El aborto como derecho o bajo tutela m¨¦dica

Treinta a?os atr¨¢s eran los viajes a Londres, o las arriesgadas pr¨¢cticas clandestinas sin ir al extranjero. Abortar era un verbo prohibido por m¨¢s que las organizaciones de mujeres, al socaire de una democracia de estreno, se emplearan en vistosas campa?as para pedir que fuera ¡°libre y gratuito¡±. Ahora es un derecho autom¨¢tico ¡ªno se precisa alegar razones ni obtener el visto bueno m¨¦dico en las primeras 14 semanas¡ª y en principio sin coste econ¨®mico para la mujer, pero amenazado de cambios. Un largo camino el del aborto y cuyo fin a¨²n no se vislumbra.

Ahora menos que nunca tras el anuncio del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallard¨®n, de que modificar¨¢ la ley para que se adapte a la ¡°defensa del derecho a la vida, seg¨²n la doctrina ya definida por el Tribunal Constitucional¡±. Un alegato que sugiere una vuelta al modelo normativo que imper¨® en Espa?a hasta julio de 2010, en el que las mujeres necesitaban la tutela del m¨¦dico para poner fin a su embarazo, alegando en la mayor¨ªa de los casos que este pod¨ªa causarle da?os psicol¨®gicos. El cambio supondr¨ªa una vuelta atr¨¢s para un pa¨ªs que ha aceptado y se ha adaptado al sistema de plazos, mayoritario, adem¨¢s, en toda Europa. Tambi¨¦n implicar¨ªa una p¨¦rdida de derechos, como el de la ¡°maternidad libremente decidida¡±, que recoge la norma de 2010.

Gallard¨®n solo ha aclarado que la menor deber¨¢ tener permiso paterno para abortar

El Gobierno apenas ha esbozado sus intenciones. No ha aclarado qu¨¦ es lo que quiere hacer ni c¨®mo. Tan solo ha arrojado algo de luz al anunciar ¡ªy no ha sido la primera vez¡ª que modificar¨¢ uno de los asuntos m¨¢s pol¨¦micos de la actual ley: el hecho de que las menores puedan abortar sin consentimiento paterno y que, para hacerlo, solo precisen informar en casa ¡ªalgo que pueden evitar si alegan que contarlo les puede acarrear un conflicto¡ª. Esta inconcreci¨®n hace pensar a algunos expertos en que la reforma, finalmente, no ser¨¢ estructural, sino cosm¨¦tica. Como Mar¨ªa Luisa Balaguer, catedr¨¢tica de Derecho Constitucional de la Universidad de M¨¢laga, que ve improbable una vuelta al sistema de supuestos y cree que el Gobierno se limitar¨¢ a modificar la ley para que las menores precisen el permiso paterno para abortar. La portavoz del Grupo Popular en la Comisi¨®n de Justicia del Congreso, Beatriz Escudero, ha asegurado, sin embargo, que la reforma ser¨¢ ¡°parcial¡± pero ¡°importante¡±.

La lucha del Partido Popular contra la interrupci¨®n voluntaria del embarazo ha sido larga e intensa. Nunca les gust¨® la ley de plazos, que consagra el aborto como un derecho en las 14 primeras semanas de gestaci¨®n, y por eso recurrieron al Tribunal Constitucional ¡ªal que pidieron, sin ¨¦xito, su suspensi¨®n cautelar¡ª, que a¨²n debe pronunciarse. Tampoco les satisfac¨ªa la regulaci¨®n anterior, de 1985, que despenalizaba esta intervenci¨®n en tres casos: violaci¨®n, hasta la semana 12 de gestaci¨®n; malformaciones del feto, hasta la 22; y riesgo para la salud f¨ªsica o psicol¨®gica de la madre. Un supuesto, este ¨²ltimo, sin plazo alguno, que aduc¨ªan la mayor¨ªa de las mujeres y que permiti¨® en algunos casos abortos muy tard¨ªos. Pero a pesar de su mala prensa y de las duras cr¨ªticas, el PP no la modific¨® en absoluto cuando estuvo en el Gobierno, de 1996 a 2004 (con Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar); a?os entre los que se produjeron m¨¢s de 500.000 abortos.

