esencial con el del ministerio p¨²blico, pero cada uno les otorga una calificaci¨®n jur¨ªdica distinta, un dato que anticipa un debate jur¨ªdico muy abierto.
Lo que para la Fiscal¨ªa es rebeli¨®n, para la Abogac¨ªa del Estado ¡ªdependiente del Gobierno¡ª es sedici¨®n, delito que persigue a los que se alcen ¡°p¨²blica y tumultuariamente¡± para impedir la aplicaci¨®n de las leyes o el ejercicio de funciones de cualquier autoridad. Cuando esa calificaci¨®n se present¨®, en noviembre pasado, se interpret¨® como un gesto de Pedro S¨¢nchez a los partidos independentistas que apoyaron su moci¨®n de censura. Ese cambio se traduce en una rebaja en la petici¨®n de penas: 12 a?os de c¨¢rcel para Junqueras, y entre 11 y siete para el resto.
El papel de Vox
Vox, que en sus intervenciones se refiere a los l¨ªderes independentistas como ¡°golpistas¡±, no ve solo un delito de rebeli¨®n, sino dos. E introduce otro que ni las otras acusaciones ni el Supremo citan: organizaci¨®n criminal. Como resultado, la petici¨®n de penas se dispara: 74 a?os de c¨¢rcel para Junqueras y los otros cinco exconsejeros encarcelados; 62 para Forcadell, S¨¤nchez y Cuixart y 24 para Borr¨¤s, Mund¨® y Vila.
El tribunal ha considerado que existen indicios para juzgar a los dirigentes independentistas por rebeli¨®n. Pero, a partir de este martes, son las acusaciones las que tienen que probar que se dieron los requisitos que exige ese delito, especialmente la violencia. Ah¨ª jugar¨¢n un papel esencial los peritos, las pruebas y las comparecencias de los m¨¢s de 500 testigos citados por el Supremo, entre ellos el expresidente Rajoy, el lehendakari I?igo Urkullu y la alcaldesa Ada Colau.
La larga lista de testimonios y pruebas juega en contra de la agenda con la que trabaja el tribunal, que pretende acabar el juicio antes de la campa?a de las elecciones del 26 de mayo. De momento, la intenci¨®n es celebrar sesiones los martes, mi¨¦rcoles y jueves, por la ma?ana y por la tarde. Si se acerca mayo y el calendario resulta imposible de cumplir, la sala est¨¢ decidida a ocupar tambi¨¦n los lunes, los viernes e incluso la ma?ana de los s¨¢bados. Parar el juicio durante la campa?a no es una opci¨®n, seg¨²n fuentes del tribunal, porque hay presos preventivos. Pero la idea de ver carteles electorales con candidatos que est¨¢n siendo juzgados en una vista retransmitida por televisi¨®n provoca el mismo rechazo entre la mayor¨ªa de magistrados.
La vista empezar¨¢ abordando las cuestiones previas planteadas por las defensas. Una fase que el tribunal aspira a solventar en una o dos sesiones, para dar paso a la siguiente: los interrogatorios a los acusados. Ser¨¢ la primera vez que comparezcan ante los siete magistrados que les van a juzgar, presididos por Manuel Marchena. Quedan por ver detalles menores pero con una formidable carga pol¨ªtica: d¨®nde se sentar¨¢n los acusados y si testifican en catal¨¢n. Pero el alcance de la vista, en su primer d¨ªa, va m¨¢s all¨¢ de lo judicial: la presencia del president Quim Torra, las protestas en los alrededores del tribunal y el debate de los Presupuestos en el Congreso. La legislatura est¨¢ en juego a kil¨®metro y medio del Supremo.
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