La Fiscal¨ªa mantiene las peticiones de condena a la c¨²pula del ¡®proc¨¦s¡¯

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Juicio del ¡®proc¨¦s¡¯, en directo | El tribunal ve los v¨ªdeos de las cargas policiales en el 1-O propuestos por las defensas

Descontrol en la Fiscal¨ªa

Tras casi cuatro meses de juicio en el Tribunal Supremo, m¨¢s de 400 testigos y centenares de im¨¢genes de momentos clave de lo vivido en Catalu?a en el oto?o de 2017, ni las acusaciones ni las defensas se han movido de la posici¨®n que manten¨ªan antes de la vista oral. Las partes expusieron ayer ante el tribunal sus conclusiones definitivas y todas (a excepci¨®n de un peque?o cambio de Vox) ratifican los escritos con los que llegaron al juicio. Entre ellos, el de la Fiscal¨ªa, que mantiene una petici¨®n de pena de 25 a?os de c¨¢rcel para Oriol Junqueras y de entre siete y 17 a?os para los otros 11 acusados.

El juicio del proc¨¦s pas¨® ayer en menos de un minuto del pasado al futuro: de la exhibici¨®n de v¨ªdeos sobre la actuaci¨®n policial en la jornada de la consulta ilegal de independencia del 1 de octubre de 2017 al castigo que la Fiscal¨ªa, la Abogac¨ªa del Estado y Vox piden que se imponga a los 12 l¨ªderes independentistas sentados en el banquillo. Nunca durante el juicio pareci¨® que los argumentos de las defensas y las declaraciones de los testigos m¨¢s favorables a los procesados estuvieran calando entre las acusaciones, pero algunos abogados manten¨ªan la esperanza de que, sobre todo el ministerio p¨²blico, acabara rebajando su dur¨ªsima propuesta.

Finalmente, y como ya hab¨ªan avanzado fuentes de las acusaciones en los ¨²ltimos d¨ªas, no ocurri¨® as¨ª. La Fiscal¨ªa elev¨® ayer a definitivas las conclusiones provisionales con las que inici¨® el juicio: Oriol Junqueras se enfrenta a una pena de 25 a?os de c¨¢rcel por un delito de rebeli¨®n agravado con malversaci¨®n de caudales p¨²blicos por su papel como l¨ªder del proc¨¦s. El ministerio p¨²blico atribuye tambi¨¦n ambos delitos a los otros exconsejeros del Gobierno de Carles Puigdemont que, como Junqueras, est¨¢n en prisi¨®n preventiva (Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Ra¨¹l Romeva y Dolors Bassa), para los que solicita 16 a?os de c¨¢rcel.

Cumplimiento de la pena

A los otros tres procesados encarcelados (la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el expresidente de la ANC Jordi S¨¤nchez y el l¨ªder de ?mnium, Jordi Cuixart) se les acusa de rebeli¨®n, pero no de malversaci¨®n. Aun as¨ª, son considerados ¡°promotores o jefes¡± de la rebeli¨®n, por lo que la fiscal¨ªa pide para ellos una pena m¨¢s elevada que para los exconsejeros (17 a?os de prisi¨®n).

El ministerio p¨²blico tampoco altera los delitos y peticiones de condena para los tres procesados que est¨¢n en libertad preventiva (Santi Vila, Meritxell Borr¨¤s y Carles Mund¨®): siete a?os de c¨¢rcel y 16 de inhabilitaci¨®n por malversaci¨®n y multa de 30.000 euros y 20 meses de inhabilitaci¨®n para empleo o cargo p¨²blico por desobediencia.

El escrito de la Fiscal¨ªa explicita, adem¨¢s, algo que, aunque es una pr¨¢ctica habitual, no hab¨ªa concretado en sus conclusiones provisionales: una referencia expresa a que se aplique el art¨ªculo 36.2 del C¨®digo Penal, que establece lo que se conoce como un periodo de seguridad en el cumplimiento de la pena. Si la Fiscal¨ªa no lo pide, el tribunal no puede acordarlo.

Este art¨ªculo est¨¢ reservado para delitos de especial gravedad e implica que no puede concederse el tercer grado (que permite al preso disfrutar de un r¨¦gimen de semilibertad) antes de que se cumpla la mitad de la pena de prisi¨®n impuesta. Al pedir que se aplique, el ministerio p¨²blico pretende evitar posibles beneficios penitenciarios inusuales para penas elevadas si, como es previsible, los l¨ªderes independentistas cumplen la pena en c¨¢rceles dependientes de la Generalitat.

El relato del proc¨¦s que hace la Fiscal¨ªa tras el juicio contiene algunas modificaciones, aunque m¨ªnimas, del que hizo antes. El ministerio p¨²blico ha a?adido varios datos favorables a su tesis aportados por testigos. Como la referencia que hizo el comisario de los Mossos Ferr¨¢n L¨®pez a unas palabras pronunciadas por Puigdemont durante una reuni¨®n previa al 1-O. ¡°Al finalizar la reuni¨®n, el procesado rebelde, entonces presidente de la Generalitat, manifest¨® a todos los presentes que si el 1 de octubre hab¨ªa violencia declarar¨ªa la independencia¡±, recuerda la Fiscal¨ªa.

El ministerio p¨²blico sigue manteniendo que los acusados promovieron la ejecuci¨®n de una estrategia ¡°perfectamente planificada, concertada y organizada¡± para fracturar el orden constitucional con el objetivo de conseguir la independencia de Catalu?a. En su primer escrito hablaba ya de una ¡°insurrecci¨®n patente¡± contra el orden jur¨ªdico. Tras la vista oral, centra las fechas clave de lo que califica como periodo ¡°claramente insurreccional¡±: el comprendido entre el 19 y 20 de septiembre de 2017 (cuando se iniciaron las protestas contra actuaciones judiciales destinadas a evitar el 1-O) y el 27 de octubre, (cuando el Parlament vot¨® la declaraci¨®n de independencia).

Tampoco han modificado sus peticiones las otras dos acusaciones, la Abogac¨ªa del Estado (que sigue calificando los hechos de sedici¨®n en vez de rebeli¨®n y pide penas de entre siete y 12 a?os de c¨¢rcel) y Vox (que considera que los procesados incurrieron en rebeli¨®n, organizaci¨®n criminal y malversaci¨®n y solicita condenas de entre 24 y 74 a?os). Con una excepci¨®n: el partido de ultraderecha, que ejerce la acusaci¨®n popular, ha retirado el delito de organizaci¨®n criminal y el de malversaci¨®n al exconsejero de Empresa Santi Vila, y solo le atribuye uno de desobediencia. Este cambio se traduce en que Vox ya no pide 24 a?os de prisi¨®n para Vila ¡ªque dimiti¨® un d¨ªa antes de la declaraci¨®n de independencia¡ª sino solo una pena de inhabilitaci¨®n.