Las comunidades gestionar¨¢n las ayudas de la casilla social del IRPF

Las comunidades aut¨®nomas gestionar¨¢n las ayudas recaudadas por la casilla destinada a fines sociales de la declaraci¨®n de la renta. El Tribunal Supremo sentenci¨® a mediados de diciembre que este dinero, el 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas F¨ªsicas (IRPF) ¡ªel contribuyente puede elegir si quiere destinarlo a fines sociales o a la Iglesia¡ª, se transferir¨¢ a las comunidades para que gestionen las ayudas que se derivan. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo da la raz¨®n a la Generalitat, que reclamaba la gesti¨®n al tratarse de dinero destinado a fines sociales, una competencia auton¨®mica. El Supremo sentencia que las autonom¨ªas, en ¡°materia de asistencia social y actividad subvencional¡±, tienen ¡°exclusividad¡± para la ¡°distribuci¨®n y control de las ayudas, aunque el Estado pueda determinar el montante¡±. La Generalitat ha dado a conocer este mi¨¦rcoles la sentencia.

As¨ª, ser¨¢ el Gobierno central quien pueda fijar las condiciones para optar a los recursos derivados de la casilla social del IRPF, pero ser¨¢ cada comunidad la que determinar¨¢ qu¨¦ entidades gozan de la ayuda y se encargar¨¢ de su control. La decisi¨®n del Supremo introduce el filtro de las autonom¨ªas en un proceso en el que, hasta ahora, el Estado regulaba, conced¨ªa y gestionaba las ayudas. El fallo reconoce, as¨ª, la ¡°capacidad de la Generalitat para gestionar las subvenciones para programas de cooperaci¨®n y voluntariado sociales procedentes del IRPF¡±.

En la Red Europea contra la Pobreza temen otro uso de esos fondos

Seg¨²n los ¨²ltimos datos de los que dispone la Agencia Tributaria, de 2009 ¡ªlos de 2010 se dar¨¢n a conocer este trimestre¡ª, la casilla de fines sociales report¨® a las arcas 267 millones de euros. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad est¨¢ estudiando la sentencia para estimar su posible aplicaci¨®n o si cabe recurso. Al ser una sentencia del Supremo, el Gobierno solo puede presentar un recurso de amparo al Tribunal Constitucional si considera que el fallo vulnera la Constituci¨®n. Un portavoz del ministerio ha matizado que, si se acata el fallo, Sanidad estudiar¨¢ como ceder a todas las comunidades la gesti¨®n de la casilla para fines sociales, no solo Catalu?a.

La Generalitat ha recibido con l¨®gica alegr¨ªa el fallo que le daba la raz¨®n. El consejero de Bienestar Social, Josep Llu¨ªs Cleries (CiU) ha expresado su satisfacci¨®n por la sentencia porque respeta el autogobierno catal¨¢n¡±. ¡°La Generalitat tiene competencias exclusivas en el ¨¢mbito de los servicios sociales, infancia, y voluntariado¡±, se reafirm¨® Cleries. El pr¨®ximo paso, agreg¨®, ser¨¢ ponerse en contacto con el Ministerio para que la cesi¨®n del dinero recaudado sea efectiva ya en la pr¨®xima declaraci¨®n de la renta.

Las organizaciones catalanas dicen que ahora se favorec¨ªa a las grandes ONG

La Generalitat esgrime que hab¨ªa desigualdades en el reporto que hac¨ªa en Gobierno central de las subvenciones. Seg¨²n el consejero Cleries, la aportaci¨®n de cada comunidad a la casilla social no se correspond¨ªa con el dinero que retornaba en forma de subvenci¨®n. As¨ª, en 2011, seg¨²n datos de su Departamento, los ciudadanos catalanes aportaron a fines sociales 49 millones al a?o, y las entidades catalanas solo recibieron 29 millones por las aportaciones del a?o anterior a esta casilla.

Aunque la sentencia del Supremo, seg¨²n reconoce la propia administraci¨®n catalana, no obliga al Gobierno central a aportar a cada comunidad el dinero exacto que sume las aportaciones sociales derivadas del IRPF que marquen sus ciudadanos. El Ejecutivo tendr¨¢ potestad para decidir qu¨¦ cantidad corresponde a cada Comunidad Aut¨®noma. La esperanza de la Generalitat, que con el fallo ve cumplida una reivindicaci¨®n hist¨®rica, es que el nuevo sistema de concesi¨®n de subvenciones haga m¨¢s transparente el proceso y permita visualizar las desigualdades.

