Los Franco lo f¨ªan todo al Supremo y acusan al Gobierno de mentir

La familia de Francisco Franco esperaba una reacci¨®n del Gobierno a su recurso ante el Tribunal Supremo contra el expediente administrativo, finalizado la semana pasada, para la exhumaci¨®n del dictador. A¨²n as¨ª, los Franco han mostrado su sorpresa por las declaraciones realizadas este viernes por la vicepresidenta, Carmen Calvo, tras el Consejo de Ministros, que ha fijado la fecha del 10 de junio para la retirada de los restos del dictador del Valle de los Ca¨ªdos y su inhumaci¨®n en el cementerio de Mingorrubio (El Pardo). El albacea de la familia, Luis Felipe Utrera-Molina, ha acusado a Calvo de llenar su exposici¨®n "de medias verdades". Los Franco f¨ªan toda su estrategia a que el Supremo acepte su petici¨®n de medidas cautelares y paralice el proceso de exhumaci¨®n.

Lo que m¨¢s ha irritado este viernes a los descendientes del dictador ha sido la afirmaci¨®n de la vicepresidenta de que estos no se han querido ocupar de la reinhumaci¨®n ni especificar d¨®nde hacerlo. Utrera-Molina sostiene que esto no es cierto y argumenta que los siete nietos de Franco as¨ª lo precisaron en su recurso ante el Supremo, presentado el viernes de la semana pasada, donde ya avanzaron que si el tribunal no les da la raz¨®n y permite la exhumaci¨®n acatar¨¢n la sentencia y plantear¨¢n una ubicaci¨®n a su criterio.

El abogado de los Franco ha interpretado el anuncio del Ejecutivo, que fundamentalmente se circunscribe a la fecha prevista para la exhumaci¨®n el 10 de junio, como otra promesa "electoralista" de Pedro S¨¢nchez. El letrado ha apuntado, incluso, que no est¨¢ claro todav¨ªa qu¨¦ tipo de Gobierno saldr¨¢ de las urnas tras las generales del 28 de abril.

Los Franco, en cualquier caso, f¨ªan toda la estrategia de su largo conflicto con el Ejecutivo de S¨¢nchez al recurso con petici¨®n de medidas cautelares que registraron el viernes de la semana pasada en el Supremo. Utrera-Molina ha vuelto a subrayar este viernes su confianza total en el alto tribunal, antes de que el Supremo tome alguna medida al respecto, que a¨²n tardar¨¢. El abogado del Estado tiene hasta el viernes pr¨®ximo para presentar sus alegaciones al recurso de los Franco. Luego el Supremo determinar¨¢ sobre las medidas cautelares que piden la paralizaci¨®n. La sentencia final podr¨ªa tardar varios meses.

En su escrito de interposici¨®n del recurso, firmado por "Carmen Mart¨ªnez Bordi¨² y seis mas", en alusi¨®n a los otros nietos, el abogado hace hincapi¨¦ en los "da?os" de distintos signo que sufrir¨ªa la familia si el Gobierno logra imponer la exhumaci¨®n sin esperar al Supremo. Y apunta en varias ocasiones a que los perjuicios ser¨ªan "de muy dif¨ªcil, cuando no imposible, reparaci¨®n si se llegasen a ejecutar". El albacea insiste: "Ninguna familia debe ser obligada a pasar por dos exhumaciones y tres entierros de uno de sus seres queridos, mientras no se hayan agotado todas las v¨ªas jurisdiccionales en las que podr¨ªa hacer valer sus leg¨ªtimos derechos".

Los nietos del dictador sostienen en su recurso que de nada servir¨ªa que la Justicia les acabe dando la raz¨®n en el futuro, "despu¨¦s de haber sufrido el amargo trago de una exhumaci¨®n tan humillante como dolorosa". Resaltan adem¨¢s que tampoco les valdr¨ªa una compensaci¨®n econ¨®mica: "No hay indemnizaci¨®n alguna que pueda paliar o compensar el da?o moral que se les infligir¨ªa".

El abogado recuerda en su escrito de defensa una sentencia del 20 de septiembre de 2018, de la sala primera del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sobre el caso Solska y Rybicka contra el Estado de Polonia sobre la privaci¨®n del derecho de tutela efectiva. El tribunal, destaca Utrera-Molina en su escrito, tom¨® nota de que los solicitantes intentaron obtener una orden judicial de un tribunal que imped¨ªa realizar las exhumaciones y que se desestim¨® su solicitud. El tribunal europeo concluy¨® que, en ese supuesto, la legislaci¨®n polaca no ofrec¨ªa garant¨ªas suficientes contra la arbitrariedad de la decisi¨®n del fiscal que hab¨ªa ordenado la exhumaci¨®n y que la ley nacional no proporcion¨® a las personas afectadas el mecanismo para revisar la proporcionalidad de las restricciones de sus derechos, es decir, que se les priv¨® en parte del grado m¨ªnimo de la protecci¨®n a la que ten¨ªan derecho.