El Tribunal Superior de Baleares lleva a juicio al magistrado que requis¨® tel¨¦fonos m¨®viles a periodistas

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares sentar¨¢ en el banquillo al juez que incaut¨® los tel¨¦fonos m¨®viles y ordenadores a dos periodistas que informaban sobre las relaciones de presunta connivencia entre la polic¨ªa de Palma y el mayor empresario del ocio nocturno de las islas, Bartolom¨¦ Cursach. La sala Civil y Penal del Tribunal Superior ha dictado este viernes un auto en el que ordena la apertura de juicio oral contra el magistrado Miquel Florit y contra el Estado como responsable civil subsidiario. Para asegurar que haga frente a las posibles multas e indemnizaciones, la magistrada le ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 60.166 euros.

La sala ha remitido al juez una copia del escrito de acusaci¨®n y de las actuaciones para que presente su defensa y ha emplazado a la Abogac¨ªa del Estado para que se persone en el procedimiento. En el auto, la juez instructora apunta a la existencia de indicios de criminalidad contra el acusado por varios presuntos delitos cometidos al ordenar, el pasado 12 de diciembre, la incautaci¨®n de los tel¨¦fonos m¨®viles, ordenadores port¨¢tiles y l¨¢pices de memoria de los periodistas de Europa Press y Diario de Mallorca Blanca Pou y Kiko Mestre. En un auto anterior, la magistrada se?alaba la presunta comisi¨®n de delitos de prevaricaci¨®n judicial, contra la inviolabilidad del domicilio, contra el ejercicio del derecho al secreto profesional de los periodistas y de interceptaci¨®n ilegal de las comunicaciones.

El objetivo del juez,?entonces instructor del caso Cursach, era averiguar el origen de una filtraci¨®n en el marco de este sumario, que investiga los lazos entre la Polic¨ªa Local de Palma y el empresario. El juez Florit tambi¨¦n orden¨® el registro de las sedes de estos dos medios de comunicaci¨®n y emiti¨® varios autos para ordenar la intervenci¨®n de los datos de tr¨¢fico de varios terminales de tel¨¦fonos, la geolocalizaci¨®n de los informadores y los listados de llamadas emitidas y recibidas, entre los que figuraba tambi¨¦n el tel¨¦fono de la agencia EFE.

La acusaci¨®n particular, que representa a los tres medios de comunicaci¨®n y a los dos periodistas, reclama 42 a?os de inhabilitaci¨®n para el juez Florit por delitos de prevaricaci¨®n, vulneraci¨®n del secreto profesional, delito contra la inviolabilidad del domicilio e interceptaci¨®n ilegal de comunicaciones. Tambi¨¦n reclama multas de m¨¢s de 50.000 euros, as¨ª como una indemnizaci¨®n para el periodista del?Diario de Mallorca al considerar que los autos dictados por el juez eran ¡°manifiestamente injustos y vulneraban el derecho al secreto profesional period¨ªstico y la intimidad de las fuentes¡±.

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El caso Cursach investiga desde hace m¨¢s de seis a?os los negocios del empresario Cursach y las relaciones de connivencia que tanto ¨¦l como sus empleados supuestamente manten¨ªan con polic¨ªas, funcionarios y pol¨ªticos de Palma. Una cuesti¨®n que ha pasado por varias manos. La primera juez instructora, que denunci¨® amenazas, cambi¨® de destino. El segundo juez al cargo, Manuel Penalva, fue apartado del asunto tras prosperar un incidente de recusaci¨®n porque una de las partes aport¨® unas conversaciones con una testigo protegida en la que insultaba a varios acusados. El tercer instructor, Miquel Florit, est¨¢ de baja despu¨¦s de la querella presentada por la incautaci¨®n de los m¨®viles.