Baleares y Galicia cobran 10 euros por renovar la tarjeta sanitaria
Las consejer¨ªas lo consideran una tasa y no un copago En Baleares se supone que se paga por unas mejor¨ªas que no existen todav¨ªa
El Gobierno de Baleares (PP) empez¨® el d¨ªa 2 de enero a cobrar 10 euros a cada usuario de la sanidad p¨²blica que renueve su tarjeta sanitaria. Es una medida con una intenci¨®n recaudatoria, para compensar las carencias presupuestarias. Su implantaci¨®n ha sido descrita como un avance de servicios digitales para el ciudadano porque el carn¨¦ incorporar¨¢ un chip, una banda magn¨¦tica y una fotograf¨ªa del titular que facilitar¨¢ el acceso al historial. Tambi¨¦n ha empezado a hacerlo el Gobierno gallego, aunque en este caso no ser¨¢ obligatoria la renovaci¨®n de las tarjetas, sino que solo se pagar¨¢ si se deteriora o extrav¨ªa.
Pero aunque el cobro ya se aplica, los ciudadanos baleares, de momento, pagar¨¢n por una tarjeta provisional, id¨¦ntica a la ya existente, porque hasta el mes de mayo no estar¨¢n disponibles las nuevas con las caracter¨ªsticas anunciadas como justificaci¨®n a su implantaci¨®n. La izquierda en la oposici¨®n, PSOE y PSM, atacaron la innovaci¨®n y el cobro del soporte en el debate presupuestario al entender que era un paso hacia un futuro copago sanitario, extremo que niega el Gobierno del PP.
El Servicio de Salud de las Islas Baleares, Ibsalut, indica que el nuevo sistema implantado ¡°permitir¨¢ luchar contra el fraude¡± al facilitarse la identificaci¨®n del paciente con el uso de una tarjeta personal e intransferible. Desde la consejer¨ªa de Salud y el grupo parlamentario del PP se ha insistido en las ¨²ltimas semanas en los episodios de uso fraudulento de los documentos sanitarios, cit¨¢ndose el caso de una misma tarjeta que fue usada en un mismo a?o en cinco partos.
La presidenta de la asociaci¨®n El Defensor del Paciente, Carmen Flores, afirm¨® que el hecho de cobrar 10 euros por la nueva tarjeta es "anticonstitucional, injusto e insolidario". Es una medida? "vergonzosa, propia de un estado inquisitorio y dictatorial". El Gobierno de Baleares, en su plan de recortes y ajustes, anul¨® el departamento y la figura del Defensor del Paciente auton¨®mico.
En Galicia solo est¨¢n afectados quienes extrav¨ªen
Flores afirm¨® que la medida de cobrar 10 euros supone implantar el copago en la comunidad y, adem¨¢s, ha criticado que se vaya a llevar a cabo "con la pat¨¦tica excusa de controlar el fraude". Flores equipara la acci¨®n a la anunciada en Catalu?a por la Generalitat de cobrar un euro por receta.
En la campa?a de promoci¨®n del Gobierno de Baleares -y como prueba de que el objetivo ¨²ltimo es recaudar dinero ya para las comunidades- se resalta que las personas que tengan una tarjeta con una vigencia posterior al 31 de diciembre de 2012 y que la renueven durante este a?o se beneficiar¨¢n de una reducci¨®n del 50% de la cuota y tendr¨¢n que pagar cinco euros. En la misma acci¨®n IbSalut ha remarcado que consignar datos falsos a la tarjeta sanitaria o su uso indebido o fraudulento implicar¨¢ su anulaci¨®n.
La ministra Ana Pastor critic¨® en su momento
Un portavoz del Ibsalut recalc¨® esta ma?ana que el cobro corresponde a una tasa por la expedici¨®n del documento, y que, como tal, estaba incluido en los presupuestos de la comunidad. L¨®gicamente, quien tenga que renovar ahora la tarjeta no deber¨¢ pagar de nuevo cuando, a partir de mayo, est¨¦ en vigor la nueva.
Por su parte, una portavoz del Ministerio de Sanidad se limit¨® a indicar que se trata de un caso que entra dentro de las competencias de las comunidades. Se da el caso, adem¨¢s, de que la nueva directora general de Sanidad, Pilar Farjas,era la consejera de Galicia cuando esta comunidad aprob¨® una medida similar a pesar de que figuras destacadas del PP, como la actual ministra de Fomento y exministra de Sanidad, Ana Pastor, la criticaran.
El exsecretario general de Sanidad en los Gobiernos de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, Jos¨¦ Mart¨ªnez Olmos, que es diputado por Granada, tiene varias cr¨ªticas que hacer a la medida. La primera "su coste, que puede dejar a personas fuera del sistema". "La cantidad se ha fijado de una manera arbitraria", afirma. Adem¨¢s, "es discriminatorio", ya que, de momento al menos, es la ¨²nica comunidad que aplica esta tasa. Por ¨²ltimo, Mart¨ªnez Olmos cree que "se est¨¢ utilizando la sanidad para recaudar, cuando luego no es seguro que ese dinero vaya a revertir en la atenci¨®n sanitaria".
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