Un experto en salud mental de la ONU censura el proyecto de C¨®digo Penal

El proyecto de ley de modificaci¨®n del C¨®digo Penal que impulsa el Gobierno vulnera al menos media docena de art¨ªculos de la Convenci¨®n de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ratificada por Espa?a, seg¨²n ha advertido este jueves Carlos R¨ªos, miembro del comit¨¦ internacional que vela por la aplicaci¨®n de esta norma amparada por la ONU.

El experto, que a petici¨®n del CERMI ha elaborado un informe sobre la reforma proyectada por el Ministerio de Justicia, censura aspectos de la norma relacionados con las medidas de seguridad (internamiento, por ejemplo) de personas inimputables (aquellas no responsables de sus actos). El anteproyecto de C¨®digo Penal ha sido criticado por el sector de la salud mental por considerar que establece una relaci¨®n entre enfermedad mental y peligrosidad social. El futuro texto, destacan entidades de familiares y pacientes, contempla ingresos en centros psiqui¨¢tricos prorrogables sin l¨ªmite de tiempo para personas con patolog¨ªa mental o discapacidad intelectual a los que se considere susceptibles de cometer nuevos delitos.

Estas medidas, ha apuntado R¨ªos, establecen distinciones "m¨¢s gravosas" para personas con enfermedades mentales s¨®lo por el hecho de padecer estas patolog¨ªas.

El experto del comit¨¦ de la ONU ha se?alado que la reforma del C¨®digo Penal contraviene el art¨ªculo 5 de la Convenci¨®n, porque "fija un r¨¦gimen penal diferenciado que hace que la ley no sera igual para todos"; y el art¨ªculo 8 en tanto que, en lugar de evitar la estigmatizaci¨®n del colectivo, el anteproyecto "vincula el trastorno mental con la comisi¨®n de nuevos delitos".

Tambi¨¦n vulnera los art¨ªculos 12 y 13 relativos al derecho de defensa y el acceso a la justicia porque, seg¨²n R¨ªos, se aplicar¨¢n las condenas "en raz¨®n de caracter¨ªsticas subjetivas e hip¨®tesis de peligro", es decir, "depender¨¢n de la caracter¨ªstica del individuo y no del hecho delictivo", lo que resulta discriminatorio.

As¨ª mismo, es contrario a los art¨ªculos 14.1 y 14.2, que proh¨ªben privar de libertad a una persona por el hecho de su discapacidad. La norma "abre la puerta para que una vez se ha cumplido un m¨¢ximo de 5 a?os de condena, esta sera revisable y ampliable quinquenalmente. Esto ya no tendr¨¢ nada que ver con el hecho cometido en un principio, sino con la situaci¨®n de la persona. Genera un derecho penal de autor, de estatus, en lugar de proporcionalidad", afirma el experto.

En opini¨®n de R¨ªos, con la nueva legislaci¨®n, la decisi¨®n sobre esta privaci¨®n de libertad "versa sobre cuestiones opinativas y no verificables emp¨ªricamente" y "se aleja as¨ª del debido proceso" que debe regir en cualquier ordenamiento garantista.

R¨ªos ha comparecido en rueda de prensa junto al vicepresidente de la Confederaci¨®n Espa?ola de Organizaciones a favor de las personas con Discapacidad Intelectual (Feaps), Jos¨¦ Mar¨ªa S¨¢nchez; la directora Ejecutiva del Comit¨¦ Espa?ol de Personas con Discapacidad (Cermi), Pilar Villarino; el presidente de Feaps-Comunidad Valenciana, Mario Puerto y el representante de la Asociaci¨®n Espa?ola de Neuropsiquiatr¨ªa (AEN), Manuel Desviat.

Para el representante de la AEN, la redacci¨®n del anteproyecto "juzga un diagn¨®stico, una enfermedad, no al enfermo, no a la persona". "El C¨®digo Penal de 1999 fue un gran avance y es suficiente para atender con todas las garant¨ªas. Ahora nos pondremos a la cola en derechos de las personas con discapacidad. Les equipara con animales feroces", ha se?alado.