Del coladero ps¨ªquico al plazo libre

?Cu¨¢ntos abortos se deben a motivos m¨¦dicos y, por tanto, mantendr¨¢n la financiaci¨®n p¨²blica, y cu¨¢ntos no? Con la antigua ley de supuestos, de 1985, todo aborto necesitaba el visto bueno m¨¦dico (que acreditar¨ªa riesgo para la madre, malformaci¨®n del feto o violaci¨®n). Ahora, sin embargo, es imposible detallarlo, ya que la mayor¨ªa de las intervenciones se hacen en las primeras 14 semanas de gestaci¨®n, durante las cuales la mujer no est¨¢ obligada a dar ninguna justificaci¨®n. Casi 100.000 de los 113.000 abortos que se contabilizaron en Espa?a en 2010 se produjeron antes de la semana 12. Una pauta temporal que se repet¨ªa tambi¨¦n antes de la ley de salud sexual, cuando el 97% de las mujeres alegaban riesgo para su salud para interrumpir su embarazo. Esto ha cambiado en el segundo semestre de 2010. Con la nueva ley en vigor, se registraron solo un 8% de abortos por ¡°grave riesgo para la salud de la embarazada¡±.

La ley de salud sexual y reproductiva, que entr¨® en vigor en julio de 2010, no solo cambi¨® eso. La reforma incluy¨® la prestaci¨®n del aborto en la cartera de servicios comunes del sistema nacional de salud. Y desde entonces, la sanidad p¨²blica ¡ªcompetencia de las comunidades aut¨®nomas¡ª est¨¢ obligada a garantizar que la mujer acceda a la intervenci¨®n, sea en centros p¨²blicos o concertados. Y por tanto, debe financiarla.

En los casi dos a?os que lleva en marcha la norma, el grueso de las intervenciones se han realizado en cl¨ªnicas privadas con conciertos con la Administraci¨®n P¨²blica. La falta de una red establecida para practicar esta prestaci¨®n y problemas de objeci¨®n de conciencia de los profesionales de la p¨²blica ha llevado a las autonom¨ªas a firmar acuerdos con las cl¨ªnicas acreditadas, ahogadas ahora por la deuda con la Administraci¨®n, que llega a acumular facturas impagadas por m¨¢s de tres millones de euros, como en el caso de Madrid. Es esa financiaci¨®n p¨²blica la que estar¨ªa ahora en entredicho. Si el aborto sale de la cartera b¨¢sica, la mujer puede verse obligada a pagar de su bolsillo, de nuevo, una intervenci¨®n que cuesta, de media 350 euros.