Dolores Delgado, la fiscal antiterrorista que exhum¨® a Franco
Al frente de la Fiscal¨ªa, presumiblemente, deber¨ªa fijar la posici¨®n ante la derivada judicial del 'proc¨¦s'
Nacida en Madrid hace 57 a?os, Dolores Delgado ¡ªministra de Justicia hasta este lunes y a quien el Gobierno quiere convertir ahora en fiscal general del Estado¡ª estuvo 25 a?os como fiscal en la Audiencia Nacional antes de formar parte del primer Ejecutivo de Pedro S¨¢nchez. En su etapa en este ¨®rgano, en el que ingres¨® en 1993, Delgado dedic¨® la mayor parte de su tiempo a la lucha contra el terrorismo. Antes de incorporarse al Gobierno era la fiscal coordinadora de la lucha contra el terrorismo yihadista.
S¨¢nchez inform¨® el pasado viernes a Delgado de que no continuar¨ªa al frente de la cartera de Justicia (que ha asumido este lunes el socialista Juan Carlos Campo, juez de carrera). Hace dos meses, durante la campa?a electoral del 10-N, el entonces presidente en funciones sugiri¨® que la Fiscal¨ªa obedec¨ªa al Gobierno, lo que provoc¨® la indignaci¨®n de las asociaciones de fiscales. Preguntado por esto en una entrevista en RNE, S¨¢nchez dijo entonces: "Es que... ?la Fiscal¨ªa de qui¨¦n depende? ?De qui¨¦n depende?" El periodista respondi¨®: "S¨ª, s¨ª, depende del Gobierno". Y el presidente remat¨®: "Pues ya est¨¢".
El principal cometido de Dolores Delgado, presumiblemente, ser¨¢ fijar la posici¨®n del ministerio p¨²blico ante la vertiente judicial del proc¨¦s. Cuando era ministra de Justicia, la Abogac¨ªa General del Estado, que s¨ª depende org¨¢nicamente del Gobierno, acus¨® a los l¨ªderes independentistas por sedici¨®n, tipo penal que acab¨® imponi¨¦ndose en el juicio, frente a la posici¨®n m¨¢s dura de la Fiscal¨ªa, que reclam¨® sin ¨¦xito que se les condenara por rebeli¨®n. Ahora, con Delgado al frente, la Fiscal¨ªa podr¨ªa modular su posici¨®n frente a los ya condenados o sobre el resto de causas relacionadas con el plan independentista catal¨¢n que quedan pendientes.
Tambi¨¦n con Delgado en el cargo de ministra de Justicia, el Gobierno, con el apoyo de los tres poderes ¡ªejecutivo, legislativo y judicial¡ª, exhum¨® los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Ca¨ªdos el pasado octubre. Ella estuvo presente en ese acto para dar fe como notaria mayor del reino. En su toma de posesi¨®n en julio de 2018 se hab¨ªa definido como una ¡°fiscal de trinchera¡± y prometi¨® ser una ¡°ministra de trinchera¡±. Durante el a?o y medio de mandato apost¨® por la cooperaci¨®n internacional y por el avance de la digitalizaci¨®n de la justicia.
Cuenta con experiencia en el Tribunal Penal Internacional, donde ejerci¨® como fiscal a partir de 2011 y prepar¨® la documentaci¨®n de la orden de arresto contra el fallecido dictador libio Muamar el Gadafi para juzgarle por cr¨ªmenes contra la humanidad. Defensora de la Justicia Universal ¡ªcritic¨® duramente los l¨ªmites a las investigaciones judiciales aprobados por el Gobierno de Mariano Rajoy¡ª, fue la fiscal que consigui¨® la primera condena en Espa?a por cr¨ªmenes de lesa humanidad, la del exmilitar argentino Adolfo Scilingo.
Durante los ¨²ltimos meses, el ministerio que ha dirigido ha realizado numerosos actos para "sacar de la fosa de la desmemoria", como la propia Delgado explic¨®, al exilio republicano, con motivo de su 80? aniversario. Tambi¨¦n se ha centrado en la recuperaci¨®n y reparaci¨®n de la dignidad de las v¨ªctimas del franquismo. Todo ello en el marco de la Direcci¨®n General de la Memoria Hist¨®rica, que ha dependido de su departamento y que ahora pasa a estar en manos de la vicepresidenta Carmen Calvo bajo el nombre de Memoria Democr¨¢tica. Con su creaci¨®n se ha dado impulso a las iniciativas relacionadas con la Ley de Memoria Hist¨®rica de 2007, que marcaba como principal reto exhumar los restos de Francisco Franco del Valle de los Ca¨ªdos.
El 'caso Villarejo'
Sus inicios en el Ministerio de Justicia se vieron perjudicados tras la difusi¨®n, dos meses despu¨¦s de tomar posesi¨®n, de unas grabaciones de una conversaci¨®n que tuvo lugar en 2009 en el restaurante Rianxo de Madrid, entre el comisario jubilado Jos¨¦ Manuel Villarejo (que lleva ahora dos a?os en prisi¨®n provisional) y Delgado, que acudi¨® al encuentro acompa?ando al exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garz¨®n para celebrar la medalla al m¨¦rito que hab¨ªan concedido al expolic¨ªa. Delgado asegur¨® que los audios publicados estaban manipulados, pues eran "trocitos solapados, puestos y pegados", y neg¨® haber mantenido alguna "cita en ning¨²n aspecto profesional" con el excomisario.
Estos hechos se sumaron a las acusaciones que recibi¨® por su supuesto abandono al magistrado del Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa del proc¨¦s, en la demanda civil que present¨® el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont contra ¨¦l ante la justicia belga. Tanto el Congreso como el Senado reprobaron a la ministra, a la que tambi¨¦n acusaron de instar a la Abogac¨ªa del Estado a descartar la rebeli¨®n en la acusaci¨®n contra los l¨ªderes independentistas en prisi¨®n por su papel en el proc¨¦s. Los servicios jur¨ªdicos del Estado acusaron a los impulsores del proc¨¦s de sedici¨®n, y finalmente el Tribunal Supremo los conden¨® por este delito.
Durante estos meses, Delgado tambi¨¦n tuvo que hacer frente a las exigencias salariales y laborales de las asociaciones de jueces y fiscales, que ella misma abander¨® como vocal de la Uni¨®n Progresista de Fiscales en el Consejo Fiscal ¡ª¨®rgano consultivo del ministerio p¨²blico¡ª contra el equipo ministerial liderado por Rafael Catal¨¢. Ya al frente de las negociaciones como ministra, estos colectivos decidieron hacer una huelga. Las tensiones se aliviaron una vez que se aprob¨® la reforma de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial (LOPJ), en la que se incluyeron algunas de las reivindicaciones de las asociaciones sobre derechos laborales, permisos y licencias que jueces y fiscales han recuperado, as¨ª como la exigencia de criterios de m¨¦rito, capacidad y paridad en los nombramientos de altos cargos en el Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Tribunales Superiores de Justicia, cuya competencia tiene el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
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