Si no le llama la compa?¨ªa del gas, no abra la puerta
La Asociaci¨®n Espa?ola del Gas denuncia revisiones fraudulentas y advierte a los usuarios que no deben pagar en efectivo la visita de los operarios
Los t¨¦cnicos del gas, a veces no son quienes parecen. La Asociaci¨®n Espa?ola del Gas (SEDIGAS) denuncia revisiones fraudulentas y advierte a los usuarios que no deben pagar en efectivo la visita de los operarios.
El modus operandi de los timadores no levanta sospechas: los supuestos instaladores de gas se personan en los domicilios para efectuar una inspecci¨®n de la instalaci¨®n a cambio de una cantidad en met¨¢lico que oscila entre 50 y 70 euros. Suelen actuar por las ma?anas para aprovechar la soledad de personas mayores en los domicilios, a las que presionan con alertas como que si la revisi¨®n no se lleva a cabo, proceder¨¢n al corte del suministro.
El procedimiento real, sin embargo, no conlleva visitas inesperadas. Las instalaciones de gas canalizado y de butano deben pasar un chequeo cada cinco a?os, pero es la propia compa?¨ªa la que se pone en contacto con sus clientes para solicitar la revisi¨®n, seg¨²n informa el responsable de la certificaci¨®n de personas de Sedigas. Por lo tanto, el consumidor solo debe recibir en su domicilio a un t¨¦cnico cuando haya recibido previamente un aviso por parte de la distribuidora de gas.
Desde Asociaci¨®n Espa?ola del Gas explican que, una vez efectuada la puesta a punto, el inspector debe cumplimentar y entregar al usuario un certificado de que la instalaci¨®n cumple con la normativa. El operario solo interrumpir¨¢ el suministro si se detecta una fuga, en cuyo caso se precintar¨¢ el servicio hasta la soluci¨®n de la aver¨ªa. Adem¨¢s, en ning¨²n caso se deben pagar en mano a los trabajadores que realicen el servicio, ya que las compa?¨ªas cargar¨¢n los costes en la correspondiente factura de su cliente.
No es la primera vez que se detectan fraudes similares. En 2009, la Comunidad de Madrid abri¨® expediente a dos empresas de instalaci¨®n y mantenimiento de gas cuyos empleados se dedicaban a ir a los domicilios de los usuarios para obligarles a aceptar la realizaci¨®n de un chequeo de las instalaciones que, adem¨¢s de costar m¨¢s de un centenar de euros, eran innecesarias.
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