Hospitales que son nuestros

El proyecto de la mayor privatizaci¨®n de recursos p¨²blicos de Espa?a hace agua. Puede que el ¨²ltimo auto judicial de paralizarlo no sea el definitivo. Quiz¨¢ haya m¨¢s decisiones judiciales en sentido contrario, pero lo cierto es que ya que la fuerza de la raz¨®n y las protestas han sido incapaces de impedir el desaguisado que pretende el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Gonz¨¢lez, ser¨¢ la ¡°inseguridad jur¨ªdica¡± la que lo haga.

Gonz¨¢lez y su consejero de Sanidad, Javier Fern¨¢ndez Lasquetty, demuestran con su gesti¨®n que son de los que creen que la mayor¨ªa absoluta les otorga carta blanca incluso para vender a precio de saldo los hospitales y centros de salud p¨²blicos que son de todos. Y creen tanto en ello que pretenden ¡ªo pretend¨ªan¡ª hacerlo mediante un procedimiento plagado de irregularidades. De los pasos dados hasta ahora es imposible evitar la sospecha de que hay tantas felices coincidencias como las que distinguieron al imputado por corrupci¨®n y l¨ªder del PP en Castell¨®n, Carlos Fabra, al que le toc¨® siete veces la loter¨ªa.

Una vez decidida la privatizaci¨®n ¡ªsin estudios que avalen su necesidad¡ª, la Comunidad de Madrid abri¨® hace tres meses el concurso para que todas las empresas interesadas presentaran sus propuestas. Se trataba de dejar en sus manos la gesti¨®n sanitaria de seis grandes hospitales y del 10% de los centros de salud de la regi¨®n. No era f¨¢cil que hubiera interesados porque la Comunidad exig¨ªa un aval del 5% del contrato, que asciende a 4.679 millones de euros. O sea, ten¨ªan que aportar una garant¨ªa de 233 millones para quedarse con el apetecido pastel.

Cuatro d¨ªas antes de que se terminara el plazo de presentaci¨®n de propuestas, Fern¨¢ndez Lasquetty hizo una importante correcci¨®n en el bolet¨ªn oficial: la exigencia era del 5% anual, lo que dejaba la fianza en 28 millones. La rebaja era considerable y tres conglomerados empresariales presentaron sus pliegos cuatro d¨ªas m¨¢s tarde.

Aqu¨ª la suerte tambi¨¦n estuvo del lado del Gobierno regional. Pod¨ªa no haberse presentado ninguna compa?¨ªa o haberse presentado muchas y tener que seleccionar, con el riesgo que ello comporta. Pero no. Solo tres presentaron sus pliegos y, ?qu¨¦ casualidad!, ninguna de ellas pretend¨ªa quedarse con un hospital o un centro de salud que otra pretendiera. Eran cinco lotes en total y cada una de las tres empresas, sin, supuestamente, saber lo que quer¨ªan las dem¨¢s, acertaron a la primera. Ribera Salud solo quer¨ªa los hospitales Infanta Leonor y Sureste. Para ella han sido. Sanitas licit¨® para quedarse con el hospital del Henares y para ella ha sido. HIMA San Pablo, un grupo puertorrique?o por cierto, quer¨ªa los otros tres hospitales restantes y para ella han sido. Seg¨²n Lasquetty hubo una cuarta empresa licitante desechada de manera inmediata porque present¨® una hoja poco menos que preguntando c¨®mo acceder al concurso.

A medida que este verano se conoc¨ªan los detalles de este proceso privatizador resultaba inevitable sentir sonrojo cuando no indignaci¨®n. Las tres empresas beneficiarias ni siquiera hab¨ªan hecho el esfuerzo de reducir costes para favorecer a la Administraci¨®n p¨²blica madrile?a que tan suculento negocio quer¨ªa adjudicarles. Si la Comunidad dec¨ªa estar dispuesta a pagar a una empresa un m¨¢ximo de 450,07 euros por habitante y a?o, Ribera ofrec¨ªa su gesti¨®n por un c¨¦ntimo menos. HIMA San Pablo hizo un esfuerzo mayor para ganar este esperpento de concurso: hasta 37 c¨¦ntimos menos por cabeza. Total, no exist¨ªa el riesgo de que otro candidato ofreciera mayor ahorro.

El auto judicial del pasado martes ha paralizado cautelarmente esta locura y las empresas, que ya estaban entrando en los despachos y comunicando las nuevas ¡ªy sensiblemente peores¡ª condiciones laborales a los eventuales e interinos, se retiran. El futuro es incierto para ellas, pero tambi¨¦n para la sanidad p¨²blica en manos de pol¨ªticos que tienen una asignatura pendiente: comprender que gestionar lo que es de todos no significa disponer a su antojo en base a su mayor¨ªa absoluta. Contra el procedimiento hay 14 recursos pendientes y es especialmente significativo a este respecto el presentado por el Ayuntamiento de Parla. Este Consistorio cedi¨® en su momento el terreno para construir el hospital Infanta Cristina. Era terreno del pueblo y, por tanto, era un beneficio cesante de sus contribuyentes. Con este proceso quedar¨¢ en manos de la privada HIMA San Pablo. Eso s¨ª que es un expolio.