Murcia blinda el derecho al agua y elimina los aforamientos

La Asamblea Regional de Murcia ha aprobado este lunes por unanimidad un nuevo estatuto de autonom¨ªa para la regi¨®n. El texto incluye la eliminaci¨®n de los aforamientos, la menci¨®n expl¨ªcita al derecho al agua o al de la memoria democr¨¢tica, y la protecci¨®n a las mujeres v¨ªctimas de violencia machista.

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La nueva redacci¨®n, que sustituir¨¢ a la actual, aprobada en 1982, no entrar¨¢ en vigor, previsiblemente, hasta la pr¨®xima legislatura, ya que para ello debe pasar por el Congreso de los Diputados y despu¨¦s someterse a refer¨¦ndum. El ambiente del parlamento auton¨®mico, sin embargo, ya era festivo este mediod¨ªa, con caras de satisfacci¨®n despu¨¦s de trabajar toda la legislatura en la modificaci¨®n de esta norma.

El estatuto tiene 99 art¨ªculos, 44 m¨¢s que el aprobado hace 37 a?os, pero entre sus novedades destaca precisamente la eliminaci¨®n de uno de ellos, el que hac¨ªa menci¨®n a los aforamientos. No tendr¨¢n ya esa protecci¨®n especial ni los diputados regionales ni los miembros del consejo de Gobierno, aunque no es la primera vez que la C¨¢mara debate este asunto: ya lo aprob¨® en una reforma parcial del estatuto, tambi¨¦n por unanimidad, en abril de 2017. Fue la primera comunidad aut¨®noma que decidi¨® eliminar esa figura en un momento de especial relevancia pol¨ªtica ya que el expresidente regional Pedro Antonio S¨¢nchez, que hab¨ªa dimitido unas semanas antes como presidente acosado por causas judiciales, manten¨ªa a¨²n su acta de diputado, que no abandon¨® hasta septiembre de ese a?o. La reforma, sin embargo, nunca lleg¨® a entrar en vigor, y qued¨® enrocada en las comisiones del Congreso de los Diputados sin llegar a votarse.

La mayor¨ªa de los nuevos art¨ªculos incluye derechos de tipo social para darles un blindaje especial y entre ellos, destaca el 17, que recoge el "derecho a la protecci¨®n integral contra la violencia de g¨¦nero", prestando especial atenci¨®n, detalla, a las medidas de prevenci¨®n y a la educaci¨®n en valores de igualdad. Tambi¨¦n se aborda de forma expl¨ªcita el derecho "a la igualdad entre hombres y mujeres" (art¨ªculo 9) y a la orientaci¨®n sexual (art¨ªculo 18).

Otra de las novedades m¨¢s destacadas para buena parte del sector productivo murciano es el derecho al agua que, seg¨²n el art¨ªculo 19, debe llegar a los ciudadanos "en calidad y cantidad suficiente", tanto para abastecer a la poblaci¨®n como para atender las "necesidades presentes y futuras para el desarrollo de actividades sociales y econ¨®micas". El agua ha sido hist¨®ricamente uno de los principales caballos de batalla del Ejecutivo murciano y, durante esta legislatura, sus cr¨ªticas al Gobierno de Pedro S¨¢nchez en relaci¨®n con el Trasvase Tajo-Segura han sido constantes.

Novedoso es tambi¨¦n el art¨ªculo 25, que recoge el derecho a la "memoria democr¨¢tica" y la obligaci¨®n de los poderes p¨²blicos por velar por su conocimiento y mantenimiento, por convertirla en "s¨ªmbolo permanente de identidad, multiculturalidad, tolerancia, dignidad de los valores democr¨¢ticos, rechazo de los totalitarismos y reconocimiento" a quienes han sido perseguidos por sus ideas.

Se recoge asimismo el derecho a la educaci¨®n gratuita, los apoyos necesarios a los alumnos con necesidades especiales y la gratuidad de los libros de texto en las etapas obligatorias, una medida que se ha puesto en marcha por primera vez este curso 2018-2019 para los alumnos de tercero y cuarto de primaria y que est¨¢ previsto extender al resto de estudiantes de primaria y secundaria de manera escalonada hasta 2022.

Adem¨¢s, hay derechos relacionados con el medio ambiente, como el de "disfrutar de un entorno ambiental saludable" o el de acceder a las fuentes de energ¨ªa renovables, principalmente la solar, para lo que se insta a los poderes p¨²blicos a "velar para garantizar el autoconsumo", y otros sobre las nuevas tecnolog¨ªas como la salvaguarda de datos personales.

El nuevo estatuto contempla varias novedades en cuanto al ¨¢mbito territorial, ya que su art¨ªculo 2 deja abierta la puerta a una divisi¨®n en "comarcas y/o provincias" y el 3 considera la ciudad de Cartagena, donde se ubica la Asamblea Regional, como "capital legislativa" de la regi¨®n (la capital es la ciudad de Murcia, donde est¨¢ la sede de la presidencia del Gobierno). Estas concesiones no han contentado, sin embargo, al partido Movimiento Ciudadano, que no tiene representaci¨®n en la C¨¢mara pero ocup¨® la alcald¨ªa de Cartagena los dos primeros a?os de la legislatura gracias a un acuerdo con el PSOE, y que es un firme defensor de dividir la comunidad aut¨®noma en dos provincias, una por cada una de las ciudades.