Justicia universal, s¨ª, hasta que afecta al amigo

El genocida, el autor de delitos contra la humanidad o el criminal de guerra en cualquier parte del mundo puede tener, dentro de unos meses en Espa?a, un pa¨ªs en el que ning¨²n juez le molestar¨¢. Sin el apoyo de ning¨²n otro partido, el PP en el Congreso pretende dinamitar la capacidad de los tribunales espa?oles para ejercer la jurisdicci¨®n universal. Es una noticia interesante para gente como Bachar el Asad, por ejemplo. Si fuera derrocado en Siria y despojado de todo cargo, podr¨ªa venir aqu¨ª de vacaciones tranquilamente. Si la futura ley se formula igual que la propuesta, solo podr¨ªa ser procesado en Espa?a si otro pa¨ªs ¡ªpongamos Francia, que quiere copiar la a¨²n vigente jurisdicci¨®n universal espa?ola¡ª reclamara su extradici¨®n y Espa?a se la negara. Las v¨ªctimas son las principales perjudicadas, pero tambi¨¦n se resiente la cacareada Marca Espa?a, al dejar el pa¨ªs de ser el modelo internacional en la lucha contra la impunidad que hab¨ªa forjado desde los noventa.

El Gobierno tramita a toda velocidad un recorte en esa jurisdicci¨®n tan dr¨¢stico que, si entra en vigor tal y como est¨¢ planteado, tendr¨¢ muy poco de universal. Los jueces solo podr¨¢n perseguir esos delitos de extrema gravedad cuando el presunto autor sea espa?ol, o extranjero residente en Espa?a o, como en la hip¨®tesis del principio, est¨¦ en Espa?a y esta niegue su extradici¨®n al pa¨ªs que la solicite. Otra conjetura: si miles de espa?oles en otro pa¨ªs fueran v¨ªctimas de cr¨ªmenes de guerra, no podr¨ªan acudir a la justicia espa?ola, sostiene Javier Chinch¨®n, profesor de Derecho Internacional en la Universidad Complutense y director de Investigaci¨®n de Rights International Spain. ¡°Desprotege incluso a los espa?oles en el extranjero frente a los cr¨ªmenes internacionales m¨¢s graves¡±, explica. Con este cambio, Madrid cede a la presi¨®n de Pek¨ªn para torpedear la causa contra cinco exdirigentes chinos investigados por el delito de genocidio en T¨ªbet con el objetivo de que quede sobrese¨ªda.

Cada Estado decide si incorpora la jurisdicci¨®n universal a sus leyes, y lo hace en funci¨®n de ¡°sus valores y de su papel en el mundo¡±, precisa Antonio Remiro, catedr¨¢tico de Derecho Internacional P¨²blico de la Universidad Aut¨®noma de Madrid. ¡°En 1985, la jurisdicci¨®n universal era buena para aplic¨¢rsela a los tiranos africanos, pero cuando los criminales son socios comerciales, pa¨ªses amigos o inversores, cambian los valores. Los populares podr¨ªan reconocer esa hipocres¨ªa, podr¨ªan decir, ¡®no somos Juana de Arco, no nos jugamos nuestras inversiones por los tibetanos¡±, opina Remiro. En vez de a la hero¨ªna francesa, el PP ha recurrido a Cervantes para calificar la jurisdicci¨®n universal. ¡°Quijotesca¡± la ha llamado el diputado popular Jos¨¦ Miguel Castillo.

¡°Hoy prima la geoeconom¨ªa, abrir Espa?a a inversiones y negocios a empresas espa?olas¡±, explica Borja Lasheras, director adjunto del think tank European Council on Foreign Relations (ECFR) en Madrid. ¡°Esa tendencia se alinea con las nuevas corrientes que imperan en las relaciones internacionales, lejos del intervencionismo de los noventa y de principios de la d¨¦cada pasada, y m¨¢s partidario de un orden de Estados soberanos, con pocas injerencias externas¡±, argumenta. Espa?a ha optado, dice, por un perfil bajo y posibilista en derechos humanos ¡°excepto en la causa palestina, donde es m¨¢s activa¡±.

No es la primera vez que la presi¨®n de un pa¨ªs poderoso desfigura el ejercicio de la jurisdicci¨®n universal de otro. Tal vez el caso m¨¢s sonado sea el de B¨¦lgica y el antiguo ministro de Defensa estadounidense, Donald Rumsfeld. En 2003, Washington se opuso a la construcci¨®n de la nueva sede de la OTAN en Bruselas si los belgas no abandonaban la jurisdicci¨®n universal. ¡°Ning¨²n pol¨ªtico o militar de mi pa¨ªs puede sentirse seguro con leyes as¨ª. No queremos interferir en la soberan¨ªa belga, pero deben resolver este asunto¡±, dijo Rumsfeld, al ver que desde los juzgados belgas se interpon¨ªan demandas por presuntos cr¨ªmenes contra la humanidad perpetrados por estadounidenses en Irak. Entre los citados a comparecer figuraba el presidente de entonces, George W. Bush, y el general Norman Schwarzkopf. Los cambios operados por el legislador ese mismo a?o obligaban a que tanto acusados como v¨ªctimas fueran belgas o residieran en el pa¨ªs.

