Las 12 adjudicaciones a OHL investigadas por el juez suman 418 millones de euros

La investigaci¨®n abierta por el juez de la Audiencia Nacional Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n, instructor del caso Lezo, sobre el supuesto pago "generalizado" de?comisiones a funcionarios por parte de responsables de la constructora OHL para hacerse con contratos p¨²blicos alcanza cifras multimillonarias. En su ¨²ltimo auto, del pasado 28 de mayo y al que ha tenido acceso EL PA?S, el magistrado solicita informaci¨®n detallada de los expedientes de licitaci¨®n de 12 obras p¨²blicas adjudicadas a la constructora y a su filial Sociedad An¨®nima Trabajos y Obras (SATO) que?supusieron un desembolso a las arcas p¨²blicas de 418 millones de euros, seg¨²n la informaci¨®n recogida en el BOE. Una de estas adjudicaciones fue financiada con dinero de la UE a trav¨¦s del?Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

El juez, que ya ha tomado declaraci¨®n a, al menos, siete directivos y exdirectivos de la?empresa cuyo m¨¢ximo accionista es Juan Miguel Villar Mir, ya imputado en la causa, interrogar¨¢ en las pr¨®ximas semanas a un octavo empleado y a seis pol¨ªticos vinculados con las licitaciones bajo sospecha. Un portavoz de la constructora ha desligado este lunes a la la empresa de las irregularidades y responsabiliza de la presunta comisi¨®n de las mismas a empleados que actuaron sin conocimiento de la direcci¨®n.

En su nuevo auto, Garc¨ªa-Castell¨®n recoge ¨ªntegra la petici¨®n que hizo el pasado 23 de mayo la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n para dar un nuevo impulso a esta investigaci¨®n encuadrada en la pieza separada n¨²mero 8 del sumario del caso Lezo, y que se hab¨ªa mantenido secreta hasta marzo. A lo largo de 11 p¨¢ginas, el juez enumera 16 diligencias a practicar, entre ellas reclamar dichos expedientes. As¨ª, a la Direcci¨®n General de Carreteras, dependiente del Ministerio de Fomento, le reclama los expedientes de tres obras adjudicadas una en 2003 y las otras dos en 2007. Se refiere, en concreto a la construcci¨®n de un tramo de la Autov¨ªa de La Plata que une Gij¨®n y Sevilla y que cost¨® 42,7 millones de euros. Tambi¨¦n reclama datos de los contratos de las obras de la nueva ronda de circunvalaci¨®n oeste de la autov¨ªa A-7 a su paso por M¨¢laga (72,2 millones) y de la variante exterior de Granada de la Autov¨ªa A-44 (38,3 millones). En total, 153,3 millones. Por estas adjudicaciones deber¨¢ declarar como imputado en fecha a¨²n por fijar Luis Manuel Bruno Romero, ex subdirector general de construcci¨®n de la Direcci¨®n de Carreteras de Fomento en la etapa del PP.?

A la Autoridad Portuaria de Melilla, el juez le reclama el expediente del proyecto de mejora del calado del muelle Ribera II del puerto de la ciudad norteafricana, una obra que cost¨® 5,9 millones de euros y que fueron financiadas con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Por esta adjudicaci¨®n ha sido citado a declarar como imputado el 13 de junio Jos¨¦ Luis Almaz¨¢n Palomino, que fuera dirigente del PP de Melilla y antiguo n¨²mero dos del Puerto de Melilla.?El magistrado tambi¨¦n ha llamado a declarar ese d¨ªa como imputado a Albino Pardo Rodr¨ªguez, exdirector del Puerto de C¨¢diz. En su caso por las obras de ampliaci¨®n del muelle Marqu¨¦s de Comillas, en la capital gaditana, en el que se invirtieron 21,7 millones de euros.

A la Autoridad Portuaria de Almer¨ªa-Motril, el magistrado reclama el expediente del proyecto de desarrollo del muelle de Poniente del puerto de Almer¨ªa, un contrato de 18,9 millones de euros. Y a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, los expedientes de las obras de ampliaci¨®n del Puerto de la Estaca, en la isla de El Hierro (29,3 millones), y los de la obra de abrigo del puerto de Granadilla (114,5 millones). Por estos dos ¨²ltimos contratos ha sido imputado Luis Pedro Su¨¢rez Trenor, expresidente del Puerto de Santa Cruz de Tenerife y exdirigente de Coalici¨®n Canaria.

Adem¨¢s, el juez reclama a la entidad de Gesti¨®n de Infraestructuras de Andaluc¨ªa, dependiente de la Junta de Andaluc¨ªa, la documentaci¨®n sobre tres obras: la referida a la construcci¨®n de un nuevo puente sobre el r¨ªo Genil y paso de ferrocarril en Loja (4,4 millones); la de la renovaci¨®n de 32 kil¨®metros del firme de la carretera A-92 (8,2 millones); y la de las obras de la variante de Baza de la A-334 para conectar con la A-92N (7,7 millones). Por estos contratos deber¨¢ declarar como imputado el pr¨®ximo 12 de junio Abelardo Genaro Moya, exgerente de la empresa p¨²blica adjudicataria en la etapa del PSOE.

Finalmente, solicita a la Consejer¨ªa de Infraestructuras, Transportes y Vivienda del gobierno canario informaci¨®n sobre la obra de mejora de la carretera GC-2 en el tramo Santa Mar¨ªa de Gu¨ªa-El Pagador (53,5 millones). Por este contrato, ha sido imputado Antonio ?ngel Castro C¨®rdobez, dirigente de Coalici¨®n Canaria que ocupaba la cartera de Infraestructuras (2003-2007) cuando se produjo la adjudicaci¨®n. Castro C¨®rdobez, que fue senador por la UCD entre 1982 y 1986, era el presidente de la C¨¢mara auton¨®mica en la pasada legislatura y no se present¨® a las elecciones auton¨®micas del pasado 26 de mayo.