La juez que imput¨® a tres diputados de Podemos da marcha atr¨¢s y anula su decisi¨®n

La juez de Madrid que la semana pasada imput¨® a tres diputados de Unidas Podemos por un delito de atentado a la autoridad ha dejado sin efecto la citaci¨®n. La magistrada Raquel Robles ha dictado un escrito de rectificaci¨®n por el que corrige la decisi¨®n de citar a declarar a Rafael Mayoral, Ant¨®n G¨®mez-Reino y Yolanda D¨ªaz como investigados pese a que los tres son aforados en la actualidad y lo eran en el momento de los hechos, por lo que solo pueden ser investigados por el Tribunal Supremo.

La juez Raquel Robles ha dejado en ¡°suspenso¡± la citaci¨®n ¡°hasta tanto se acredite por el Congreso¡± la condici¨®n actual de diputado de los tres afectados. Pero en su escrito comete otro error: incluye como diputada a ?ngela Rodr¨ªguez Mart¨ªnez, pese a que ya no era parlamentaria en la ¨²ltima legislatura, y omite a Gomez-Reino, que s¨ª lo es. Precisamente, Unidas Podemos registr¨® este lunes un escrito en el Congreso por el que integran en la Diputaci¨®n Permanente a G¨®mez-Reino y sacan al diputado Alberto Rodr¨ªguez, que formaba parte de este ¨®rgano, informa Jos¨¦ Marcos. Con este movimiento, G¨®mez-Reino mantiene el aforamiento que habr¨ªa perdido de lo contrario este martes al disolverse las Cortes. Yolanda D¨ªaz y Rafa Mayoral ya formaban parte de la Diputaci¨®n Permanente del Congreso.

Los parlamentarios denunciaron la semana pasada la situaci¨®n y arremetieron contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que achacaron haber reactivado ¡°las cloacas del Estado¡± por razones partidistas contra el partido de Iglesias. Los hechos que investiga la titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 25 de Madrid ocurrieron el pasado 28 de marzo, cuando cerca de 600 trabajadores de las factor¨ªas de Alcoa en Asturias y Galicia se desplazaron a Madrid para manifestarse junto al Congreso por el cierre de sus f¨¢bricas. Un dispositivo policial ordenado por la Delegaci¨®n del Gobierno impidi¨® que se acercaran a la sede parlamentaria y la protesta acab¨® con incidentes.

El atestado elaborado aquel d¨ªa por la polic¨ªa ¡ªal que ha tenido acceso EL PA?S¡ª detalla la supuesta participaci¨®n en la protesta de Mayoral, G¨®mez-Reino y D¨ªaz, adem¨¢s de la exdiputada de la misma formaci¨®n ?ngela Rodr¨ªguez. La Polic¨ªa acusa a los cuatro en el atestado de haber participado ¡°activamente y de forma reiterada en la rotura del vallado¡± que se hab¨ªa instalado en la calle para impedir el acceso de los manifestantes a las cercan¨ªas del Congreso e, incluso, de ¡°arengar¡± a estos para que intentaran superar el cord¨®n de seguridad. El informe tambi¨¦n asegura que los diputados ¡°recriminaron¡± a los agentes su actuaci¨®n cuando estos se enfrentaron a los trabajadores e impidieron que los polic¨ªas pudieran detener a los que hab¨ªan mantenido una actitud m¨¢s violenta

Las fuentes consultadas se?alan que la juez Robles no se hab¨ªa percatado de que entre los citados hab¨ªa tres parlametarios, pese a que el acta policial ya destacaba entonces, poni¨¦ndolo en may¨²sculas, que todos ellos eran ¡°diputados por el G.P. [grupo parlamentario] confederal de Unidos Podemos-En Com¨² Podem-En Marea¡±. En aquel momento, las Cortes ya hab¨ªan sido disueltas para la celebraci¨®n de las elecciones generales del 28 de abril, pero Mayoral y G¨®mez-Reino formaban parte de la Diputaci¨®n Permanente del Congreso, y D¨ªaz era suplente de la misma, lo que les permit¨ªa mantener el aforamiento. Rodr¨ªguez, sin embargo, ya no era parlamentaria.

La decisi¨®n de la titular del Juzgado 25 de Madrid de citar a los tres aforados como investigados colisionaba con el art¨ªculo 71 de la Constituci¨®n, que regula que los diputados y senadores no podr¨¢n ser inculpados ni procesados sin la previa autorizaci¨®n de la C¨¢mara y que la competencia para investigarles es de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Por eso, cuando un juez de instrucci¨®n se encuentra investigando una causa y sospecha de la implicaci¨®n de un parlamentario, tiene que elevar un escrito al alto tribunal exponiendo los indicios. A partir de ah¨ª, es el Supremo el que decide si investiga al parlamentario.