Espa?a rechaza el plan de la UE de endurecer la retenci¨®n de migrantes

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Espa?a se distancia cada vez m¨¢s de las posiciones migratorias que considera lesivas para sus intereses en la UE. El Gobierno de Pedro S¨¢nchez se opone al endurecimiento de las reglas de detenci¨®n de migrantes que acordaron hace unos d¨ªas los Estados miembros en Luxemburgo. El documento, a¨²n provisional, fija un periodo m¨ªnimo de internamiento de tres meses para los migrantes a los que se quiere expulsar del territorio comunitario (ahora no existe plazo m¨ªnimo).

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, rebati¨® la medida ante sus colegas comunitarios con el argumento de que ¡°puede afectar a las garant¨ªas constitucionales espa?olas¡± y, adem¨¢s, sobrecarga a los pa¨ªses con m¨¢s entradas irregulares.

Europa lleva tiempo pensando c¨®mo restringir la directiva de retorno para aumentar el n¨²mero de expulsiones de los llamados migrantes econ¨®micos (sin derecho a asilo) que arriban a la UE. La norma establece un periodo m¨¢ximo de 18 meses de internamiento para el colectivo con orden de expulsi¨®n o devoluci¨®n. En la pr¨¢ctica, el club comunitario no logra devolver a sus pa¨ªses de origen ni al 40% de los inmigrantes irregulares a los que interna. Estudios como Alternativas a la detenci¨®n de asilados y migrantes en la UE, de la Universidad Libre de Bruselas, cuestionan que ampliar la privaci¨®n de libertad mejore ese porcentaje.

La orientaci¨®n que pactaron los Estados miembros el 7 de junio pasado contiene un cambio que el Gobierno ve inasumible. Los socios europeos pretenden imponer a los inmigrantes irregulares un periodo m¨ªnimo de 90 d¨ªas en los centros de internamiento. Esa figura no existe en la legislaci¨®n espa?ola, que solo contempla una permanencia m¨¢xima de 60 d¨ªas. Pasado ese tiempo, si la Administraci¨®n no ha conseguido deportar al inmigrante, tiene la obligaci¨®n de dejarlo libre. El endurecimiento que propone el conjunto de Estados miembros supondr¨ªa una ¡°repercusi¨®n pol¨ªtica que no se compensa con sus efectos pr¨¢cticos¡±, alert¨® Fernando Grande-Marlaska a sus socios en Luxemburgo. Esa y otras de las medidas propuestas supondr¨ªan, adem¨¢s, ¡°asumir una serie de reformas legales de calado¡± para Espa?a.

M¨¢s all¨¢ de las reservas morales, el Gobierno aporta una visi¨®n pragm¨¢tica para rechazar este enfoque. ¡°?Qu¨¦ sentido tiene poner en un papel que vamos a devolver a todos los subsaharianos si sus pa¨ªses de origen no les reconocen?¡±, cuestionan desde el Ministerio del Interior. No importa cu¨¢nto tiempo pase internado el inmigrante. Si su pa¨ªs no lo reconoce como nacional, y no colabora con su documentaci¨®n, la expulsi¨®n nunca ser¨¢ viable. En 2018, el 42% de los internos en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) no pudo ser deportado y qued¨® en libertad. El ministerio, de hecho, ha dado prioridad a la privaci¨®n de libertad de marroqu¨ªes y argelinos porque los acuerdos bilaterales con sus pa¨ªses facilitan las expulsiones en el plazo legal. Ha dejado, por tanto, de internar subsaharianos, consciente de la dificultad de devolverlos a sus pa¨ªses de origen.

A la espera del Parlamento

La posici¨®n pactada en el Consejo ¡ªparad¨®jicamente, con la oposici¨®n de Hungr¨ªa por resultar demasiado laxa y de Espa?a por excesivamente restrictiva¡ª debe consensuarse con el Parlamento Europeo para ser firme y modificar la directiva de retorno. ¡°A las personas objeto de un expediente de expulsi¨®n no se les imputa un delito¡±, se?al¨® Marlaska para alertar de la desproporci¨®n entre el hecho de la entrada irregular y la respuesta legal ofrecida (internamiento m¨ªnimo de tres meses). En la Euroc¨¢mara, los eurodiputados pueden tratar de influir en el texto para que lime las condiciones de retenci¨®n.

Espa?a suele pulsar siempre la misma tecla en las discusiones abiertas en Europa: el control de la inmigraci¨®n irregular pasa por la colaboraci¨®n con los pa¨ªses africanos, no por la imposici¨®n de reglas o deportaciones. Los interlocutores espa?oles critican a menudo la posici¨®n condescendiente de algunos de sus socios europeos ante ?frica. ¡°No se puede abordar este asunto desde una mentalidad de superioridad, o casi colonial¡±, mantienen fuentes de Interior. ¡°Espa?a defiende que solo con los pa¨ªses con los que hay un conocimiento previo y una colaboraci¨®n de igual a igual funciona. Que un pa¨ªs que no ha puesto el pie en ?frica diga ¡®esto es tuyo; te lo devuelvo¡¯ es no entender la realidad¡±, ilustran las mismas fuentes.

Espa?a defiende su propia pol¨ªtica de cooperaci¨®n con ?frica ¡°como medida eficaz para controlar la inmigraci¨®n irregular¡±. Es la estrategia que emprendi¨® en 2006 con la llamada crisis de los cayucos y que, en sus inicios, sirvi¨® de inspiraci¨®n para el resto del continente. El Gobierno socialista de entonces firm¨® acuerdos, entre otros pa¨ªses, con Senegal y Mauritania que se mantienen hasta hoy. Espa?a contribuye con medios y formaci¨®n y tiene desplegados all¨ª agentes que trabajan con las fuerzas de seguridad locales. ¡°Los equipos conjuntos de colaboraci¨®n trabajan al mismo nivel y dan un resultado magn¨ªfico¡±, explican en Interior. ¡°La soluci¨®n es cooperar con ?frica. Lo dem¨¢s son chapuzas¡±, dicen.