Espa?a sigue sin protocolos para evitar muertes como la de Samba Martine

El Gobierno contin¨²a sin formalizar un protocolo para compartir informaci¨®n entre departamentos sobre el estado de salud de los inmigrantes que llegan de forma irregular. Esta cuesti¨®n fue clave en el caso de la muerte en 2011 de la congole?a Samba Martine, portadora de VIH, tras pasar 38 d¨ªas en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, en Madrid. Adem¨¢s de la supuesta negligencia de los sanitarios que la atendieron, que fue a juicio la semana pasada, la informaci¨®n sobre su enfermedad nunca se comparti¨® con el centro.

A ra¨ªz de la muerte de Martine, el Defensor del Pueblo comenz¨® a demandar con urgencia y sin ¨¦xito un protocolo que garantice que los m¨¦dicos de los CIE conozcan el historial m¨¦dico y el tratamiento que requieren las personas que acaban all¨ª internadas. El desconocimiento, defiende la instituci¨®n, supone un riesgo para la salud del inmigrante y, en algunas situaciones, para la salud p¨²blica. Con m¨¢s raz¨®n si se da el caso de que el reci¨¦n llegado padece alguna enfermedad contagiosa.

La primera recomendaci¨®n de la instituci¨®n data de 2012 y hasta hoy no ha sido acatada. El Defensor contin¨²a evidenciando en sus informes anuales la ausencia de un protocolo formal de derivaci¨®n de inmigrantes que asegure que la informaci¨®n sobre su estado de salud no se pierda por el camino de un centro a otro.

El Defensor se refiere espec¨ªficamente a los traslados desde los Centros de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI) de Ceuta y Melilla hasta los CIE de la Pen¨ªnsula. Para estas situaciones no existe un procedimiento formalizado y no es posible consultar, en soporte electr¨®nico, los historiales m¨¦dicos desde cualquiera de las instituciones por las que pasar¨¢ el migrante. Ante la ausencia de un soporte digital, se opta por la f¨®rmula m¨¢s rudimentaria: el centro entrega a los inmigrantes y a los polic¨ªas que los custodian un sobre con el certificado m¨¦dico.

El sistema no convence al Defensor del Pueblo, que asegura todos los a?os que tiene evidencias de que el sistema de los sobres falla. Para la Secretar¨ªa de Estado de Migraciones, que administra los CETI, este ¡°conjunto de pautas¡± funciona ¡°satisfactoriamente¡±, pero es el mismo sistema que se utilizaba cuando Martine muri¨®.

Martine falleci¨® de una infecci¨®n que afecta principalmente a personas con VIH, pero los m¨¦dicos del CIE solo supieron de su enfermedad tras la autopsia. Durante el juicio qued¨® claro que, aunque la atendieron m¨¢s de diez veces por s¨ªntomas que no remit¨ªan, los doctores no contemplaron ni hacerle pruebas ni enviarla a un hospital, pero tambi¨¦n que si hubo un sobre con el expediente de Martine, este nunca lleg¨®.

En los CIE, y este es otro motivo de reclamaci¨®n de las organizaciones humanitarias, no se realizan, con car¨¢cter general, pruebas para la detecci¨®n de enfermedades infectocontagiosas. El reglamento de los centros, donde los inmigrantes pueden permanecer encerrados hasta 60 d¨ªas, no incluye la obligatoriedad de realizar una anal¨ªtica a los internos.

Especialistas en materia de extranjer¨ªa defienden que el sistema actual no es lo suficientemente exigente y que la comunicaci¨®n debe ser obligatoria y sistematizada. ¡°A nivel sanitario el protocolo deber¨ªa asimilarse al de las prisiones¡±, una vez que los inmigrantes que llegan a los CIE est¨¢n privados de libertad, defiende Olga Hern¨¢ndez, presidenta de la Asociaci¨®n Catalana de Profesionales de Extranjer¨ªa. ¡°Las enfermedades que no pueden ser identificadas y tratadas en el centro de internamiento deben ser derivadas de la misma forma que en las c¨¢rceles¡±, completa. El reglamento penitenciario s¨ª refleja la entrega del informe m¨¦dico del interno donde tiene que constar la atenci¨®n sanitaria que debe recibir.

En el transfondo de este tema, adem¨¢s de la cuesti¨®n estrictamente sanitaria, reside un problema mayor: la falta de coordinaci¨®n entre los diversos departamentos que se reparten las competencias en materia migratoria, especialmente el Ministerio del Interior y el de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. ¡°El deber esencial de la Administraci¨®n de velar por la vida y la salud del recluido no puede quedar sin efecto pr¨¢ctico por el hecho de que sean dos organismos dependientes de ministerios diferentes quienes comparten competencias¡±, alerta el Defensor en un informe.

La Secretar¨ªa de Estado de Migraciones, que involucr¨® a su vez a la Secretar¨ªa General de Sanidad para poner en marcha el protocolo, que pasa por informatizar los expedientes, se ha escudado todos estos a?os en la ¡°complejidad de los detalles t¨¦cnicos¡±.

Carencias en la consulta del CIE

La asistencia m¨¦dica en los CIE, subcontratada a una empresa privada, lleva a?os en la lista de reivindicaciones de las entidades sociales que velan por los derechos de los inmigrantes. La organizaci¨®n Algeciras Acoge, con presencia en los CIE de Tarifa y Algeciras, lleva a?os reclamando sin ¨¦xito m¨¢s m¨¦dicos, una asistencia que cubra tardes, noches y fines de semana y un int¨¦rprete en plantilla que ayude en la comunicaci¨®n entre m¨¦dico y paciente. Tambi¨¦n exige que un m¨¦dico de la Administraci¨®n General del Estado ocupe una plaza en cada uno de los siete CIE, tal y como recoge desde 2014 el propio reglamento de los centros. Actualmente solo una de esas plazas, la de Madrid, est¨¢ cubierta.

La ausencia de un servicio de asistencia psicol¨®gica ¡°es igualmente grave¡±, mantiene la organizaci¨®n, ¡°debido al perfil de alta vulnerabilidad de los internos¡±. En los ¨²ltimos siete a?os ha habido al menos tres suicidios dentro de las instalaciones de los CIE.