En diciembre de 2009, ocurri¨® algo parecido en Reino Unido. La justicia brit¨¢nica emiti¨® una orden de arresto contra Tzipi Livni, ministra de Exteriores de Israel durante la denominada Operaci¨®n Plomo Fundido. Oficialmente, la ofensiva militar lanzada contra Gaza un a?o antes deb¨ªa destruir ¡°la infraestructura terrorista de Ham¨¢s¡±. En el ataque murieron 1.400 palestinos y 14 israel¨ªes, y la detenci¨®n de la pol¨ªtica fue solicitada por los abogados de los primeros. Livni deb¨ªa asistir en Londres a una conferencia, pero cancel¨® el viaje dos semanas antes. El malestar creado uni¨® al entonces primer ministro laborista, Gordon Brown, y a la oposici¨®n conservadora en sus cr¨ªticas contra la jurisdicci¨®n universal. Hoy ministra de Justicia, Livni es partidaria de crear dos Estados, uno palestino y otro israel¨ª, y Londres la considera esencial ¡°para avanzar en el proceso de paz¡±. A pesar de ello, solo pudo viajar a Reino Unido en 2011, cuando la legislaci¨®n ya hab¨ªa sido modificada ¡°para evitar que los tribunales fueran utilizados con fines pol¨ªticos¡±. En esencia, ha otorgado al Fiscal General del Estado poder de veto sobre las demandas privadas.

En un estudio publicado en 2011 en el American Journal of International Law, M¨¢ximo Langer, experto en Derecho Penal Internacional de la Universidad de California (Los ?ngeles, UCLA), sostiene que desde los juicios de N¨²remberg, ¡°los procesados en virtud de la jurisdicci¨®n universal son en su mayor¨ªa nazis, ciudadanos de la antigua Yugoslavia y ruandeses¡±. Y a?ade: ¡°En otras palabras, el tipo de acusado que la comunidad internacional est¨¢ de acuerdo en juzgar y castigar, y carece del apoyo de su propio Estado de origen o nacionalidad¡±.

No es el caso de los cinco exdirigentes chinos investigados por el delito de genocidio en T¨ªbet. Pek¨ªn se ha mostrado molesta por la investigaci¨®n y ha usado su influencia para frenarla. China posee el 20% de la deuda espa?ola en manos extranjeras y Espa?a la contempla como un para¨ªso de oportunidades donde ya se han establecido unas 600 empresas espa?olas. En medio de la crisis, muchos entender¨ªan que prime ¡°la agenda econ¨®mica sobre la de los derechos humanos¡±, como constata Ignacio Jovtis, de Amnist¨ªa Internacional. Pero los argumentos que ha dado el PP para justificar el hachazo a la justicia universal delatan que la ve, adem¨¢s, como una fuente innecesaria de problemas. El portavoz del grupo parlamentario popular, Alfonso Alonso, lo expres¨® la semana pasada de un modo di¨¢fano: hay que eliminar esta jurisdicci¨®n para evitar ¡°disputas in¨²tiles que solo generan conflictos diplom¨¢ticos¡±, dijo.

Las v¨ªctimas son las grandes perjudicadas, pero tambi¨¦n la imagen de Espa?a

Esas tensiones motivaron, en 2009, que se cercenara por primera vez la jurisdicci¨®n universal. Israel estaba molesto por el caso abierto en Espa?a contra siete militares israel¨ªes. Entonces era presidente del Gobierno el socialista Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, abanderado de la alianza de las civilizaciones, la cooperaci¨®n y los derechos humanos. PSOE y PP pactaron que un juez espa?ol solo pudiera actuar si el presunto criminal estaba en Espa?a, ten¨ªa una conexi¨®n relevante con Espa?a o la v¨ªctima era espa?ola. De hecho, el recorte en la legislaci¨®n espa?ola lo anunci¨® primero la ya mencionada y entonces ministra de Exteriores israel¨ª Tzipi Livni.