¡°Lo que est¨¢ haciendo el PP ahora es brindarle un gui?o al ala m¨¢s dura del partido¡±, cree Javier Mart¨ªnez Salme¨¢n, jefe de Ginecolog¨ªa del hospital Severo Ochoa de Legan¨¦s (Madrid) y uno de los pocos expertos que ha participado en la elaboraci¨®n de las dos regulaciones ¡ªla despenalizaci¨®n y la de plazos¡ª que ha tenido Espa?a. Pero el sector m¨¢s conservador, sin embargo, no solo reclama la modificaci¨®n de la actual norma, sino directamente la prohibici¨®n del aborto ¡ªuna pr¨¢ctica, recu¨¦rdese, que tiene el absoluto rechazo, bajo pena de excomuni¨®n, de la Iglesia cat¨®lica¡ª; algo que, sin embargo, s¨ª tendr¨ªa un encaje no solo ya dif¨ªcil sino pr¨¢cticamente imposible.

Recuerda Mart¨ªnez Salme¨¢n que una vuelta a la v¨ªa de los supuestos no cuadra con el panorama europeo, donde la mayor¨ªa de las regulaciones ¡ªsalvo la de Polonia, Malta o Irlanda¡ª fijan un plazo en el que la mujer puede tomar la decisi¨®n de forma libre. Normativas que en algunos pa¨ªses, como Suecia o Francia, llevan d¨¦cadas en vigor y que no han variado con los cambios de Gobierno; aunque ¨¦stos hayan girado a la derecha. ¡°Ni siquiera Berlusconi en Italia cambi¨® la ley del aborto, que all¨ª est¨¢ fijado sin alegaciones hasta la semana 12¡±, indica Mart¨ªnez Salme¨¢n. El sistema est¨¢ vigente en 32 de los 47 pa¨ªses que integran el Consejo de Europa, una instituci¨®n que en 2008 recomend¨® a sus miembros ¡ªentre los que est¨¢ Espa?a¡ª despenalizar el aborto y convertirlo en una pr¨¢ctica ¡°legal y sin riesgos¡±.

Este tipo de cambios normativos, advierten adem¨¢s los expertos, no terminar¨¢n con la realidad del aborto. ¡°Ni con sus cifras¡±, opina Isabel Serrano, presidenta de la Federaci¨®n de Planificaci¨®n Familiar Estatal, que explica que la ley de plazos no ha disparado el n¨²mero de abortos. Algo que constatan los datos del Ministerio de Sanidad, que muestran que en 2010 se practicaron 113.031 y que la tendencia a la baja, registrada en 2009, se mantiene con la nueva regulaci¨®n. ¡°El n¨²mero de abortos no variar¨¢ a menos que se inviertan medios en la contracepci¨®n. Eso s¨ª supondr¨ªa un verdadero cambio¡±, reclama Mart¨ªnez Salme¨¢n, que pone el acento en la gran asignatura pendiente, en la que ninguno de los Gobiernos ¡ªindependientemente de su color¡ª se ha llegado a sumergir a fondo.

¡°El PP brinda un gui?o al ala m¨¢s dura del partido¡±, dice un ginec¨®logo

La vuelta atr¨¢s y que Espa?a abrazase de nuevo un sistema de supuestos implicar¨ªa, creen muchos ¡ªcomo el PSOE, las asociaciones de mujeres, las cl¨ªnicas o las organizaciones de defensa de la sanidad p¨²blica¡ª, la desprotecci¨®n de los profesionales y de las mujeres. ¡°La ley ha sido fruto de un amplio consenso y da respuesta a una realidad social¡±, afirma Soledad Cabez¨®n, secretaria de Igualdad de los socialistas.

Luisa Torres, trabajadora social de la hist¨®rica cl¨ªnica Dator de Madrid, explica que el sistema de supuestos provocaba algunas situaciones dram¨¢ticas. Como la de las mujeres que recib¨ªan un diagn¨®stico de malformaciones fetales graves tras la semana 22, tiempo en el que la ley autorizaba la interrupci¨®n del embarazo bajo ese supuesto. Ahora, tras las 14 semanas de aborto libre existe la opci¨®n de hacerlo con alegaciones: hasta la semana 22 por riesgo para la madre o malformaciones, y sin plazo alguno si un comit¨¦ m¨¦dico considera que el feto sufre ¡°malformaciones graves o incurables¡±.

