La nueva Ley General de Salud P¨²blica: desarrollarla es el gran reto del pr¨®ximo Gobierno

Cada mes sabemos de una nueva persona cercana que empieza a sufrir c¨¢ncer, diabetes, una cardiopat¨ªa o una enfermedad neurodegenerativa; al enterarnos de esa desdicha quisi¨¦ramos que la medicina funcionase como un reloj y diese una soluci¨®n eficaz para la enfermedad, la persona y su familia. Sin embargo, pese a ciertos avances en el diagn¨®stico y tratamiento de algunas enfermedades, la mayor posibilidad de ganar salud es evitando la aparici¨®n de esos trastornos. Ello es posible si promovemos los cambios necesarios en la estructura, organizaci¨®n y funcionamiento de nuestras sociedades; por ejemplo, cambios en la atm¨®sfera de nuestras ciudades, en las condiciones de trabajo, en la alimentaci¨®n... en suma, en la regulaci¨®n de los procesos que mayores riesgos suponen para la salud. Eso es lo que en buena medida pretende la Ley General de Salud P¨²blica (LGSP), aprobada el pasado 22 de septiembre casi en el ¨²ltimo suspiro, con los diputados y diputadas despidi¨¦ndose de la legislatura, en un contexto econ¨®mico y pol¨ªtico internacional extraordinariamente problem¨¢tico. Nacida en medio de una imponente tormenta y menos agraciada de lo que nos hubiera gustado, la ley est¨¢, no obstante, llena de vida y tiene un enorme potencial para mejorar la calidad de vida de los espa?oles, nuestro ambiente f¨ªsico y cultural, y la econom¨ªa real. Si el pr¨®ximo gobierno desarrolla y aplica la ley como debe -con coraje pol¨ªtico, honestidad y rigor t¨¦cnico-, las pol¨ªticas, estrategias y prestaciones que emanen de la ley ayudar¨¢n decisivamente a superar la crisis de modelo que vivimos.

Celebramos pues el firme paso adelante que supone la aprobaci¨®n de la Ley General de Salud P¨²blica, aunque quede lejos de las expectativas iniciales. Sin olvidar que moderniza la Ley General de Sanidad (LGS) de 1986 y completa la Ley de Cohesi¨®n y Calidad del Sistema Nacional de Salud (LCC) de 2003. Subray¨¦moslo: desarrollar la ley mediante una normativa concreta, pragm¨¢tica y ambiciosa -para que no quede como un simple brindis al sol-, es el gran reto pendiente para el pr¨®ximo gobierno. En este sentido, muchos estaremos atentos al rumbo que tracen los inminentes programas electorales.

Entre las virtudes de la ley creemos que debe reconocerse su apuesta por aplicar los principios de transparencia, rigor cient¨ªfico, seguridad e imparcialidad; promoviendo, por ejemplo, que los expertos que asesoran a las Administraciones declaren qu¨¦ intereses econ¨®micos o profesionales tienen en los temas sobre los que intervienen. La ley tambi¨¦n ofrece garant¨ªas de calidad a los ciudadanos, instituciones, empresas y organizaciones sociales; as¨ª, establece unos principios de actuaci¨®n de obligado cumplimiento, que pretenden garantizar la m¨¢xima calidad posible de las acciones de prevenci¨®n y promoci¨®n de la salud. Sin embargo, la ley no concreta estas exigencias. Por ejemplo, lamentablemente, la ley no exige que el impacto de los programas de cribado del c¨¢ncer sea evaluado mediante registros de c¨¢ncer, evitando as¨ª programas in¨²tiles y que incluso pueden tener efectos adversos para la salud y la econom¨ªa.

Tambi¨¦n es positivo que la ley reconozca a la salud p¨²blica como un sujeto con autoridad y personalidad propia, capaz de actuar y mediar entre la parte asistencial del sistema de salud (hospitales, principalmente), y las otras organizaciones que influyen sobre la salud, ya sean fabricantes de tabaco, coches, plaguicidas, piensos... o las propias administraciones que deben regular las relaciones laborales o controlar la contaminaci¨®n qu¨ªmica del aire, el agua y los alimentos. Igualmente es positivo que la ley destaque el papel de las diversas profesiones, adem¨¢s de los m¨¦dicos, que trabajan en favor de la salud. Como es bueno que sit¨²e entre sus objetivos la equidad y la reducci¨®n de las desigualdades sociales en salud.

