Interior aplaza el fin de la vigilancia privada en las c¨¢rceles por falta de polic¨ªas

El Consejo de Ministros acord¨® ayer licitar la renovaci¨®n del contrato por el que, desde 2013, cuando gobernaba el PP, se privatiz¨® parte de la seguridad exterior de las c¨¢rceles. Ser¨¢n 64 millones de euros, IVA no incluido, para contratar durante dos a?os cerca de mil vigilantes para las 68 c¨¢rceles dependientes del Ministerio del Interior. El Gobierno aspiraba a eliminar progresivamente este despliegue y volver a la situaci¨®n anterior, cuando esta labor era exclusiva de polic¨ªas y guardias civiles, pero el d¨¦ficit de agentes lo ha impedido, admite Interior.

En la actualidad, Interior tiene destinados a proteger las c¨¢rceles a 3.643 agentes de la Guardia Civil ¡ª1.500 de ellos dedicados a realizar traslados de presos entre c¨¢rceles o a los juzgados y hospitales, las llamadas conducciones¡ª y 215 de la Polic¨ªa Nacional, adem¨¢s de 23.000 funcionarios de prisiones que se encargan de la seguridad interior de los centros penitenciarios. Junto a ellos, y siempre bajo la supervisi¨®n y direcci¨®n de los responsables policiales de la seguridad exterior, trabajan desde hace casi cinco a?os 937 vigilantes privados, que se encargan de cubrir los diferentes turnos de 210 puestos de trabajo. La funci¨®n de estos ¨²ltimos se limita a la seguridad de los puntos de acceso a las prisiones y la observaci¨®n de las im¨¢genes que facilitan las c¨¢maras de videovigilancia del per¨ªmetro exterior.

La idea del Gobierno de Pedro S¨¢nchez era que, progresivamente, los puestos que ahora desempe?an los trabajadores de las empresas de seguridad volviesen a ser ocupados por polic¨ªas y guardias civiles. As¨ª lo apunt¨® en una de sus primeras comparecencias parlamentarias el actual secretario general de Instituciones Penitenciarias, ?ngel Luis Ortiz. Sin embargo, el d¨¦ficit de agentes en ambos cuerpos policiales ha llevado al ministro Fernando Grande-Marlaska a paralizar de momento estos planes, como refleja el nuevo contrato licitado. ¡°Cuando asumimos la cartera, [RO]nos encontramos un d¨¦ficit de 12.000 agentes de la Polic¨ªa Nacional y la Guardia Civil. Estamos revertiendo esa situaci¨®n con las nuevas ofertas de empleo p¨²blico, pero estamos lejos de poder compensar la falta de agentes con la rapidez necesaria para volver a asumir a corto plazo la totalidad de las labores de seguridad de las c¨¢rceles¡±, detallan fuentes de Interior.

Un d¨¦ficit que, seg¨²n destacan estas fuentes, puede verse agravado antes de que acabe el a?o porque la Guardia Civil deber¨¢ asumir en los pr¨®ximos meses nuevas tareas de seguridad. En concreto, sobre las llamadas infraestructuras cr¨ªticas, y que supondr¨¢n, seg¨²n las primeras estimaciones, el despliegue de 500 agentes del instituto armado en las nuevas funciones. ¡°Esto dificulta a¨²n m¨¢s que se puedan asumir por parte de las Fuerzas de Seguridad las funciones que hacen los vigilantes privados en las c¨¢rceles¡±, recalcan las fuentes consultadas.

Con esta perspectiva, el Consejo de Ministros autoriz¨® ayer a la Secretar¨ªa de Estado de Seguridad a poner en marcha la licitaci¨®n de un contrato que deber¨ªa entrar en vigor el pr¨®ximo 1 de enero y que. en su primer a?o, obligar¨¢ al Estado a desembolsar 37 millones de euros. El concurso contempla ya una posible pr¨®rroga por otro a?o, que elevar¨ªa el importe a pagar hasta los 64 millones. El contrato ha sido dividido en cinco lotes que agrupan las prisiones por su situaci¨®n geogr¨¢fica. El contrato anterior, que tuvo que ser prorrogado en abril, hab¨ªa costado 36 millones en los doce primeros meses.

La privatizaci¨®n parcial de la seguridad de los Centros Penitenciarios se empez¨® a fraguar al poco de la llegada de Mariano Rajoy a La Moncloa y con Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz al frente de Interior. Entonces, el Gobierno del PP ¡°justific¨®¡± el proyecto en la necesidad de recolocar a los escoltas destinados en el Pa¨ªs Vasco y Navarra que se hab¨ªan quedado en paro tras el fin de la violencia etarra y en un supuesto ahorro econ¨®mico. Tambi¨¦n argument¨® que la medida permitir¨ªa destinar a funciones operativas al millar de guardias civiles que dejaban de realizar las tareas que asum¨ªan los vigilantes.

En mayo de 2013 se puso en marcha el proyecto piloto en 21 c¨¢rceles, lo que supuso entonces un desembolso inicial de 7,3 millones. Se contrat¨® a 254 vigilantes y, aunque estaba previsto que durase nueve meses, se termin¨® prolongando ocho meses m¨¢s con el consiguiente coste a?adido. En octubre de 2014 se inici¨® una segunda fase de la privatizaci¨®n de las c¨¢rceles. En ella se incluy¨® a las entonces 67 prisiones dependientes del Ministerio del Interior ¡ªen el ¨²ltimo contrato se ha sumado el Centro Penitenciario de Archidona (M¨¢laga), la ¨²ltima inaugurada¡ª y se hicieron 550 nuevas contrataciones. El importe de aquel contrato se elev¨® entonces a los 33,3 millones al a?o. Desde entonces, el Gobierno del PP fue licitando los nuevos concursos.