La fina l¨ªnea entre dependencia y autonom¨ªa de la Fiscal¨ªa General del Estado

La polvareda levantada por el paso inmediato de Dolores Delgado desde el Consejo de Ministros a la Fiscal¨ªa General del Estado coloca en primer plano una figura clave en el funcionamiento del Estado de derecho. El Ministerio Fiscal constituye una especie de h¨ªbrido, a caballo entre la administraci¨®n pol¨ªtica y la justicia. Esa aparente contradicci¨®n somete a quien ocupa el puesto a una tensi¨®n singular. El reto consiste en que, una vez elegido por el Gobierno, el fiscal se abstraiga de cualquier reivindicaci¨®n partidista para garantizar las dos funciones principales que le encomienda la Constituci¨®n: defender el inter¨¦s p¨²blico y la independencia judicial.

C¨¢ndido Conde-Pumpido, fiscal general del Estado en la etapa de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, admite que la Fiscal¨ªa es ¡°una instituci¨®n compleja cuya naturaleza no es f¨¢cil de comprender¡±. Un fiscal destinado en la Fiscal¨ªa General que pide anonimato a?ade: ¡°Existe cierta confusi¨®n y tambi¨¦n cierta manipulaci¨®n¡±. La Constituci¨®n integra a la Fiscal¨ªa en el Poder Judicial, pero le da autonom¨ªa org¨¢nica y funcional, Es decir, tiene sus propios ¨®rganos, sin v¨ªnculos con el Consejo General del Poder Judicial.

Esa posici¨®n peculiar que le confiri¨® la Constituci¨®n de 1978 result¨® rupturista. ¡°El modelo tradicional hab¨ªa sido de una clara dependencia y conexi¨®n con el Ejecutivo. ?Supone la Constituci¨®n una desaparici¨®n total de esa f¨®rmula? No porque el nombramiento lo hace el Rey, a propuesta del Ejecutivo y o¨ªdo el Consejo General del Poder Judicial. Hay que ubicarlo; no es ni poder judicial ni ejecutivo¡±, explica Eduardo Torres-Dulce, fiscal general entre 2012 y 2014.

La interpretaci¨®n que hacen los juristas de esta figura ya da pistas sobre posibles colisiones. Al hablar de los principios que la rigen, la sinopsis de la Constituci¨®n que hacen los letrados del Congreso y otros expertos define el principio de dependencia como ¡°el m¨¢s controvertido¡±. Porque en el ¨¢mbito interno subordina a todos los fiscales al fiscal general, ¡°que podr¨¢ dar instrucciones a los inferiores¡±, pero a la vez ¡°conecta con su subordinaci¨®n respecto del poder ejecutivo¡±.

Torres-Dulce ofrece un resumen claro de c¨®mo entender la figura. ¡°El Gobierno asegura un perfil de fiscal y a partir de ah¨ª es aut¨®nomo. Ese es el modelo y no creo que sea perverso¡±, razona. El esquema, recuerda Conde-Pumpido, se ide¨® para garantizar que el fiscal general tenga siempre legitimidad democr¨¢tica. ¡°El fiscal act¨²a aut¨®nomamente, pero si es un Gobierno conservador querr¨¢ hacer una pol¨ªtica criminal conservadora y para eso elige a un fiscal conservador. Y si es un Gobierno progresista, exactamente igual. Pero una vez elegido, el fiscal act¨²a con autonom¨ªa¡±.

Hasta 2007, esa capacidad se pod¨ªa ver algo mermada por la facultad que ten¨ªa el Gobierno para cesar al fiscal general en cualquier momento. ¡°Era una forma de coartar tu actuaci¨®n¡±, se?ala Conde-Pumpido, durante cuyo mandato se modific¨® el Estatuto del Ministerio Fiscal para eliminar esta posibilidad. El ex fiscal general recuerda que, tras su nombramiento, se reuni¨® con anteriores fiscales generales. Entre ellos, con Leopoldo Torres (en el cargo entre 1990 y 1992), que le explic¨® que un viernes, tras haber discutido con el ministro de Justicia, se subi¨® a un avi¨®n para ir a un acto a M¨¢laga y al aterrizar se enter¨® de que el Consejo de Ministros le hab¨ªa destituido. Algo parecido le pas¨® a Juan Ortiz ?rculo, primer fiscal en el Gobierno de Aznar, al que destituyeron sin aviso. ¡°Fui a hablar con Zapatero y le dije que yo as¨ª no segu¨ªa porque la autonom¨ªa quedaba muy limitada¡±, relata Conde-Pumpido. As¨ª se fragu¨® la reforma de 2007, que establece que el Ejecutivo no puede destituir a esa figura y que solo puede ejercer cuatro a?os (pensando en la duraci¨®n de una legislatura). ¡°El fiscal no puede intentar ganarse el favor del Gobierno para seguir¡±, explica Conde-Pumpido.