La ley anhela integrar a la salud en todas las pol¨ªticas: propone que todas las actuaciones pol¨ªticas del conjunto de ¨®rganos del Estado -¨®rganos centrales, auton¨®micos, municipales- favorezcan la salud, el bienestar y el desarrollo humano de los ciudadanos. Ahora bien, para que ello sea posible es necesario que se concreten mecanismos de an¨¢lisis y decisi¨®n que comprometan a todos esos ¨®rganos pol¨ªticos. Recordemos que la salud no depende solo de la medicina asistencial, sino tambi¨¦n de las pol¨ªticas de ocupaci¨®n, ambientales, energ¨¦ticas, industriales, urban¨ªsticas o alimentarias. Para ello es necesario desarrollar alg¨²n tipo de organismo interministerial en el que se pueda construir, consensuar y evaluar la Estrategia estatal de Salud P¨²blica establecida por la Ley. Desgraciadamente, el Consejo Interterritorial de Salud que se?ala la Ley s¨®lo est¨¢ participado por las administraciones sanitarias estatal y auton¨®micas.

Finalmente, la norma tampoco promueve expl¨ªcitamente, como inicialmente hac¨ªa, la cooperaci¨®n horizontal entre comunidades aut¨®nomas (CCAA). Sin embargo, ese anhelo es posible si la ley se desarrolla en coherencia con las necesidades de una mayor eficiencia y con el potencial que en este sentido tambi¨¦n contienen la LGS y la LCC. Creemos que las CCAA deber¨ªan actuar con m¨¢s sentido de estado y menos localismo, asumiendo las responsabilidades que objetivamente tienen m¨¢s all¨¢ de sus territorios. Pensamos que el buen camino no pasa por recentralizar o eliminar competencias auton¨®micas o municipales, sino por aumentar la cooperaci¨®n entre las CCAA, y entre ¨¦stas y los organismos centrales y municipales. Aunque cierta ret¨®rica pol¨ªtica sugiera que las actuaciones de salud p¨²blica son competencia exclusiva de tal o cual organismo, numerosas leyes b¨¢sicas establecen que las competencias son compartidas. Asimismo, el sentir general es que el deber de servir eficientemente a la ciudadan¨ªa exige una mayor cooperaci¨®n entre todos los ¨®rganos del estado.

El desarrollo de la ley debe concretar las mejoras imprescindibles para que Espa?a tenga un mejor gobierno de la salud p¨²blica, es decir, para que sean m¨¢s rigurosos, coordinados, independientes y eficientes los procesos de an¨¢lisis, deliberaci¨®n, decisi¨®n, seguimiento y evaluaci¨®n de las decisiones que afectan a la salud colectiva y que toman todos los ¨®rganos del estado. La ley puede ayudar a subsanar buena parte de la actual fragmentaci¨®n y descoordinaci¨®n de las pol¨ªticas de salud y bienestar.

El desarrollo de la Ley deber¨¢ afrontar pues la reorganizaci¨®n de la salud p¨²blica para aprovechar eficientemente el elevado nivel t¨¦cnico y cient¨ªfico de la salud p¨²blica espa?ola; aunque gran parte de ella goza de un alto prestigio cient¨ªfico internacional, no hay duda de que la totalidad del actual sistema de salud p¨²blica puede aportar mayores r¨¦ditos a nuestra sociedad. Para lo cual se debe promover el desarrollo de los profesionales y aumentar su competencia. Tambi¨¦n habr¨¢ que reconsiderar la conveniencia de una agencia estatal de salud p¨²blica. La implantaci¨®n de ¨¦sta es factible sin un aumento significativo de nuevos recursos. Deber¨¢ adem¨¢s estar articulada pol¨ªtica y t¨¦cnicamente con las CCAA. Y estar dotada de la suficiente autoridad y medios humanos y t¨¦cnicos para controlar los procesos sociales y ambientales que m¨¢s atentan contra la salud de la poblaci¨®n en el siglo XXI, como recientemente se ha puesto de manifiesto en la cumbre de Naciones Unidas para enfermedades cr¨®nicas.

