La Abogac¨ªa del Estado avis¨® de que pagar las defensas de empresas de G¨¹rtel es ilegal
Un informe del ¨®rgano jur¨ªdico, al que ha tenido acceso EL PA?S, alertaba de posibles irregularidades
La Abogac¨ªa del Estado emiti¨® este abril un informe, al que ha accedido EL PA?S, donde alertaba de que "no tendr¨ªa justificaci¨®n" legal una asistencia jur¨ªdica gratuita como la otorgada en ¨¦poca del PP a empresas de la G¨¹rtel para su defensa en el juicio. El Ministerio de Justicia ha abierto una investigaci¨®n para esclarecer los pagos en la anterior etapa a los abogados de oficio de implicados en la red de corrupci¨®n, que acab¨® con la condena del propio PP.
En un informe del 30 de abril, la Abogac¨ªa del Estado advirti¨® de que es irregular financiar el abogado de oficio de sociedades limitadas. La ley excluye a estas compa?¨ªas de la asistencia jur¨ªdica gratuita, reservada solo a personas f¨ªsicas y a algunas jur¨ªdicas ¡ªcomo fundaciones y asociaciones de utilidad p¨²blica¡ª que carezcan de medios para costearse su defensa. Seg¨²n la relaci¨®n de pagos a la que accedi¨® este diario, el Ministerio de Justicia en la etapa de Rafael Catal¨¢ (PP) coste¨® la defensa de 11 sociedades limitadas implicadas en la trama G¨¹rtel.
Seg¨²n la argumentaci¨®n del documento de la Abogac¨ªa del Estado, si estas empresas de la G¨¹rtel son personas jur¨ªdicas distintas de las avaladas por la ley, como as¨ª son, no deber¨ªan haber obtenido este beneficio, por lo que tendr¨ªan que quedar sin efecto las designaciones provisionales de los letrados de oficio ¡ªelegidos por el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), que no quiso responder al respecto a las preguntas de EL PA?S¡ª. "La financiaci¨®n de la asistencia jur¨ªdica prestada a las personas jur¨ªdicas imputadas en la causa no tendr¨ªa justificaci¨®n en el marco de la normativa dictada para el desarrollo del art¨ªculo 119 de la Constituci¨®n", remacha, despu¨¦s de considerar "probable" que se incumpliera la norma.
Este informe de la Abogac¨ªa del Estado se elabor¨® despu¨¦s de que, tras el cambio de Gobierno, la Administraci¨®n socialista detectara que se hab¨ªa superado el tope de 570.000 euros fijados en un convenio firmado en 2016 con el Consejo General de la Abogac¨ªa y el ICAM para elevar la subvenci¨®n que recibir¨¢n los abogados de oficio del caso G¨¹rtel, debido a su especial complejidad y dimensi¨®n. Como inform¨® en una nota en 2018, el nuevo equipo de Justicia descubri¨® que se transfirieron 1,1 millones para estas defensas a trav¨¦s de mecanismos de la justicia gratuita y, entonces, paraliz¨® los pagos al considerar que el exceso no ten¨ªa "cobertura legal" y pidi¨® su reintegr¨®. Lo que hizo el Consejo General de la Abogac¨ªa.
M¨¢s de 800.000 euros
En ese momento, el ministerio comenz¨® a estudiar c¨®mo ampliar el convenio ¡ªvalidado en su d¨ªa por la Abogac¨ªa, aunque no se especificaba que se iba a pagar las defensas de sociedades limitadas¡ª para abonar las minutas pendientes. Y encarg¨® un informe a la Abogac¨ªa del Estado para obtener su visto bueno, seg¨²n consta en el propio documento, que dio luz verde a su renovaci¨®n siempre que se suprimiese la posibilidad de abonar a los abogados de oficio de estas mercantiles. Porque ah¨ª es donde se apreciaron posibles irregularidades y es cuando surgen las sospechas. Adem¨¢s, el ministerio en ¨¦poca del PP tambi¨¦n coste¨® las defensas de otros acusados que presuntamente no ten¨ªan reconocido este derecho, como el propio l¨ªder de la trama, Francisco Correa; y el exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega (PP). Seg¨²n la relaci¨®n de pagos, el importe bajo sospecha supera, al menos, los 800.000 euros.
La oposici¨®n manifestada por la Intervenci¨®n fiscal
Adem¨¢s de la Abogac¨ªa del Estado, la Intervenci¨®n fiscal tambi¨¦n puso reparos al convenio de 2016 (y a su ampliaci¨®n) que ampar¨® la excepcionalidad de la asistencia jur¨ªdica gratuita del caso G¨¹rtel. En un documento interno, al que accedi¨® este peri¨®dico, el ¨®rgano subraya que las sociedades limitadas imputadas en la trama no pueden gozar de este beneficio: "Carece de amparo legal". A preguntas de este diario, el actual equipo del Ministerio de Justicia indic¨® la pasada semana que desde la llegada de Dolores Delgado a la cartera no se ha destinado un solo euro a este acuerdo, y que se ha abierto una investigaci¨®n interna para reconstruir el expediente que valid¨® estos abonos de dinero. Adem¨¢s, insisti¨® en que, si se detecta alg¨²n indicio de delito, se llevar¨¢ el caso a la Fiscal¨ªa General del Estado. Un paso que Ciudadanos ya pidi¨® dar este domingo. Edmundo Bal, exabogado del Estado, apunt¨® que se tratar¨ªa de un delito de malversaci¨®n al destinarse "dinero de todos a beneficiar a determinadas personas que no ten¨ªan derecho a justicia gratuita".
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