Un informe del Defensor del Pueblo rechaza el experimento a presos con electrodos

El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fern¨¢ndez Marug¨¢n, remiti¨® este jueves al Ministerio del Interior un informe en el que avala la decisi¨®n de Instituciones Penitenciarias de suspender un experimento con electrodos a presos violentos, seg¨²n han confirmado a EL PA?S fuentes de la instituci¨®n. El experimento se inici¨® en 2016 en las c¨¢rceles de Huelva y C¨®rdoba y deb¨ªa retomarse en marzo, pero Prisiones lo paraliz¨® al trascender los detalles. Aunque el documento no es vinculante, fuentes de Interior apuntan que se seguir¨¢n sus recomendaciones.

El informe es el resultado de la investigaci¨®n que el Defensor abri¨® de oficio ¡ªsin que mediara ninguna denuncia¡ª a los pocos d¨ªas de que se conociera p¨²blicamente que 41 presos, 15 de ellos homicidas, hab¨ªan sido sometidos a sesiones de estimulaci¨®n el¨¦ctrica cerebral para estudiar su agresividad. Seg¨²n fuentes conocedoras del documento remitido a Interior, el Defensor insiste en ¨¦l que los reclusos, en su condici¨®n de personas bajo custodia, ten¨ªan limitada la voluntariedad con la que aceptaron participar en el experimento, aunque hubieran dado su autorizaci¨®n por escrito. En este sentido, el Defensor recalca que en cualquier estudio cient¨ªfico en el que se pide la participaci¨®n de presos ¡°hay que garantizar con el m¨¢ximo rigor que el consentimiento que prestan es verdaderamente libre¡±.

El experimento ahora rechazado por el Defensor se iniciaba con la elaboraci¨®n de una ficha de cada interno en la que se recog¨ªan los delitos por los que hab¨ªan sido condenados. Los autores del estudio somet¨ªan a continuaci¨®n a los presos a 40 preguntas en las que deb¨ªa responder si consideraban falsas o verdaderas afirmaciones del tipo: ¡°Si se me provoca lo suficiente, puedo golpear a otra persona¡± o ¡°algunas veces me siento como un barril de p¨®lvora a punto de estallar¡±.

Tras ello, se les colocaba unos electrodos en la cabeza y, durante media hora, se les aplicaba una leve corriente de 1,5 miliamperios con el fin de activar su corteza prefrontal, un ¨¢rea del cerebro potencialmente relacionada con la agresividad. Estas sesiones se repet¨ªan tres veces en d¨ªas diferentes. Al terminar, se les volv¨ªan a hacer las mismas 40 preguntas.

El estudio, que estaba coordinado por los psic¨®logos Andr¨¦s Molero, de la Universidad de Huelva, y Guadalupe Nathzidy Rivera, de la Universidad Aut¨®noma de Baja California, en M¨¦xico, mostr¨® ca¨ªdas de hasta un 37% en sentimientos como la agresividad. Sus resultados fueron dados a conocer en enero en la revista especializada Neuroscience y fueron divulgados en marzo en la revista brit¨¢nica New Scientist.

Esta primera fase del experimento cont¨® con el visto bueno de Prisiones, que entonces exigi¨® a sus autores que cumplieran con la Ley de Protecci¨®n de Datos para preservar el anonimato de los reclusos, que la participaci¨®n de estos fuera voluntaria y que, adem¨¢s, hicieran un consentimiento por escrito. Tambi¨¦n reclam¨® a los cient¨ªficos que enviaran una copia del informe con los resultados. Ninguno de los 41 presos recibi¨® nada a cambio.

La segunda fase del estudio hab¨ªa sido autorizada el pasado 22 de enero y se iba a iniciar en marzo. Sin embargo, Interior lo paraliz¨® al trascender los detalles del experimento. Entonces, solicit¨® a la Subdirecci¨®n General de Sanidad Penitenciaria un informe sobre los posibles efectos en los internos que participaran y si se ajustaba al R¨¦gimen Penitenciario. Esta norma, en su art¨ªculo 211, exige que para someter a los reclusos a investigaciones m¨¦dicas, estas deben ser aprobadas por una comisi¨®n ¨¦tica y que de las mismas se espere ¡°un beneficio directo y significativo¡± para la salud de interno ¡°y con id¨¦nticas garant¨ªas que las personas en libertad¡±. Expertos en bio¨¦tica consultados entonces por este diario respaldaron el experimento y dec¨ªan no entender por qu¨¦ se hab¨ªa paralizado.