Juli¨¢n S¨¢nchez Melgar, que ocup¨® el cargo entre diciembre de 2017 y junio de 2018, cree que ¡°la estabilidad¡± de la Fiscal¨ªa gan¨® mucho con esta reforma. Aunque con el paso del tiempo percibe ¡°algunas deficiencias¡± y aboga por ¡°el ineludible acrecentamiento de la imparcialidad de la instituci¨®n, que impida cosas como las que ahora se plantean¡±, en referencia a la reciente designaci¨®n de Delgado. ¡°Creo que debe valorarse la posibilidad de acu?ar garant¨ªas de independencia, en el momento de su nombramiento¡±, sugiere.

Este ex fiscal general aboga tambi¨¦n por modificar la regla actual de que ese cargo cesa con el Gobierno que ha propuesto su nombramiento. ¡°Esta situaci¨®n produce una indeseable vinculaci¨®n pol¨ªtica¡±, lamenta. Es lo que le ocurri¨® a ¨¦l cuando su mandato termin¨® de forma abrupta tras seis meses debido a la moci¨®n de censura que acab¨® con el Gobierno de Rajoy. ¡°Yo siempre dec¨ªa que era independiente. Pero al cesar con el Gobierno que me nombr¨®, se produc¨ªa una indeseable vinculaci¨®n pol¨ªtica. En un acto p¨²blico me lo espetaron, dudando de mi independencia. Yo respond¨ª con la actuaci¨®n de la Fiscal¨ªa en los casos de P¨²nica, Lezo, Canal, los ERE, B¨¢rcenas... A continuaci¨®n devolv¨ª la pregunta: ?sigue pensando que no soy independiente? Mi interlocutor tuvo que guardar silencio¡±.

Para marcar las reglas de la relaci¨®n entre el Gobierno y la Fiscal¨ªa, el Estatuto del Ministerio Fiscal se?ala, con una f¨®rmula arcaica, que el Gobierno ¡°podr¨¢ interesar del fiscal general del Estado que promueva ante los tribunales las actuaciones pertinentes en orden a la defensa del inter¨¦s p¨²blico¡±. ?Significa eso que el Ejecutivo da ¨®rdenes a la Fiscal¨ªa? ¡°No. El Gobierno nunca puede dar instrucciones concretas, solo orientaciones generales de pol¨ªtica criminal¡±, se?ala Conde-Pumpido. Y esas orientaciones tienen que seguir un procedimiento: el ministro de Justicia o el presidente del Gobierno se dirigir¨¢n al fiscal general y este, tras o¨ªr a la Junta de Fiscales de Sala del Supremo, decidir¨¢ si atiende la petici¨®n.

Sin interferencias

Los tres ex fiscales generales consultados para este reportaje aseguran que nunca recibieron ¨®rdenes que excedieran este marco. Conde-Pumpido recuerda haber recibido dos indicaciones en sus siete a?os de mandato: una para perseguir la violencia de g¨¦nero y otra, para los incendios forestales. Algo similar relata Torres-Dulce. ¡°En ning¨²n momento hubo interferencias. Evidentemente llegan comentarios y cr¨ªticas; es inevitable porque formamos parte de una instituci¨®n en s¨ª misma pol¨¦mica¡±, admite.

No solo inquietan las posibles consignas pol¨ªticas. El hecho de que el fiscal general pueda dar ¨®rdenes a todos sus subordinados para garantizar la unidad de actuaci¨®n puede amenazar esa independencia judicial por la que vela la instituci¨®n. La ley ha evolucionado para apuntalarla al m¨¢ximo. El consejo fiscal y la junta de fiscales de sala, dos ¨®rganos que integran la Fiscal¨ªa, tienen la funci¨®n de asesorar, aunque en caso de discrepancia prevalece la opini¨®n ¡°del superior jer¨¢rquico¡±. Para Torres-Dulce, esos mecanismos contribuyen a ¡°que se pueda disentir de ¨®rdenes ilegales o arbitrarias¡±. As¨ª, una decisi¨®n adoptada con el rechazo mayoritario de esos ¨®rganos pierde legitimidad.