Bruselas lleva a Espa?a a la justicia europea por no adaptarse a las normas comunitarias de protecci¨®n de datos

La Comisi¨®n Europea llevar¨¢ a Espa?a al Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea por no adaptar su normativa nacional a la directiva comunitaria sobre protecci¨®n de datos en el ¨¢mbito penal. Bruselas ha decidido este jueves denunciar a Espa?a por demorarse m¨¢s de un a?o en la transposici¨®n de la directiva y no haber dado notificado al Ejecutivo comunitario la adopci¨®n de ninguna medida para ajustarse al marco europeo. La Comisi¨®n, adem¨¢s, reclama una sanci¨®n millonaria que, de entrada, ronda los 8,7 millones de euros pero que se ir¨¢ incrementando por cada d¨ªa de incumplimiento.

La directiva relativa a la protecci¨®n de datos personales por parte de autoridades policiales para la prevenci¨®n, investigaci¨®n o enjuiciamiento penal se aprob¨® en abril de 2016. El Parlamento Europeo y el Consejo dieron un plazo a los pa¨ªses miembros hasta el 6 de mayo de 2018 para adaptar sus legislaciones. Sin embargo, Grecia y Espa?a todav¨ªa no lo han hecho, por lo que la Comisi¨®n Europea ha decidido tomar cartas en el asunto.

Seg¨²n anunci¨® este jueves, finalmente llevar¨¢ a ambos pa¨ªses a la justicia europea al entender que la protecci¨®n de los datos personales ¡°es un derecho fundamental consagrado¡± por la UE. La directiva fija normas relativas al tratamiento de los datos personales por parte de los cuerpos policiales, de modo que v¨ªctimas, testigos, sospechosos y testigos de delitos est¨¦n ¡°debidamente protegidos en el contexto de una investigaci¨®n penal¡±, seg¨²n inform¨® Bruselas en un comunicado. Adem¨¢s, la directiva facilita la cooperaci¨®n transfronteriza entre polic¨ªas, fiscales y jueces, por lo que la UE lo considera una pieza clave para la lucha contra el terrorismo y la delincuencia en el continente.

La Comisi¨®n inco¨® un procedimiento de infracci¨®n con una carta de emplazamiento. Al no tener respuesta de Espa?a y Grecia. ¡°A d¨ªa de hoy, no han notificado todav¨ªa a la Comisi¨®n la adopci¨®n de las medidas necesarias para transponer la directiva¡±, a?ade el Ejecutivo.

Bruselas pide a la justicia europea que imponga una suma de 21.321 euros por cada d¨ªa que ha pasado sin que Espa?a haya adaptado sus normas al derecho comunitario. De momento, eso suma alrededor de 8,7 millones de euros. Pero la cifra puede crecer, porque reclama que el contador siga hasta que el Parlamento ajuste su ordenamiento jur¨ªdico o haya la primera sentencia de la Corte de Luxemburgo. A partir de ese fallo, si sigue sin transponer la directiva, se le reclamar¨¢n 89.548,2 euros diarios hasta que haya una segunda sentencia o d¨¦ pleno cumplimiento a la directiva europea.