La ley del PSOE mantiene
la tendencia a la baja
de las intervenciones

¡°Antes era tremendo, algunas mujeres ten¨ªan que viajar fuera de Espa?a, a Francia u otros lugares donde est¨¢ permitido, para interrumpir un embarazo que ya sab¨ªan que era inviable o en el que se constataba que el ni?o sufr¨ªa enormes da?os¡±, recuerda Torres que sostiene que el cambio al modelo anterior puede ser da?ina. ¡°No puede olvidarse que el aborto estaba en el C¨®digo Penal y que si se hac¨ªa fuera de los supuestos permitidos mujeres y m¨¦dicos pod¨ªan ir a prisi¨®n¡±, dice.

¡°La ley de plazos ha supuesto un avance en la autonom¨ªa de la mujer, que hasta la semana 14 de gestaci¨®n puede elegir libremente si seguir con el embarazo sin tener que demostrar, como se hac¨ªa antes, que hacerlo le provoca da?os psicol¨®gicos; la regulaci¨®n de supuestos supon¨ªa una tutela para un acto ¨ªntimo¡±, sigue Torres. Una opini¨®n que comparte el ginec¨®logo Mart¨ªnez Salmean. ¡°La ley de 2010 permite establece por primera vez el derecho de las mujeres a su propio cuerpo, y eso es algo que no pueden soportar los hombres del PP¡±, apunta Victoria Virtudes, hist¨®rica activista proaborto. Asegura que durante la vigencia de la norma anterior, unas 2.000 mujeres fueron denunciadas, generalmente por sus exparejas, por haber interrumpido el embarazo; aunque ninguna fue condenada.

El cambio acabar¨ªa
con la ¡°maternidad
libremente decidida¡±

Con todos esos mimbres, ?est¨¢ Espa?a preparada para retornar a un modelo similar al anterior? La catedr¨¢tica Balaguer no se imagina la vuelta a los supuestos. ¡°Habr¨ªa una fuerte presi¨®n en contra¡±, dice. Pero la menci¨®n de la sentencia del Constitucional, de 1985, que tumb¨® la redacci¨®n inicial de la ley del aborto de 1983, parece dejar pocas dudas, al menos de la intenci¨®n. Fue este tribunal quien sugiri¨® la necesidad de la firma de un m¨¦dico para acceder a la intervenci¨®n. Tambi¨¦n quien abri¨® la puerta a que se pudiera abortar por riesgo para la salud ps¨ªquica de la madre (la primera redacci¨®n solo se refer¨ªa a ¡°la salud¡±, sin precisar m¨¢s). En t¨¦rminos generales, el fallo del Constitucional se?al¨® que el derecho a la vida ¡°constituye el derecho fundamental esencial y troncal (...) sin el que los restantes derechos no tendr¨ªan existencia posible¡±. Junto a ¨¦l, figura ¡°el valor jur¨ªdico fundamental de la dignidad de la persona¡±. El Estado debe hacerlos efectivos.

Cuando hay colisi¨®n entre la vida del nasciturus (el no nacido) y derechos ¡°como la vida y la dignidad de la mujer¡±, no puede prevalecer incondicionalmente ni uno ni otro, a?ad¨ªa el Constitucional. Para el ministro Gallard¨®n, que aprueba la doctrina del Constitucional ¡ªde hecho el PP la menciona junto a los ¡°derechos del no nacido¡± en su recurso a la ley de plazos¡ª, por contra, la ley actual ¡°suprime los derechos del concebido hasta que alcance 14 semanas desde su gestaci¨®n¡±. As¨ª lo explic¨® en una entrevista con este diario antes de tomar posesi¨®n de su cargo.

Una opini¨®n que no comparte la jurista Mar¨ªa Dur¨¢n, que form¨® parte de la comisi¨®n de expertos que cocin¨® la norma de plazos. ¡°La Ley de Salud Sexual y Reproductiva no es contradictoria con la sentencia del Constitucional de 1985. Es

¡°Esta ley ha avanzado en la autonom¨ªa de la mujer¡±, dice un experto

garantista por partida doble, con las personas que intervienen en los abortos y con las mujeres, a las que se facilita toda la informaci¨®n para que decidan si quieren continuar con el embarazo¡±, dice tajante. De hecho, la norma actual fija que las mujeres deben aguardar un periodo de reflexi¨®n de tres d¨ªas, despu¨¦s de recibir esa informaci¨®n sobre las alternativas. Un plazo, indica Salme¨¢n, que se impuso precisamente para que la mujer tuviese esa garant¨ªa constitucional.