Asimismo deben mejorar los sistemas de vigilancia de la salud de la poblaci¨®n; incorporando, por ejemplo, el an¨¢lisis de muestras biol¨®gicas en las encuestas de salud, lo que es imprescindible para conocer el estado nutricional o la contaminaci¨®n qu¨ªmica de los ciudadanos, entre otros factores. La mejora de los sistemas de informaci¨®n es esencial para poder mirar de frente a los problemas, especialmente los menos visibles. La actual crisis ha puesto de manifiesto la obsolescencia de diversos indicadores socioecon¨®micos (incluidos algunos indicadores comunes en gesti¨®n sanitaria), perniciosamente determinantes de ciertas pol¨ªticas; en cambio, la crisis est¨¢ propiciando la aplicaci¨®n de nuevos indicadores ¨²tiles para tomar decisiones y que miden mejor los efectos de esas decisiones en la verdadera riqueza de una sociedad: riqueza en equidad, cohesi¨®n, calidad democr¨¢tica, empleo, educaci¨®n, medio ambiente o salud. La imperiosa necesidad de evaluar mejor el impacto humano de las pol¨ªticas es uno de los retos que m¨¢s obvios resultan en medio de la actual crisis sist¨¦mica. La nueva norma contiene maneras de responder a ese reto.

Un desarrollo adecuado de la Ley ayudar¨¢ a salir de la actual crisis de sociedad. La mejora de la salud de los espa?oles depende en gran medida de que se apliquen m¨¢s "pol¨ªticas de causas" (pol¨ªticas contra las causas econ¨®micas y ambientales del enfermar) y menos "pol¨ªticas de consecuencias" (las excesivamente volcadas en la asistencia m¨¦dica, por ejemplo). Espa?a necesita organismos t¨¦cnicamente fuertes que act¨²en con independencia de los grupos de presi¨®n, que suelen promover un mayor gasto en beneficio propio en productos y tecnolog¨ªas que no siempre benefician a los ciudadanos. Para progresar verdaderamente como sociedad, Espa?a necesita que la salud p¨²blica pase a ocupar un lugar m¨¢s central en las pol¨ªticas p¨²blicas y privadas que toleramos o promovemos los ciudadanos.

Fernando G. Benavides es presidente de la Sociedad Espa?ola de Epidemiolog¨ªa (SEE) y catedr¨¢tico de Salud P¨²blica de la Universitat Pompeu Fabra. Miquel Porta es expresidente de la SEE y catedr¨¢tico de Salud P¨²blica de la Universidad Aut¨®noma de Barcelona. Ildefonso Hern¨¢ndez es expresidente de la SEE y catedr¨¢tico de Salud P¨²blica de la Universidad Miguel Hern¨¢ndez. Andreu Segura es presidente de la Sociedad Espa?ola de Salud P¨²blica y Administraci¨®n Sanitaria (SESPAS). Francisco Bol¨²mar es expresidente de la SEE y catedr¨¢tico de Salud P¨²blica de la Universidad de Alcal¨¢. Carlos ?lvarez-Dardet es expresidente de SESPAS y catedr¨¢tico de Salud P¨²blica de la Universidad de Alicante. ?ngel Gil es catedr¨¢tico de Salud P¨²blica de la Universidad Rey Juan Carlos I. Miguel Delgado es Director Cient¨ªfico del CIBERESP y catedr¨¢tico de Salud P¨²blica de la Universidad de Ja¨¦n. Fernando Rodr¨ªguez Artalejo es presidente del comit¨¦ cient¨ªfico del Congreso SEE-SESPAS 2011 y catedr¨¢tico de Salud P¨²blica de la Universidad Aut¨®noma de Madrid.