Un (presunto) ahorro sin avales

Los impulsores del modelo Alzira ¡ªla gesti¨®n privada integral de servicios sanitarios p¨²blicos¡ª presumen de la eficiencia de esta f¨®rmula y del ahorro que aporta. En el caso de la gesti¨®n de hospitales o ¨¢reas de salud, el gasto es un 25% inferior al de sus equivalentes p¨²blicos. Estos son los datos que traslada la Generalitat valenciana en cuanto se le pregunta sobre las virtudes de esta modalidad. Los mismos que expuso Manuel Mar¨ªn, gerente del hospital de La Ribera (Alzira, Valencia; el centro que abri¨® el camino en 1999), en su intervenci¨®n en el congreso de la Asociaci¨®n Nacional de Informadores de la Salud el s¨¢bado pasado en Valencia.

El argumento econ¨®mico, sin embargo, tiene importantes debilidades. No existe ning¨²n estudio independiente que haya evaluado los costes de los dos modelos (gesti¨®n p¨²blica frente a privada) y que avale estas cifras. A ello se refiri¨® este martes la Sociedad Espa?ola de Salud P¨²blica y Administraci¨®n Sanitaria (SESPAS): ¡°Quienes en nuestro pa¨ªs aplican sus saberes e instrumental anal¨ªtico a la evaluaci¨®n de pol¨ªticas sanitarias apenas pueden ir m¨¢s all¨¢ de constatar que no hay evidencia que apoye estas aseveraciones [sobre eficiencia y ahorro]¡±.

Los defensores del modelo tambi¨¦n plantean que en una situaci¨®n como la actual, de aguda restricci¨®n de la inversi¨®n p¨²blica, la privatizaci¨®n de la gesti¨®n aporta una ventaja inmediata incuestionable. En caso de que haya que abordar la construcci¨®n de infraestructuras sanitarias, es la empresa adjudicataria la que asume las obras (y los enormes gastos financieros que llevan aparejadas). A cambio cobrar¨¢ durante d¨¦cadas (hasta 30 a?os) por la gesti¨®n del centro, ya sea solo por prestar los servicios auxiliares o la gesti¨®n integral.

En esencia, la gesti¨®n privada integral ¡ªla que se aplica en Valencia y por la que ha apostado Madrid para otros seis hospitales¡ª es una especie de subcontrata por la que la Administraci¨®n encarga a una empresa los cuidados sanitarios de sus ciudadanos. Ya sea la atenci¨®n hospitalaria (caso de Madrid) o de todo un departamento de salud (caso de Valencia), a cambio de pagar por cada habitante (entre 200.000 y 300.000) una cuota anual (639 euros per capita en Valencia). Ello implica, en teor¨ªa, un mayor control del gasto, ya que el presupuesto que manejan las concesionarias es cerrado.

Pero para que se respeten las condiciones del contrato, los poderes p¨²blicos tienen que asumir el papel de supervisi¨®n que las f¨®rmulas de privatizaci¨®n les reservan. Deben vigilar el cumplimiento de las reglas de juego acordadas y garantizar los est¨¢ndares de calidad asistencial. Este ha sido uno de los puntos d¨¦biles del modelo en Espa?a, como sus detractores han planteado de forma recurrente. Por un lado, porque los Gobiernos que han abierto las puertas de la sanidad al sector privado han sido los m¨¢s firmes defensores del modelo, hasta llegar a actuar m¨¢s como parte que como juez. E incluso cambiar las reglas con la partida ya comenzada para mantener su apuesta a flote pese a su te¨®rica funci¨®n de ¨¢rbitro. Es lo que sucedi¨® en 2003 con el hospital de Alzira.

La Generalitat rescat¨® el centro y lo volvi¨® a sacar a concurso ¡ªprevio acuerdo con la concesionaria¡ª con los pliegos modificados: no solo se entregar¨ªa al sector privado el control del hospital de Alzira, sino tambi¨¦n de los centros de salud de su ¨¢mbito de influencia, un elemento clave en el control del gasto, ya que las consultas de primaria son la llave de acceso al hospital de los pacientes. Esta modalidad es la que se ha extendido a Torrevieja, D¨¦nia, Elche y Manises.

Otro de los riesgos de la gesti¨®n privada es el escaso n¨²mero de empresas capaces de entrar en este mercado. Junto a las aseguradoras sanitarias, en Espa?a ¡ªhasta el momento¡ª el protagonismo de la gesti¨®n privada de la sanidad p¨²blica se lo reparten dos grandes agentes: Ribera Salud y Capio. Ello concede un gran poder de negociaci¨®n a estas compa?¨ªas ante la Administraci¨®n.

Esta circunstancia, junto a la ¡°excesiva proximidad entre autoridades y concesionarios¡± y la debilidad del supervisor, como apunt¨® tambi¨¦n este martes el martes la SESPAS, ¡°exacerba el enorme riesgo de la captura del regulador¡±. Es decir, el peligro de que la influencia de las empresas sea tal que conviertan a la Administraci¨®n ¡°en defensor de los intereses de la empresa dominante¡± en lugar de velar por los intereses de los ciudadanos.