El PP rechaza abaratar las reclamaciones colectivas de los consumidores

Cl¨¢usulas abusivas, cobros indebidos de peque?as cantidades en facturas de telefon¨ªa, electricidad o gas, modificaciones unilaterales en las condiciones de un servicio¡­ Muchos abusos de las grandes empresas quedan impunes porque a menudo los ciudadanos renuncian a reclamar ante los tribunales porque la indemnizaci¨®n que recibir¨ªan ser¨ªa menor a las costas del proceso, sobre todo desde la subida de las tasas judiciales aprobada por el Gobierno. Jueces, fiscales, abogados y asociaciones de consumidores llevan tiempo reivindicando cambios en la legislaci¨®n espa?ola para facilitar las demandas colectivas, una opci¨®n que puede ser muy ¨²til cuando las cuant¨ªas que se reclaman son peque?as pero que en la pr¨¢ctica se usa poco porque es demasiado compleja. La propia abogada general de la UE, Juliane Kokott, advert¨ªa el pasado febrero de que el sistema procesal espa?ol ¡°dificulta excesivamente¡± la defensa de los derechos de los ciudadanos frente a los atropellos de las corporaciones.

El Congreso de los Diputados ha debatido esta tarde una proposici¨®n de ley del PSOE que recog¨ªa esta reinvindicaci¨®n modificando dos art¨ªculos de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Todos los grupos de la oposici¨®n han votado a favor de admitir a tr¨¢mite la propuesta, pero el PP la ha rechazado porque, seg¨²n su portavoz en la materia, Andrea Fabra, su partido ha elaborado su propia propuesta para modificar la ley general de consumidores.

Pilar Grande, portavoz de Consumo del PSOE, ha lamentado la negativa del partido en el Gobierno. ¡°Se trataba b¨¢sicamente de proteger a los ciudadanos m¨¢s perjudicados por la crisis. A los que no tienen medios para defenderse frente a pr¨¢cticas abusivas de las grandes empresas que son muy dif¨ªciles de combatir con la legislaci¨®n actual¡±, explica Pilar Grande, la portavoz socialista de Consumo. ¡°Un buen ejemplo lo tenemos en el caso de las preferentes. En casos como este, en los que hay un gran n¨²mero de afectados, los fiscales deber¨ªan poder intervenir como representantes del colectivo que claramente ha sufrido un abuso¡±, apunta.

Esa es precisamente una de las modificaciones que propon¨ªa la propuesta del PSOE: que los fiscales puedan intervenir en demandas colectivas, algo que ahora solo pueden hacer las asociaciones de consumidores. ¡°Un fiscal tiene mejores medios y, al compartir con las asociaciones los objetivos de defensa, puede reforzar el peso de la acci¨®n¡±, explican desde la Confederaci¨®n Espa?ola de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (CEACCU), impulsora de la propuesta. ¡°Y no solo eso. Que las acciones colectivas no sirvan solo para que una entidad o empresa cese en una pr¨¢ctica abusiva, sino tambi¨¦n para que los reclamantes puedan recuperar su dinero autom¨¢ticamente¡±, a?ade Pilar Grande.

La otra modificaci¨®n clave que se propon¨ªa es la reforma del sistema de costas procesales. ¡°Trat¨¢ndose las acciones colectivas de pleitos de cuant¨ªa total muy elevada (porque se defienden grandes colectivos de afectados), una eventual condena en costas puede suponer la desaparici¨®n de la asociaci¨®n de consumidores denunciante. De ah¨ª que pocas se atrevan a emprender este tipo de demandas¡±, seg¨²n CEACCU.

El Consejo de Consumidores y Usuarios, que representa a las organizaciones de consumidores ante las Administraciones, insiste en la necesidad de esta reforma para simplificar y abaratar los procedimientos judiciales en defensa de los consumidores e inst¨® a los grupos parlamentarios a apoyar la proposici¨®n. ¡°En Espa?a se ejercitan menos acciones colectivas que en el resto de Europa por las dificultades del proceso¡±, advirti¨®.