Arrecian los recursos contra las promociones de jueces de un Poder Judicial en funciones dirigido por Lesmes

El enfrentamiento entre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y tres de las cuatros asociaciones profesionales ¡ªtodas, excepto la conservadora Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura¡ª se ha intensificado desde el pasado mayo despu¨¦s de que el ¨®rgano presidido por Carlos Lesmes decidiese poner en marcha el nombramiento de los presidentes de varias Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores de Justicia (TSJ). "?Por qu¨¦ existe prisa en nombrar unas plazas que pueden ser prorrogadas?", se preguntaban entonces, con cierto retint¨ªn, los tres colectivos ¡ªJuezas y Jueces para la Democracia (JJpD), la Asociaci¨®n Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente¡ª, que ped¨ªan en un comunicado la paralizaci¨®n del proceso y recordaban a los miembros del Consejo que, desde 2018, "ya no deber¨ªan permanecer" en sus puestos.

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Un tono que, posteriormente, ha ido subiendo a medida que se suced¨ªan las convocatorias de los puestos y se acumulaban los recursos. De hecho, JJpD ha llegado a afirmar que el actual CGPJ "carece de la legitimidad necesaria para adoptar decisiones de trascendencia para la carrera judicial, en tanto que su actividad deber¨ªa limitarse al despacho m¨ªnimo ordinario de los asuntos". Y la AJFV ha acusado al ¨®rgano de "falta de imparcialidad" y de "pastelear con los nombramientos discrecionales" pese a encontrarse en una situaci¨®n de provisionalidad.

El Poder Judicial se encuentra en funciones desde el pasado diciembre, cuando las C¨¢maras deb¨ªan haber aprobado la renovaci¨®n de sus miembros. De hecho, PP y PSOE pactaron un reparto?y el Congreso lleg¨® a poner en marcha la comisi¨®n consultiva por donde desfilaron los primeros candidatos a convertirse en vocales. Pero todo salt¨® por los aires cuando se desvelaron unos mensajes de m¨®vil del entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosid¨®, donde presum¨ªa de un futuro control de los populares sobre el Supremo y el CGPJ al asegurarse el nombramiento de Manuel Marchena, de perfil conservador, como su presidente.

Entonces, la renuncia de Marchena tras estallar la pol¨¦mica y la inestabilidad pol¨ªtica, que acab¨® con la convocatoria en febrero de Pedro S¨¢nchez de nuevas elecciones, paralizaron todo el proceso de renovaci¨®n. A¨²n as¨ª, seg¨²n han denunciado las tres asociaciones judiciales, el Consejo aprob¨® solo dos meses despu¨¦s y por "sorpresa" las bases para aprobar los nuevos nombramientos de la c¨²pula judicial.

Amparo al Supremo

A ra¨ªz de ello, seg¨²n explica el portavoz de la AJFV, Raimundo Prado, ya han recurrido por la v¨ªa administrativa este proceso para el nombramiento, de momento, de 13 altos cargos: la presidencia de la Audiencia Nacional; la presidencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional; las presidencias de ocho Audiencias Provinciales (Albacete, Castell¨®n, A Coru?a, Lleida, Valencia, Valladolid, Toledo y Zamora); la presidencia del TSJ de Galicia; y las presidencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Castilla y Le¨®n y de la Sala de lo Social del TSJ de Arag¨®n. Adem¨¢s, incide el portavoz de la Francisco de Vitoria en que, cuando se materialicen, tienen intenci¨®n de llevar cada designaci¨®n al Supremo.

"Las asociaciones est¨¢n en su derecho a recurrir", recalca un portavoz del Consejo, que insiste en que las convocatorias "tienen unas bases muy detalladas, donde se establecen claramente los m¨¦ritos y c¨®mo se van a valorar".

Este frente de las asociaciones no es el ¨²nico que se le ha abierto al CGPJ. La magistrada Rosa Mar¨ªa Freire, instructora del caso de los discos duros de B¨¢rcenas, ha llevado al Supremo la decisi¨®n del Consejo de nombrar como magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucci¨®n n¨²mero 6 de la Audiencia Nacional a un juez con un n¨²mero escalaf¨®n menor que ella ¡ªel elegido ocupa el 4.212, frente al 1.271 de Freire¡ª.

Adem¨¢s, tras el recurso de otra juez, el Supremo tambi¨¦n ha pedido al Poder Judicial que explique qu¨¦ criterios sigui¨® en mayo para mantener a los magistrados Enrique L¨®pez y Eloy Velasco como adscritos a la Sala de Apelaci¨®n de la Audiencia Nacional, despu¨¦s de que el alto tribunal anulara las plazas en propiedad que les hab¨ªan otorgado. Y a todo esto se suma que la magistrada Mar¨ªa Jos¨¦ Hern¨¢ndez, que aspiraba a la presidencia de la Sala de lo Social del TSJ de Arag¨®n, denunci¨® la pasada semana un trato "indigno" y "discriminatorio" en la entrevista que le hizo el Consejo.

Una acusaci¨®n rechazada en el seno del ¨®rgano, pero que ha provocado que el vocal Jos¨¦ Mar¨ªa Mac¨ªas haya decidido abstenerse en el nombramiento de la presidencia de la Sala de lo Social del TSJ de Arag¨®n tras la denuncia de Mar¨ªa Jos¨¦ Hern¨¢ndez y el respaldo de la AFJV, asociaci¨®n a la que pertenece. La juez afirm¨® durante su exposici¨®n que en esa Sala no hab¨ªa habido ninguna mujer en 30 a?os. Y Mac¨ªas, tras recordarle que solo el presidente de ese ¨®rgano era elegido directamente por el Consejo, le pregunt¨® si conoc¨ªa que la normativa prev¨¦ que solo tiene que primarse a una candidata mujer cuando haya igualdad de m¨¦ritos entre los candidatos.

"Se est¨¢n produciendo lo que solo s¨¦ interpretar como agrios ataques contra mi persona, que no tengo la menor duda de que pretenden y pueden influir en el procedimiento de nombramiento al que se refiere dicha convocatoria", ha afirmado Mac¨ªas?en una carta,?a la que ha tenido acceso EL PA?S y?remitida a sus compa?eros y a Lesmes. El vocal, que enmarca?esta denuncia en los ataques de las asociaciones contra el actual CGPJ, tambi¨¦n afirma en ese texto que sabe que puede "estar abriendo una puerta muy peligrosa, en la que basta con atacar a un vocal para apartarlo de un procedimiento selectivo o para intimidarlo".