El Poder Judicial rechaza el anteproyecto de la ley de violencia contra la mujer

El anteproyecto de Ley Org¨¢nica Integral de Medidas contra la Violencia sobre la Mujer ha recibido su primer varapalo jur¨ªdico. La Comisi¨®n de Estudios e Informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha rechazado el informe sobre el anteproyecto, redactado por la magistrada Montserrat Comas, con el voto en contra de los tres vocales conservadores frente a los dos progresistas. No obstante, la comisi¨®n ha pedido al Gobierno m¨¢s tiempo para preparar un nuevo informe.

El informe de Comas, a su vez presidenta del Observatorio contra la Violencia Dom¨¦stica, ha recibido los votos en contra de los magistrados conservadores del Consejo: el presidente de la comisi¨®n de estudios, Adolfo Prego, y los vocales Jos¨¦ Luis Requero y Javier Laorden. Por su parte, la propia Comas y el vocal progresista Luis Aguiar han votado a favor. Seg¨²n ha explicado el portavoz del CGPJ, Enrique L¨®pez, la comisi¨®n ha decidido nombrar a un nuevo ponente -el vocal conservador Jos¨¦ Luis Requero- para que elabore otra propuesta de informe.

Tambi¨¦n ha acordado pedir al pleno del Consejo, que se re¨²ne el pr¨®ximo jueves, que solicite al Gobierno m¨¢s tiempo para redactarlo, del plazo extraordinario de 15 d¨ªas que ten¨ªa en un principio por la v¨ªa de urgencia a un plazo ordinario de 30 d¨ªas. Tanto Comas como Aguiar se han abstenido a la hora de elegir a Requero como nuevo ponente al tiempo que han votado en contra de ampliar el plazo por considerar que es facultad del Gobierno solicitar el informe por v¨ªa de urgencia y, que por lo tanto, el CGPJ est¨¢ obligado a tenerlo en 15 d¨ªas. El informe del Consejo, que es preceptivo para el Gobierno pero no vinculante, contar¨¢ con toda seguridad con un voto particular, ya que Comas ha anunciado que mantendr¨¢ su propuesta de informe.

El presidente de la comisi¨®n, Adolfo Prego, ha insistido en declaraciones a los medios que ha sido "imposible" aceptar el informe de Comas a pesar de estar de acuerdo en la necesidad de hacer una ley para acabar con "el terrible problema social" que supone la violencia dom¨¦stica. A su juicio, "los mecanismos jur¨ªdicos del anteproyecto de ley, a¨²n siendo bien intencionados, est¨¢n jur¨ªdicamente mal construidos, porque no se puede crear un derecho determinado por el sexo de una persona", ya que lo impide la Constituci¨®n. Aunque Prego ha reconocido que las mujeres son las que sufren mayoritariamente esta violencia, ha matizado que no se puede excluir de los mecanismos de la ley a los varones por el hecho de suponer una minor¨ªa.

"Entendemos que tal y como viene configurado el anteproyecto es muy discutible que ¨¦ste encaje en la Constituci¨®n", ha a?adido. En su opini¨®n, el principal problema es que "innecesariamente" se excluye del ¨¢mbito de protecci¨®n de la ley a los varones", por lo que se debe elaborar otra propuesta de informe. Por su parte, Comas ha lamentado "profundamente" el rechazo del sector conservador porque "era el momento de demostrar que la totalidad de los vocales del CGPJ acepta que la lacra social que hay que combatir es la de la violencia que se ejerce contra las mujeres". Seg¨²n Comas, su propuesta no ha prosperado porque "el sector conservador ha estado en contra de las l¨ªneas de flotaci¨®n m¨¢s importantes" del informe: la necesidad de que se haga una ley integral y la defensa de la creaci¨®n de los juzgados de violencia sobre las mujeres.

Para Comas, la ley "es necesaria porque responde a una necesidad social", y "el resto de los sujetos pasivos del ¨¢mbito familiar no quedan desprotegidos con la regulaci¨®n de la norma". Comas ha recordado que las estad¨ªsticas judiciales muestran que en el 90% de las 76.000 denuncias presentadas en 2003, las v¨ªctimas eran mujeres y que el 95,7% de las m¨¢s de 6.000 ¨®rdenes de protecci¨®n dictadas en los primeros cinco meses de existencia tambi¨¦n est¨¢n dirigidas a las mujeres. En opini¨®n de Comas y de Aguiar, el anteproyecto no conculca ning¨²n derecho fundamental y encaja "a la perfecci¨®n" en el marco constitucional, porque los tratados internacionales que vinculan a Espa?a han realizado "m¨²ltiples" recomendaciones a todos los gobiernos para que se dicten normas para combatir este problema.