Cuando el Estado perdi¨® el control de Euskadi

En el per¨ªodo que va de 1975 a 1982, el m¨¢s cr¨ªtico para la reci¨¦n estrenada democracia espa?ola por el cruce del terrorismo de ETA, en su momento m¨¢s ¨¢lgido, con otras violencias, el Estado lleg¨® a perder el control del orden y de los aparatos policiales. Lo afirma Luis Castells, catedr¨¢tico de Historia de la Universidad del Pa¨ªs Vasco, en La paz y la libertad en peligro. ETA y las violencias en Euskadi 1975-1982, un texto incluido en el libro Nunca hubo dos bandos, de la editorial Comares, de inminente publicaci¨®n. El texto aborda una etapa dram¨¢tica, escasamente analizada, en la que el sistema de poder, sostiene el profesor, ¡°vivi¨® un colapso, pues el Estado no pod¨ªa controlar el ejercicio de la violencia por otros, no era el ¨²nico depositario de la violencia ni pod¨ªa asegurar la vida ni el orden ciudadano¡±.

En ese per¨ªodo, los llamados a?os de plomo, ETA asesin¨® a 363 personas, m¨¢s de la tercera parte de los cr¨ªmenes que cometer¨ªa en toda su historia. Pero en esa etapa existi¨®, adem¨¢s, otra violencia, la encarnada por los restos del franquismo, si bien de mucha menor entidad y nula base social, aunque con una coincidencia con la de ETA: su af¨¢n desestabilizador de la naciente democracia, afirma Castells. Esos restos del franquismo estaban incrustados en las Fuerzas de Orden P¨²blico y actuaron hacia fuera, como grupos incontrolados, y hacia dentro, contra el Gobierno de UCD, seg¨²n informes de los sucesivos gobiernos civiles del Pa¨ªs Vasco.

El historiador incide en un aspecto poco tratado: el nivel de gravedad que alcanz¨® la crisis de orden p¨²blico. ¡°Si la Transici¨®n pol¨ªtica fue dif¨ªcil, la policial a¨²n lo fue m¨¢s¡±, se?ala. Y cita al entonces ministro del Interior, Rodolfo Mart¨ªn Villa, que presenta un panorama ¡°desolador¡± sobre ¡°la carencia de disciplina y autoridad, con unos mandos que actuaban seg¨²n sus criterios y otros que no consegu¨ªan hacer valer su jerarqu¨ªa, adem¨¢s de actos de indisciplina no sofocados¡±.?

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Castells relata varios ¡°hechos grav¨ªsimos¡± que reflejaron, sostiene, el descontrol del Gobierno sobre las fuerzas de seguridad y la ruptura de la cadena de mando. Por ejemplo, la irrupci¨®n, el 13 de julio de 1978, de una compa?¨ªa de la Polic¨ªa Armada en Renter¨ªa (Gipuzkoa), ¡°con una actuaci¨®n vand¨¢lica que se prolong¨® durante 40 minutos, agrediendo a los transe¨²ntes, destruyendo las cristaleras de los comercios y robando objetos, todo ello a plena luz del d¨ªa¡±. El gobernador civil, Antonio Oyarz¨¢bal, admiti¨® que no pudo controlar las fuerzas. Tambi¨¦n trat¨®, en vano, de que el Gobierno sancionara a los polic¨ªas rebeldes.

Otro dictamen oficial se?ala que el gobernador civil de Navarra, Ignacio Llano, perdi¨® el control policial durante los sanfermines de 1978. El comandante ?vila, militante de Fuerza Nueva, ¡°desobedeci¨® y actu¨® por su cuenta¡± al ordenar a una unidad de la Polic¨ªa Armada a su mando cargar en la plaza de toros de Pamplona y continuar en la ciudad, con un muerto en los disturbios.

Menos conocido fue el mot¨ªn en el acuartelamiento de Basauri (Bizkaia), el 13 y 14 de octubre de 1978, tras el asesinato de dos polic¨ªas armados por parte de ETA. Desde el final del franquismo eran frecuentes los insultos a las autoridades en los funerales. Pero en Basauri fueron zarandeados el general inspector jefe del cuerpo, Tim¨®n de Lara, y el gobernador civil, Alberto Salazar-Simpson. Ambos, as¨ª como el director de Seguridad, Mariano Nicol¨¢s, y varios mandos militares permanecieron encerrados durante cuatro horas por los amotinados, seg¨²n Castells. En ese caso s¨ª hubo sanciones. Unos 25 polic¨ªas armados fueron expulsados del cuerpo.

El gobernador civil de Gipuzkoa se?ala que se encontraba en ¡°una peligrosa batalla, con tres frentes" : ETA, el Gobierno central ¡°con una ¨®ptica desenfocada del problema vasco¡± y las Fuerzas de Orden P¨²blico, ¡°acosadas y con complejo de culpabilidad tras tantos abusos cometidos en la ¨¦poca de Franco¡±. Entre 1967 y 1975 hubo cuatro estados de excepci¨®n en Euskadi; decenas de muertos en manifestaciones y actuaciones incontroladas de grupos parapoliciales. Castells sostiene que las fuerzas de seguridad salieron del franquismo sin depurarse, con una falta de adecuaci¨®n a la democracia, nula preparaci¨®n para afrontar la ofensiva terrorista de ETA, falta de medios y una deficiente estrategia de mando. Como consecuencia, eran v¨ªctimas del rechazo social mientras sufr¨ªan la etapa de mayor capacidad mort¨ªfera de ETA. Llegaron a registrarse 30 suicidios de miembros de los cuerpos policiales en tres a?os.

El teniente coronel Antonio Tejero y el capit¨¢n Jes¨²s Mu?ecas, protagonistas despu¨¦s del frustrado golpe del 23-F, vivieron parte de esa etapa en Euskadi. Castells cree que un est¨ªmulo para su participaci¨®n en el 23-F fue el caso Arregi, el etarra muerto al ser torturado por la polic¨ªa en enero de 1981. El entonces ministro del Interior, Juan Jos¨¦ Ros¨®n, destituy¨® a varios mandos, lo que origin¨® una rebeli¨®n policial que tuvo que atajar el ministro de Defensa, Manuel Guti¨¦rrez-Mellado. Con la llegada de Ros¨®n, el Gobierno empez¨® a recuperar el control policial. Las actuaciones parapoliciales bajaron dr¨¢sticamente y las insubordinaciones, sancionadas sistem¨¢ticamente, decayeron.

Castells resalta c¨®mo ambas violencias, la de ETA y la parapolicial, fueron asim¨¦tricas y siguieron evoluciones inversas. El contraterrorismo ileg¨ªtimo fue reactivo, carec¨ªa de apoyo social y decay¨® hasta desaparecer en los a?os ochenta. El terrorismo etarra no solo fue mucho m¨¢s mort¨ªfero y se alarg¨® hasta 2011. Adem¨¢s, respondi¨® a un proyecto pol¨ªtico totalitario, con una fuerte identidad ¨¦tnica y notable apoyo social. Hubo varias violencias, pero no dos bandos, concluye Castells.