El otro argumento que esgrime el PP y los contrarios a la jurisdicci¨®n universal es que para estos delitos grav¨ªsimos ya est¨¢n los tribunales internacionales. Sin embargo, la responsabilidad de perseguir esos cr¨ªmenes es de los Estados, y la Corte Penal Internacional es un complemento, no al rev¨¦s. China y Estados Unidos, por ejemplo, no reconocen a ese tribunal internacional y no se someten a ¨¦l. Para reparar a las v¨ªctimas quedan entonces los Estados. Pero hay pa¨ªses persuasivos, como China, y pa¨ªses que no quieren problemas, como Espa?a. Hasta ahora, Espa?a ha sido ¡°un referente para toda Am¨¦rica Latina a ra¨ªz del caso Pinochet. Se convirti¨® en un faro de esperanza¡±, explica Jovtis. De alg¨²n modo, Espa?a sembr¨® en los jueces la posibilidad de perseguir esos delitos, y ahora, tantos a?os despu¨¦s, ¡°una jueza argentina fundamenta su jurisdicci¨®n para investigar los cr¨ªmenes del franquismo, entre otros argumentos, en la jurisprudencia espa?ola¡±.

En 2009, con el Gobierno socialista, ya hubo un primer recorte de la ley

Aunque ha sido imposible investigar esos cr¨ªmenes en Espa?a, se ha producido una situaci¨®n circular. ¡°No tiene precedentes. En mi opini¨®n, esta reciprocidad de la jurisdicci¨®n universal es fundamental para acabar con la impunidad¡±, dice Jill Coster van Voorhout, investigadora en el The Hague Institute for Global Justice. ¡°Ahora, Argentina puede ayudar a las v¨ªctimas espa?olas [del franquismo] a que se haga justicia. Aunque los casos argentinos se acabaron juzgando all¨ª, las imputaciones iniciadas por el juez Garz¨®n [sobre la dictadura argentina] forzaron a las autoridades argentinas a examinar los casos, que resultaron en condenas. Es de esperar que las v¨ªctimas espa?olas puedan ser o¨ªdas, ya sea en Argentina, o si Espa?a puede y quiere, en su propia tierra¡±.

Tal vez la jurisdicci¨®n universal no consiga, por s¨ª sola, crear un imperio de la ley de ¨¢mbito internacional. Pero se expande en la lucha contra la impunidad. Un ejemplo es el juicio en Senegal contra el expresidente de Chad, Hiss¨¨ne Habr¨¦, en el que tambi¨¦n siguen la estela espa?ola. ¡°Se le llama el Pinochet africano porque Espa?a pidi¨® la extradici¨®n del antiguo mandatario chileno cuando estaba fuera de su territorio. Habr¨¦ hab¨ªa huido a Senegal. Desde Wikileaks sabemos que Estados Unidos presion¨® a Espa?a para que abandonara el caso de Jos¨¦ Couso, y la investigaci¨®n de los vuelos de Guant¨¢namo. Con el cambio planeado ahora, el legislador espa?ol dejar¨¢ una ley que era amplia por debajo de los acuerdos del derecho internacional¡±, dice Reed Brody, abogado de las v¨ªctimas del dictador africano.

El PP dice que para los delitos m¨¢s graves est¨¢n los tribunales internacionales

Habr¨¦ fue presidente de su pa¨ªs entre 1982 y 1990 y escap¨® a Senegal, al otro lado del continente, una vez depuesto. En el a?o 2000, varias de sus v¨ªctimas le demandaron en Dakar, la capital senegalesa, por cr¨ªmenes contra la humanidad. Organizaciones como Human Rights Watch, de la que Brody es portavoz, calculan que el r¨¦gimen de Habr¨¦ asesin¨® a unas 40.000 personas y tortur¨® a otras 200.000. Cuando los jueces senegaleses rechazaron la causa, las v¨ªctimas recurrieron a B¨¦lgica. Era 2001 y a¨²n no hab¨ªa recortado su jurisdicci¨®n universal. En 2005, un juez belga dict¨® una orden de arresto contra el pol¨ªtico ca¨ªdo y Senegal solo lo detuvo. Hace dos a?os, sin embargo, la Corte Penal Internacional orden¨® a Dakar que lo juzgara ¡°de inmediato¡±. El proceso debe comenzar all¨ª a mediados del a?o en curso. ¡°Puede sentar un precedente y demostrar que los tribunales africanos son capaces de juzgar los delitos cometidos por sus dirigentes¡±, a?ade el jurista.

En opini¨®n del catedr¨¢tico Remiro, ¡°el valor de esta jurisdicci¨®n es mantener viva la idea de la lucha contra la impunidad, el de sembrar esa posibilidad en los jueces de otros pa¨ªses, sobre todo en Am¨¦rica Latina, y en concreto en Argentina y Chile. La existencia de esta jurisdicci¨®n obliga a los criminales a estar recluidos en sus pa¨ªses, que se convierten en una c¨¢rcel natural¡±, explica. A veces es la ¨²nica c¨¢rcel que conocer¨¢n, pero es la ¨²ltima opci¨®n.