Prisiones fulmina el experimento con electrodos a reclusos violentos al detectar irregularidades

Punto final al experimento con electrodos en presos violentos. El secretario general de Instituciones Penitenciarias, ?ngel Luis Ortiz, ha dictado una resoluci¨®n por la que suspende ¡°de forma definitiva¡± el estudio iniciado en 2016 en el que se somet¨ªa a reclusos a estimulaci¨®n el¨¦ctrica cerebral para estudiar su agresividad. El m¨¢ximo responsable de Prisiones justifica su decisi¨®n en diversas irregularidades detectadas en el expediente de autorizaci¨®n. Su decisi¨®n se produce d¨ªas despu¨¦s de que el Defensor del Pueblo mostrara su rechazo al experimento.

La resoluci¨®n, a la que ha tenido acceso EL PA?S, recoge en ocho folios los detalles de la investigaci¨®n abierta el 7 de marzo al trascender la existencia del estudio. Entonces se conoci¨® que a 41 presos, 15 de ellos condenados por homicidio, se les hab¨ªan colocado electrodos en la cabeza y, durante media hora, aplicado una leve corriente de 1,5 miliamperios con el fin de activar su corteza prefrontal, un ¨¢rea del cerebro potencialmente relacionada con la agresividad. El experimento, desarrollado con internos de las c¨¢rceles de Huelva y C¨®rdoba, hab¨ªa tenido tres fases y los investigadores ¡ªcoordinados por los psic¨®logos Andr¨¦s Molero, de la Universidad de Huelva, y Guadalupe Nathzidy Rivera, de la Universidad Aut¨®noma de Baja California¡ª hab¨ªa solicitado permiso para una cuarta.

En aquel momento, Prisiones paraliz¨® cautelarmente el experimento y pidi¨® informes para ¡°analizar y valorar la conveniencia e idoneidad de realizar este tipo de investigaciones en el medio penitenciario¡±. La resoluci¨®n ahora dictada destaca que los detalles del estudio ¡°eran desconocidos para el actual equipo directivo¡± del Ejecutivo socialista, ya que fue autorizado en diciembre de 2015, cuando gobernaba el PP. Dos meses despu¨¦s, la conclusi¨®n es que el expediente que dio luz verde al estudio presentaba numerosas carencias y, sobre todo, no hab¨ªa tenido en cuenta diversos aspectos ¨¦ticos de la experimentaci¨®n con reclusos.

El documento detalla hasta siete irregularidades que deb¨ªan haber impedido el inicio del experimento, varias de ellas referidas a los documentos que los presos firmaron como muestra de que participaban voluntariamente y que, seg¨²n las conclusiones de Prisiones, no cumpl¨ªan los requisitos m¨ªnimos dadas las caracter¨ªsticas de las pruebas a las que se iban a someter. El informe recuerda que el consentimiento de cualquier recluso muestra una clara ¡°debilidad¡± porque su condici¨®n de persona privada de libertad le hace mostrar cierta subordinaci¨®n que hace que adopte ¡°actitudes y comportamientos adaptativos¡± que afectan a su capacidad de decisi¨®n.

En este sentido, Prisiones recalca que el documento que firmaron en este caso los presos no inclu¨ªa ¡°datos sobre efectividad y seguridad¡± de la prueba ni hac¨ªa menci¨®n a sus posibles ¡°consecuencias a largo plazo no previstas o conocidas¡±. Tampoco se detallaba si se hab¨ªa constatado ¡°la competencia mental¡± de los presos para firmarla. El documento incide, adem¨¢s, en que el informe de bio¨¦tica esgrimido por los autores de estudio no argumentaba de modo suficiente por qu¨¦ la investigaci¨®n ten¨ªa que ser realizada ¡°con poblaci¨®n reclusa y no con otro tipo de poblaci¨®n¡±.

Instituciones Penitenciarias cita en este punto el reciente informe del Defensor del Pueblo en el que este mostraba ¡°su preocupaci¨®n¡± precisamente por ¡°las dudas sobre el otorgamiento verdaderamente libre del consentimiento dado por los internos¡±. Interior recuerda que el art¨ªculo 211 del R¨¦gimen Penitenciario exige que para permitir que los reclusos participen en investigaciones m¨¦dicas, estas deben ser aprobadas por una comisi¨®n ¨¦tica y que de las mismas se espere ¡°un beneficio directo y significativo¡± para la salud de interno.