Nada fue gratis el 1-O

A eso del mediod¨ªa, la fiscal Consuelo Madrigal tiene delante un fest¨ªn, algo con lo que cualquier acusaci¨®n so?ar¨ªa: tres altas funcionarias de Hacienda y una de la Intervenci¨®n General, abogadas del Estado con larga experiencia en puestos de responsabilidad, que vienen a servirle en bandeja los argumentos para sostener el delito de malversaci¨®n. De hecho, tanto preocupa su testimonio a los abogados defensores que algunos de ellos intentan por todos los medios que el juez Manuel Marchena no acepte el peritaje, provocando incluso que el tribunal se retire durante unos minutos a deliberar. Una vez que el juez reanuda la sesi¨®n ¡ªlas alegaciones son rechazadas por extempor¨¢neas¡ª, Carmen Tejera, una de las abogadas del Estado, pronuncia una frase a modo de aviso para navegantes:

?¨C En ning¨²n momento hemos recibido alg¨²n tipo de indicaciones de c¨®mo deb¨ªamos trabajar. Los abogados del Estado tenemos garantizada la libertad de criterio respecto a los cargos pol¨ªticos.

La imagen que ofrecen delante del tribunal bien pudiera servir para un anuncio publicitario de esa cosa tan abstracta llamado Estado. Cuatro mujeres de mediana edad, funcionarias de carrera, abogadas del Estado para m¨¢s se?as, que exponen de manera seria y brillante el resultado de su investigaci¨®n. Hay una de ellas que adem¨¢s deja una frase para enmarcar: ¡°Los servicios p¨²blicos no son gratuitos, o los pagan los usuarios o los pagamos los ciudadanos¡±. As¨ª que, con estos mimbres, la fiscal Consuelo Madrigal lo tiene f¨¢cil. Se trata de hacer una docena de preguntas concretas, directas al meollo de la cuesti¨®n, y dejar a las defensas temblando. Hasta un paracaidista en asuntos de tribunales intuye que estamos en un momento crucial de un juicio que desde que se inici¨® ¡ªhace ya 45 jornadas¡ª lleva persiguiendo al fantasma de la malversaci¨®n sin terminar de atraparlo. El t¨ªpico momento para que la fiscal de un juicio de tanta relevancia aproveche el largo receso ¡ªla ¨²ltima sesi¨®n fue el martes 14¡ª y ensaye hasta delante del espejo las tres o cuatro preguntas fundamentales para la causa.

No es as¨ª. La fiscal Madrigal se hace tanto l¨ªo con las preguntas que, solo unos minutos despu¨¦s de iniciado el interrogatorio, el juez Marchena le da el primer aviso: ¡°Lo que interesa al tribunal son las partidas concretas¡±. A los pocos minutos llega el segundo toque de atenci¨®n: ¡°Se?ora fiscal, vamos a centrarnos en aspectos concretos¡±. La incomodidad se advierte en el rostro de las t¨¦cnicas de Hacienda, que en cuanto reciben una pregunta bien dirigida responden aquello que las defensas no habr¨ªan querido escuchar:

¨C ?En qu¨¦ momento se produce alg¨²n perjuicio en detrimento del patrimonio p¨²blico?¨C, pregunta la fiscal.

La respuesta de las expertas es muy clara: ¡°En el momento en que se presta el servicio por parte del empresario¡±. Y lo explican unos segundos despu¨¦s: ¡°Cuando haya existido un encargo por parte de la Administraci¨®n, y ese encargo haya sido ejecutado de buena fe por el contratista, siempre va a surgir una obligaci¨®n de pago por parte de la Administraci¨®n¡±. Trasladado al rom¨¢n paladino, y teniendo en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Supremo, para sustentar un posible delito de malversaci¨®n no es necesario que se consume el pago de los servicios contratados, sino solo su contrataci¨®n. Durante semanas, las defensas han sostenido que, pese a que los anuncios existieron, las p¨¢ginas webs se dise?aron, las papeletas se imprimieron y el material electoral fue enviado por correo a instancias de un misterioso ¡°tal Toni¡±, nada de eso fue pagado por el Gobierno que entonces presid¨ªa Carles Puigdemont. Lo que funcionarias de Hacienda dejan claro es que la Generalitat gast¨® al menos 917.000 euros en el refer¨¦ndum ilegal. Y que si luego se pag¨® o no, es lo de menos. La deuda contra¨ªda por la Generalitat surge en el momento en el que se ejecuta el servicio que ha encargado.

Nada fue gratis el 1-O.