Interior enviar¨¢ 240 polic¨ªas a 15 c¨¢rceles que se quedan sin vigilantes privados

El Ministerio del Interior reforzar¨¢ con 240 guardias civiles y polic¨ªas nacionales la seguridad de las 15 c¨¢rceles de Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha, que se quedar¨¢n sin vigilantes privados para su control exterior a partir del 1 de enero. La quiebra de la empresa que prestaba el servicio, Ombuds, y la negativa de otras compa?¨ªas a presentarse al concurso convocado para sustituirla ha obligado a Interior a tomar una medida excepcional que esperan sea provisional.

Las primeras alertas sobre los problemas de seguridad que se avecinaban en las 15 c¨¢rceles de estas tres comunidades aut¨®nomas saltaron en el departamento de Fernando Grande-Marlaska el pasado verano, cuando aparecieron en prensa informaciones sobre la delicada situaci¨®n financiera de Ombuds, una compa?¨ªa que llevaba siendo adjudicataria de contratos de Interior desde 2001, primero por servicios de escoltas de concejales amenazados en el Pa¨ªs Vasco y Navarra y, desde 2013, por la privatizaci¨®n de parte de la seguridad de las prisiones puesta en marcha aquel a?o por el PP. La posterior confirmaci¨®n de que la empresa se declaraba en concurso de acreedores, llev¨® a Interior a preparar un primer plan de contingencia para hacer frente a los problemas que ya se produjeron a finales de agosto, cuando algunos d¨ªas se registr¨® la ausencia de un 30% de los trabajadores de Ombuds al no cobrar sus sueldos.

La situaci¨®n se normaliz¨® despu¨¦s de que el administrador concursal de la empresa se comprometiera con los vigilantes a hacer frente a sus salarios. Desde entonces y hasta ahora, los 200 vigilantes privados de Ombuds que cubren los diferentes turnos de los 51 puestos de seguridad asignados en estas c¨¢rceles han acudido sin incidencia.

El problema ha resurgido tras convocar Interior un concurso para cubrir la seguridad privada de las 68 c¨¢rceles dependientes de la Administraci¨®n Seguridad del Estado, incluidas las de estas 15 prisiones. Con ¨¦l se pretend¨ªa cubrir los 937 puestos de vigilantes de seguridad que en la actualidad apoyan la labor que hacen 3.643 guardias civiles ¡ª1.500 de ellos dedicados a realizar traslados de presos entre c¨¢rceles o a los juzgados y hospitales, las llamadas conducciones¡ª y 215 polic¨ªas nacionales, adem¨¢s de 23.000 funcionarios de prisiones que se encargan de la seguridad interior de los centros penitenciarios.

El concurso, que obligar¨¢ al Estado a desembolsar 37 millones de euros el pr¨®ximo a?o ¡ªprorrogable otro m¨¢s con un gasto total previsto de 64 millones¡ª dividi¨® las prisiones en cinco lotes y se invit¨® a 11 empresas para que presentaran sus propuestas. Cuatro de los lotes fueron adjudicados el pasado noviembre, seg¨²n el expediente del concurso a la que ha tenido acceso EL PA?S. Sin embargo, el correspondiente a las 15 c¨¢rceles de Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha, valorado en 8,3 millones de euros, qued¨® desierto al no presentarse ninguna oferta, seg¨²n recoge esta documentaci¨®n. Fuentes de Interior aseguran que un grupo de empresas intent¨® presentarla en el ¨²ltimo momento, pero, al no cumplir los requisitos legales para actuar como UTE (Unidad Temporal de Empresas), qued¨® descartada.

El ministerio ha iniciado ya un nuevo expediente para sacar a concurso la seguridad privada de estas 15 c¨¢rceles, que espera adjudicar a finales de enero, aunque admiten que ¡°ser¨¢ dif¨ªcil¡±. Seg¨²n estas fuentes, la empresa que se adjudique el lote debe asumir tanto a los 200 trabajadores de Ombuds que desempe?ar¨¢n hasta final de a?o las labores de vigilancia como la deuda ¡°millonaria¡± que esta compa?¨ªa tiene con la Seguridad Social por los seguros sociales de los mismos. ¡°Esto convierte el contrato en poco atractivo. Si queda desierto, se mantendr¨¢ el despliegue de polic¨ªas y guardias civiles¡±, a?aden.

Jos¨¦ Ram¨®n L¨®pez, presidente de Acaip-UGT, sindicato mayoritario de funcionarios de prisiones, destaca la preocupaci¨®n del colectivo por la situaci¨®n: ¡°Hemos denunciando de manera reiterada la vulnerabilidad que supone que un servicio p¨²blico esencial se externalizase¡±, asegura antes de recalcar que el PSOE ¡°se comprometi¨® a revertir esta situaci¨®n devolviendo la vigilancia exterior de las prisiones a las Fuerzas de Seguridad del Estado¡±. Interior asegura que esta era su aspiraci¨®n, pero que la escasez de polic¨ªas y guardias civiles ha obligado a mantener por ahora a los cerca de 1.000 vigilantes privados.