En 2009, la cruz en la
declaraci¨®n de la renta
report¨® 267 millones de euros

Las asociaciones que agrupan a las ONG ven con preocupaci¨®n el fallo del Supremo y su posible aplicaci¨®n. Carlos Sus¨ªas, presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusi¨®n, es esc¨¦ptico, informa Carmen Mor¨¢n: ¡°Me preocupa donde ir¨¢n a para esos fondos si quedan en mano de las comunidades aut¨®nomas, con las carencias que hay en estos momentos¡±. Sus¨ªas, que valora la gesti¨®n que hac¨ªa actualmente el Gobierno, sostiene que el dinero de la casilla para fines sociales debe ser totalmente independiente del montante que dedican las autonom¨ªas a otras ayudas. ¡°Este dinero debe ser supletorio a los fondos p¨²blicos con los que se cubren carencias b¨¢sicas; estos fondos deben dedicarse a otros programas de cohesi¨®n e inclusi¨®n social¡±. Sus¨ªas cree que hay riesgo de que ¡°ni siquiera se saquen las convocatorias para ellos. La gesti¨®n de estos fondos es importante, porque hay comunidades, como Pa¨ªs Vasco y Navarra, que gestionan su IRPF y no sacan convocatoria para estos programas de apoyo a colectivos desfavorecidos¡±.

Juan de Dios Ram¨ªrez Heredia, vocal de la Plataforma de ONG de Acci¨®n Social, ha afirmado que no hay motivo para la alarma. Ram¨ªrez Heredia considera que el Gobierno tiene base para presentar un recurso de amparo al Tribunal Constitucional. ¡°El Estado tiene unas competencias perfectamente reguladas en el art¨ªculo 149 de la Constituci¨®n Espa?ola y en base a este precepto el Gobierno de la naci¨®n puede regular las condiciones b¨¢sicas que garanticen la igualdad de todos los espa?oles en el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes constitucionales¡±, argumenta. Aunque acepta que Catalu?a, al tener transferidos plenamente los servicios sociales, reclame el ejercicio de la competencia ¡°con todas las consecuencias¡±. ¡°Entiendo y comparto la alegr¨ªa de quienes desde Catalu?a creen que a partir de ahora las cosas ser¨¢n diferentes en relaci¨®n con el reparto de las subvenciones procedentes del IRPF, pero mucho me temo que esa alegr¨ªa no tiene base jur¨ªdica suficiente para sostenerse¡±, apostilla.

El consejero catal¨¢n
expresa su alegr¨ªa
¡°porque respeta el autogobierno¡±

La Mesa de Entidades del Tercer Sector Social de Catalu?a, que agrupa a m¨¢s de 4.000 entidades de la comunidad, discreparon de estas dos visiones. En un comunicado, la mesa ha expresado su satisfacci¨®n y asever¨® que la sentencia servir¨¢ para acabar con el ¡°agravio hist¨®rico que sufre Catalu?a en la distribuci¨®n de estos recursos¡±. Teresa Crespo, presidenta de la federaci¨®n de Entidades Catalanas de Acci¨®n Social y del consejo asesor de Pol¨ªticas Sociales del presidente de la Generalitat, tambi¨¦n ha celebrado la ¡°buena noticia¡±. Crespo mantiene que la solidaridad interterritorial evitar¨¢ que haya lagunas en las ayudas y concret¨® que el modelo de gesti¨®n mejorar¨¢: ¡°Con la distribuci¨®n actual se beneficiaban mucho las grandes entidades. Las peque?as entidades tendr¨¢n m¨¢s oportunidades para llevar a cabo sus proyectos de proximidad¡±.

El Gobierno subvencion¨® m¨¢s de un millar de programas de 405 entidades diferentes, seg¨²n la convocatoria de 2010, la ¨²ltima con datos actualizados. Del total de aportaciones, las m¨¢s numerosas sirvieron para financiar entidades que cuidan de personas mayores (28,98% de la aportaci¨®n), personas con discapacidades (23%) y los programas relacionados con infancia y familia (10,38%). Desde 2007, la casilla del IRPF es del 0,7%. Ello ha multiplicado el dinero recaudado para fines sociales, que aument¨® un 131% en siete a?os. De los 115 millones que se recaudaron en 2002 se pas¨® a los 267 millones correspondientes a la ¨²ltima convocatoria, de 2009.