Dos altos cargos de la Generalitat niegan que se gastara dinero p¨²blico para preparar el 1-O

Tras varias semanas dedicadas casi en exclusiva a repasar los incidentes acumulados durante la jornada de la consulta independentista ilegal del 1 de octubre de 2017, el juicio del proc¨¦s ha vuelto a adentrarse este lunes en el delito de malversaci¨®n que las acusaciones atribuyen a todos los miembros del Govern. Dos altos cargos de la Generalitat han negado que el Ejecutivo de Carles Puigdemont comprometiera o gastara dinero p¨²blico en los preparativos del 1-O. ¡°No hay ning¨²n encargo oficial espec¨ªfico¡±, ha afirmado Francesc Esteve, director del gabinete jur¨ªdico de la Generalitat. En t¨¦rminos similares se ha expresado Merc¨¦ Corretja, directora general de contrataci¨®n p¨²blica desde febrero de 2016, que ha asegurado que su departamento no ha detectado ning¨²n expediente de gasto p¨²blico para la organizaci¨®n de la consulta.

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Las lagunas de la malversaci¨®n

El director del gabinete jur¨ªdico de la Generalitat ha repasado, a preguntas de las defensas, algunas de las fechas claves del proc¨¦s y la posici¨®n que adopt¨® su departamento esos d¨ªas. Esteve, que depend¨ªa org¨¢nicamente de la Consejer¨ªa de Presidencia, ha asegurado que el exconseller Jordi Turull le dio orden de colaborar en los registros judiciales que se llevaron a cabo y de cumplir los requerimientos judiciales en la v¨ªspera del 1-O: entre ellos, anular la red de wifi de todos los centros educativos p¨²blicos (muchos de los cuales fueron usados como centros de votaci¨®n) y desactivar 27 aplicaciones inform¨¢ticas del Centro de Telecomunicaciones y Tecnolog¨ªa de la Informaci¨®n (CTTI).

Respecto al posible gasto de dinero p¨²blico para la consulta ilegal, Esteve (que est¨¢ investigado en el Juzgado de Instrucci¨®n 28 de Barcelona por la licitaci¨®n de las urnas para el 1-O) ha negado todos los supuestos en los que se basan las acusaciones para imputar el delito de malversaci¨®n. Del contrato con la empresa de mensajer¨ªa Unipost no hay nada que se pueda relacionar con el 1-O, seg¨²n el testigo, que ha negado que se reservara un cr¨¦dito o hubiera facturas para el env¨ªo de documentaci¨®n electoral. Esteve ha respaldado tambi¨¦n la tesis de las defensas sobre los anuncios del refer¨¦ndum emitidos en la Corporaci¨®n Catalana de Medios Audiovisuales [CCMA, el ente p¨²blico que gestiona TV-3 y Catalunya R¨¤dio]. La CCMA emiti¨® facturas por la emisi¨®n de la publicidad, pero la Generalitat orden¨® devolverlas al considerar que el encargo se enmarcaba en un acuerdo general por el que la CCMA tiene que hacer publicidad gratuita de las actuaciones del Govern.

El testigo tambi¨¦n ha desvinculado del refer¨¦ndum la campa?a para el registro de ciudadanos catalanes en el exterior porque est¨¢ regulado por un decreto de 2014 y es similar al que tienen otras comunidades aut¨®nomas. La Fiscal¨ªa cree que la publicidad aparecida en medios vinculada a esta campa?a est¨¢ relacionada con la consulta sobre la independencia, pero Esteve lo ha negado. "No aparece ninguna vinculaci¨®n con el refer¨¦ndum del 1-O".

La fiscal Consuelo Madrigal y el director del gabinete jur¨ªdico se han enzarzado en un interrogatorio algo bronco cuando el ministerio p¨²blico intentaba saber si su departamento sugiri¨® en alguna ocasi¨®n que hab¨ªa que desconvocar la consulta independentista, sobre todo a ra¨ªz de las numerosas advertencias enviadas por el Tribunal Constitucional a distintos miembros del Govern. Esteve insist¨ªa en el car¨¢cter ¡°consultivo¡± de su departamento y en que los apercibimientos del Constitucional eran personales, pero ni Madrigal atinaba a formular su pregunta con claridad ni el testigo respond¨ªa exactamente en la direcci¨®n en la que indagaba la fiscal. El rifirrafe ha obligado a intervenir al presidente del tribunal, Manuel Marchena, para encarrilar el interrogatorio. ¡°Usted acompa?¨® esos requerimientos de un informe sobre las consecuencias de las resoluciones y advertencias del Constitucional?¡±, ha preguntado Marchena. El testigo ha afirmado que se hac¨ªa ¡°una referencia jur¨ªdica interpretativa¡± de la resoluci¨®n, pero no ha especificado si se aconsej¨® parar la consulta.

La directora general de contrataci¨®n p¨²blica de la Generalitat, por su parte, ha expuesto detalles t¨¦cnicos de los tr¨¢mites de su departamento con los que las defensas intentan disipar las dudas sobre supuestas irregularidades. Una de las tesis de las acusaciones es que se puede atribuir el delito de malversaci¨®n por gastos que la Generalitat reserv¨® aunque finalmente no se consumaran. La testigo, sin embargo, ha asegurado que ¡°la reserva de cr¨¦dito no es un compromiso de gasto¡±. ¡°El compromiso de gasto se adquiere cuando se perfecciona el contrato. Y la perfecci¨®n se produce despu¨¦s de la adjudicaci¨®n, cuando el contrato se formaliza mediante un documento administrativo. La obligaci¨®n de pago nace cuando se ejecuta la prestaci¨®n y se fiscaliza que se ha hecho conforme a lo contratado¡±, ha explicado-

Corretja ha asegurado tambi¨¦n que su direcci¨®n general no advirti¨® ning¨²n expediente de contrataci¨®n relacionado con 1-O. ¡°Ni antes ni con posterioridad. Hemos hecho muchas b¨²squedas en el registro p¨²blico de contratos y no hemos encontrado nada¡±, ha declarado.

Una de las partidas que incluy¨® la Guardia Civil en sus informes sobre supuesta malversaci¨®n se refer¨ªa al "lucro cesante" que supuso la cesi¨®n de locales p¨²blicos (sobre todo colegios electorales) para la celebraci¨®n de la consulta. Un informe encargado a petici¨®n de la Fiscal¨ªa cifr¨® este lucro cesante (dinero que se ten¨ªa que haber abonado por el uso del local) en m¨¢s de 900.000 euros al d¨ªa, pero la directora general de contataci¨®n ha sostenido que para los locales que no tienen un precio fijado de alquiler (como es el caso de los colegios que se usaron en el refer¨¦ndum) no? se puede establecer una tasa.

Corretja ha descartado tambi¨¦n dos opciones que la Fiscal¨ªa cree que pudo usar el Govern para esconder el gasto de fondos p¨²blicos en la consulta independentista: que se hiciera un contrato con un nombre que no levantara sospecha y despu¨¦s, con la tramitaci¨®n ya iniciada, se cambiara el objeto del mismo; o que las contrataciones del refer¨¦ndum se hicieran a trav¨¦s de ?mnium Cultural. "Me parecer¨ªa bastante incre¨ªble, inimaginable", ha afirmado Corretja.