?Qu¨¦ fue de la ley A¨ªdo?

Tal y como ya ocurriese con otras leyes cuya gesti¨®n est¨¢ transferida a las comunidades aut¨®nomas (dependencia, educaci¨®n para la ciudadan¨ªa...), la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupci¨®n Voluntaria del Embarazo se encuentra como sus compa?eras de viaje cronificando una serie de problemas y desequilibrios territoriales cuya consecuencia m¨¢s inmediata en la normativa sobre aborto son diecisiete leyes, una por cada comunidad aut¨®noma.

Cuando se cumple un a?o de la implantaci¨®n de la Ley de SSR e IVE, el diagn¨®stico de situaci¨®n que ya se ha producido con otras leyes sociales, educativas y sanitarias se repite: las autonom¨ªas interpretan las leyes de acuerdo con sus circunstancias y el signo pol¨ªtico de sus gobiernos, mientras que el Ejecutivo nacional, afectado por una suerte de determinismo resignado, no utiliza los escasos mecanismos de control, supervisi¨®n y correcci¨®n que se ha reservado para conseguir que las leyes se apliquen por igual en todo el territorio.

Como consecuencia de lo dicho, hoy la Comunidad de Madrid elabora tranquilamente y sin que nadie le perturbe sobres informativos, preceptivos y obligatorios claramente contrarios a la decisi¨®n libre y voluntaria de la mujer, en los que las dos ¨²nicas opciones que se contemplan ante un embarazo no deseado son la adopci¨®n y el acogimiento.

En correlaci¨®n con este vac¨ªo de poder, se da la kafkiana circunstancia de que una mujer de Le¨®n tiene que viajar a Salamanca para acceder a la prestaci¨®n de manera gratuita, una de Soria y Palencia a Madrid, otra de Burgos, Segovia, Zamora y ?vila a Valladolid y las de Salamanca, cruz¨¢ndose con las de Le¨®n, a Madrid. Y todo dentro de una misma autonom¨ªa, Castilla y Le¨®n, y pese a que existen centros acreditados en los territorios mencionados que evitar¨ªan un periplo vital y m¨¦dico que la ley expresamente trataba de evitar. Un viaje totalmente desincentivador que avoca a la mujer a renunciar a la gratuidad e incentiva por el contrario un acceso privado que la ley tambi¨¦n se hab¨ªa propuesto disminuir.

Como resultado de la inhibici¨®n del Ejecutivo y de la libertad del gestor auton¨®mico, hoy la mujer est¨¢ identificada durante todo el proceso en comunidades como Catalu?a, Murcia y Valencia, hasta tal punto que la identificaci¨®n de las mujeres es requisito indispensable para que estas reciban el reembolso de la prestaci¨®n en comunidades como la catalana. Una circunstancia que evidentemente rompe el principio de confidencialidad que la ley se hab¨ªa marcado como objetivo.

De estos y otros desequilibrios m¨¢s sofisticados que suspenden en una cuerda floja los principios de la ley: igualdad, facilidad de acceso, gratuidad, confidencialidad...y que llegan a situar en la ilegalidad las actuaciones de no pocos gobiernos auton¨®micos, han sido informados tanto el Ejecutivo como los gobiernos auton¨®micos por parte de los/as profesionales de ACAI. Sin embargo, ni unos ni otros parecen sentirse responsables. Ni los gobiernos auton¨®micos afectados han considerado oportuno repasar el articulado de una ley que les obliga a encauzar sus actuaciones en un determinado sentido, ni el Ejecutivo nacional parece en esta coyuntura preelectoral interesado en remover un asunto del que se ha desprendido hace ahora un a?o.

A doce meses de la entrada en vigor de esta ley, el Ministerio de Sanidad ha renunciado a desarrollar un reglamento unificado que de cohesi¨®n a la que un d¨ªa fue una norma sobre aborto y salud sexual y reproductiva saludable; sustituy¨¦ndolo por decretos reguladores de desarrollo parcial que no est¨¢n cubriendo las expectativas que, no solo en materia de aborto, fueron depositadas en esta nueva legislaci¨®n. Aventuramos incluso que se debe haber renunciado a explicar con propiedad el alcance de la ley, pues desde los puntos de informaci¨®n de no pocas autonom¨ªas, como la Catalana, la informaci¨®n depende del ideario o el precario conocimiento que ha recibido el que la aporta y no de lo establecido por la norma. Especialmente cuando la mujer supera las 14 semanas y su interrupci¨®n podr¨ªa estar vinculada a su salud materna.

La Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva aprobada por el Ministerio que, entre otros prop¨®sitos, pretend¨ªa la implementaci¨®n de la educaci¨®n sexual y la formaci¨®n de los profesionales; es para ACAI un certero diagn¨®stico de situaci¨®n y una buena declaraci¨®n de intenciones que sin embargo, adolece de los m¨ªnimos instrumentos para consolidar y posibilitar el desarrollo de sus objetivos en las comunidades aut¨®nomas, salvo en el cap¨ªtulo de la salud materno infantil donde la realidad descrita ya est¨¢ pr¨¢cticamente implementada en nuestro territorio. De hecho, en esta estrategia a la que impl¨ªcitamente se le presupon¨ªa el establecimiento de mecanismos e instrumentos destinados a formar profesionales en relaci¨®n a la prestaci¨®n de aborto, tan solo se menciona la palabra aborto para recomendar dicha formaci¨®n, eso s¨ª, sin especificar ni qui¨¦nes ser¨¢n los afectados, ni qui¨¦n se encargar¨¢ de dicha formaci¨®n, ni d¨®nde se llevara a cabo, ni con qu¨¦ medios econ¨®micos. Es decir, pr¨¢cticamente los mismos interrogantes que se plantean a la hora de preguntarse por c¨®mo, qui¨¦n, con qu¨¦ y cu¨¢ndo se implementar¨¢ una educaci¨®n sexual exigida por ley.

Con la financiaci¨®n de tres nuevos anticonceptivos por el Sistema Nacional de Salud, el Ministerio de Sanidad considera que ha cumplido con el desarrollo reglamentario de la Ley. Dif¨ªcil con una estructura reglamentaria tan poco s¨®lida y tan escasa voluntad de consenso y supervisi¨®n de lo realizado alcanzar sin embargo los objetivos que se hab¨ªan establecido en la norma.

Curiosa paradoja la que una vez m¨¢s se produce en nuestro pa¨ªs, ya que son de nuevo las organizaciones sociales, las plataformas feministas, los profesionales del Aborto Provocado y la contracepci¨®n...los que han de velar y vigilar por el cumplimiento de una norma legislativa.

Si la ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupci¨®n Voluntaria del Embarazo no se cumple, los embarazos no deseados en nuestro pa¨ªs no disminuir¨¢n, ya que la bajada de la tasa de abortos responde hoy por hoy a un cambio del flujo migratorio derivado de la crisis econ¨®mica, y no como defiende el Ministerio a una ley que se aplica seg¨²n donde y con qui¨¦n y a unas pol¨ªticas en materia de Salud Sexual y Reproductiva que hoy no superan la mera declaraci¨®n de buenos prop¨®sitos e intenciones.

Santiago Barambio y Francisca Garc¨ªas son presidente y vicepresidenta de la Asociaci¨®n de Cl¨ªnicas Acreditadas para la Interrupci¨®n del Embarazo (Acai)