Gerardo Ruiz, catedr¨¢tico de Derecho Constitucional de la Universidad de Ja¨¦n, afirma que no tiene sentido sostener una posible derogaci¨®n de la ley de plazos en la doctrina del Constitucional sobre el derecho a la vida.

¡°La jurisprudencia que ha permitido la despenalizaci¨®n del aborto en determinados supuestos no se pronunci¨® en su momento sobre otros problemas ni supuestos. Por tanto, el problema todav¨ªa no resuelto es el de qu¨¦ debe prevalecer, si el bien jur¨ªdico protegido del nasciturus o la libertad de la madre para decidir sobre su propia maternidad¡±, sostiene. ¡°El Tribunal Constitucional no ha dado todav¨ªa una respuesta a este conflicto de derechos, si bien de su doctrina no tiene por qu¨¦ deducirse que sea inconstitucional un sistema de interrupci¨®n del embarazo dentro de unos t¨¦rminos razonables de tiempo, tal y como ahora est¨¢ regulado en Espa?a. Creo que adem¨¢s ¨¦sta ser¨ªa la interpretaci¨®n m¨¢s correcta en funci¨®n del sistema de valores y derechos proclamados por la Constituci¨®n¡±, concluye Ruiz-Rico.

Seg¨²n una constitucionalista, no habr¨¢ retroceso por la presi¨®n social

As¨ª, los expertos no tienen claro c¨®mo abordar¨¢ el PP el cambio insinuado. Mart¨ªnez Salme¨¢n aventura que el cambio de modelo, adem¨¢s, es complicado. ¡°Se podr¨ªa hacer combinando una ley de indicaciones con la de plazos. Es decir, establecer un tiempo para alegar riesgo moral o psicol¨®gico por el embarazo y que un m¨¦dico lo verificase; pero volver a ese modo de tutelaje es tremendo, tanto para los profesionales como para las mujeres¡±, opina.

Con su discurso y la buscada falta de concreci¨®n, el Gobierno deja las puertas abiertas a realizar una reforma total extremadamente restrictiva o quedarse con la carta que muestra de forma clara: la intenci¨®n de recuperar el consentimiento paterno para las chicas de 16 o 17 a?os. Una modificaci¨®n para la que adem¨¢s tendr¨ªan apoyos fuera de su partido; ya que la autonom¨ªa de las chicas fue uno de los asuntos m¨¢s espinosos en la ley de salud sexual y reproductiva.

Algo que, en la pr¨¢ctica, afecta a un porcentaje peque?o de las menores. Un estudio reciente de la Asociaci¨®n de Cl¨ªnicas Acreditadas para la Interrupci¨®n del Embarazo (Acai), que agrupa a una treintena de las m¨¢s de 80 cl¨ªnicas, afirma que la gran mayor¨ªa de las j¨®venes de 16 y 17 a?os (el 87%) informa a sus padres e incluso va con ellos al centro. Para no hacerlo, las menores alegan desde malos tratos hasta presiones por parte de sus padres. Tambi¨¦n hay situaciones de desamparo o de chicas que est¨¢n emancipadas.

¡°La ley da respuesta a situaciones muy concretas y complicadas. Si eso se limita es una marcha atr¨¢s y puede empujar a las mujeres a acudir a interrumpir su embarazo por otros cauces inseguros y en los que se puede poner en riesgo su salud¡±, alerta Francisca Garc¨ªa, vicepresidenta de Acai. Esta asociaci¨®n alerta de que un cambio a un modelo m¨¢s restrictivo no solo afectar¨ªa a que las menores acudieran a la clandestinidad, sino todas las mujeres. ¡°Si una mujer se encuentra ante un embarazo no deseado va a abortar, aunque se ponga el riesgo¡±, dice Garc¨ªa.

La intenci¨®n del Gobierno de reformar la ley traslada a la sociedad a otros tiempos. Pero ahora, como hace casi 30 a?os, la derecha y la izquierda se dividen ante una cuesti¨®n que tambi¨¦n les divide internamente. El debate se ve fuertemente influido por ra¨ªces morales y religiosas.