Una sentencia reveladora

Muchos profesores universitarios agradecemos a Amparo S¨¢nchez Segura, profesora de la Universidad de Extremadura, haber cortado uno de los nudos gordianos que atenazan desde comienzos de este siglo el buen funcionamiento de la universidad espa?ola, y celebramos la sentencia del Tribunal Supremo del 12 de junio pasado que obliga a la Comisi¨®n Nacional de Evaluaci¨®n de la Actividad Investigadora (CNEAI, ahora tutelada por la Agencia Nacional de Evaluaci¨®n de la Calidad y de Acreditaci¨®n, ANECA) a leer los trabajos presentados cada seis a?os para la evaluaci¨®n de la investigaci¨®n (los llamados sexenios) en vez de recurrir a la excusa del "publique usted en revistas de impacto" tantas veces aducida ante nuestras reiteradas reclamaciones.

Sin sexenios no es posible progresar en la carrera docente. Ahora bien, este reconocimiento de la labor investigadora se logra presentando cinco trabajos realizados cada seis a?os, principalmente publicaciones: art¨ªculos, cap¨ªtulos de libro o libros. La val¨ªa de estas publicaciones se mide mediante los llamados "indicios externos de calidad": en el caso de los art¨ªculos, la presencia y la posici¨®n de las revistas que los publiquen en los ¨ªndices internacionales de publicaciones (indexaci¨®n).

Se?alemos de pasada que estos ¨ªndices son muy predominantemente anglosajones; que abundan en ellos mucho m¨¢s las revistas de esa procedencia que las de otras regiones del mundo, ya que se atienen a criterios largamente experimentados en sus comunidades acad¨¦micas; y que las agencias de indexaci¨®n que los gestionan reciben sustanciosos beneficios por esa labor sin que nadie vigile o ponga en discusi¨®n tales criterios (igual que ocurre con las agencias de calificaci¨®n de las entidades financieras).

A su vez, la val¨ªa de los libros se eval¨²a en funci¨®n de la editorial que los publique, negando cualquier valor a las ediciones universitarias, d¨¢ndoselo escaso a las institucionales y otorgando, en cambio, preferencia a las editoriales comerciales en la suposici¨®n de que tienen formado criterio para distinguir las obras de mayor calidad. A este respecto, baste una pregunta: el criterio de estas editoriales ?ser¨¢ exclusivamente cient¨ªfico o tambi¨¦n de rentabilidad, en funci¨®n de las posibles ventas debido a la popularidad del tema o del autor? Probablemente sea, en los mejores casos, una mezcla virtuosa de ambos.

Junto a estos criterios aparece el del n¨²mero de citas que el escrito en cuesti¨®n ha suscitado en otras publicaciones desde su aparici¨®n (el llamado impacto). No es dif¨ªcil darse cuenta de que no ser¨¢n solo los trabajos de peor calidad los que carezcan de citas: cuanto m¨¢s novedoso sea un trabajo, m¨¢s dificultades tendr¨¢ para ser reconocido en el establishment acad¨¦mico y menos citas recibir¨¢ durante los primeros a?os, que es cuando se realiza la evaluaci¨®n.

Por otra parte, la valoraci¨®n de las publicaciones es intencionadamente desproporcionada: hay que presentar cinco publicaciones con independencia de si se trata de un art¨ªculo o de un libro. Un art¨ªculo puede tener, digamos, entre 1 y 15 p¨¢ginas; un libro, entre 120 y 350; parece claro que un buen libro es un producto mucho m¨¢s elaborado y que requiere una dedicaci¨®n mucho mayor en esfuerzo y tiempo que cinco art¨ªculos; no solo no se reconoce as¨ª, sino que ni de lejos se valoran uno y otro en funci¨®n del trabajo relativo necesario para escribirlos.

?De d¨®nde surgen estos criterios tan sesgados? Probablemente del convencimiento de los sucesivos equipos ministeriales y de la ANECA de que el modelo de las ciencias puras es el ¨²nico v¨¢lido para todas las ramas del conocimiento: cuando se implantaron estos criterios, ya exist¨ªa en el campo de las ciencias un sistema internacional de revistas que atend¨ªa a esas necesidades (en los dem¨¢s campos tuvo que improvisarse a trancas y barrancas); en las ciencias el avance del conocimiento se hace mediante investigaciones muy concretas realizadas por equipos de investigaci¨®n, que se dan a conocer r¨¢pidamente en el ¨¢mbito cient¨ªfico, con el fin de que otros equipos puedan contrastar y continuar su labor; por tanto no hacen falta libros, solo art¨ªculos, a veces cort¨ªsimos (puesto que se supone que todos los conocimientos previos son ya de dominio de los lectores) firmados por el director del equipo y por los investigadores directamente concernidos, para dar cuenta del hallazgo con cierta rapidez en revistas de tanto m¨¢s prestigio cuanto m¨¢s importante es ¨¦ste.

A este modelo se han acercado con bastante ¨¦xito las carreras t¨¦cnicas: las ingenier¨ªas, aunque no todas en el mismo grado. Pero tal modelo nada tiene que ver con el habitual en las carreras human¨ªsticas, las de ciencias sociales ni la de arquitectura, en las que hay una tradici¨®n centenaria de elaboraci¨®n lenta del pensamiento con argumentos complejos presentados a trav¨¦s de libros; y de utilizar el art¨ªculo m¨¢s bien para la divulgaci¨®n, exactamente al contrario que en las ciencias puras.

Ahora bien, ?costar¨ªa mucho trabajo reconocer que hay diferentes modelos de avance del conocimiento seg¨²n las ramas del saber? Cabe pensar que forzar los mecanismos habituales en esas ramas, aparte de innecesario, no puede tener m¨¢s que consecuencias negativas porque desvirt¨²a los procedimientos largamente experimentados de transmisi¨®n del saber. Sin embargo, las instituciones estatales se han mostrado desde el primer momento (la ANECA fue fundada en 2002) inflexibles en la imposici¨®n a rajatabla de un modelo ¨²nico, sin discusi¨®n previa en el ¨¢mbito universitario ni en el pol¨ªtico, y en la obligaci¨®n para todos los profesores de adaptarse a ¨¦l como puedan si quieren avanzar en su carrera docente.

Dado el mecanismo descrito, ya se comprender¨¢ que los procesos de evaluaci¨®n han de ser poco menos que autom¨¢ticos y los llamados comit¨¦s asesores (uno por cada campo, formados por seis profesores pertenecientes al mismo) se dedican sobre todo a matizar, mejorar, ampliar o restringir los criterios sobre los indicios de calidad de las publicaciones, seguramente con la voluntad de aproximarlos en la medida de los posibles a la realidad de las respectivas ramas del saber. Pero no parece que nunca en los a?os transcurridos se haya estimado la posibilidad de leer los trabajos enviados, al menos los que pudieran presentar alguna duda razonable.

Tiene raz¨®n Jos¨¦ Arn¨¢ez Vadillo, actual director de la ANECA, cuando dice que no tiene sentido leer un trabajo publicado en una revista de prestigio mundial y que ha recibido 3.000 citas (El Pa¨ªs, 19.9.2018). Parece claro, sin embargo, que no todos los trabajos se encuentran en esas excepcionales condiciones. Pero la respuesta descubre el trasfondo del problema: los trabajos se eval¨²an por su proximidad a ese ideal (de nuevo seg¨²n el modelo de las ciencias puras); ser¨ªa in¨²til, por tanto, examinar aquellos que no se han publicado en revistas de alta indexaci¨®n ni han recibido apenas citas, porque forzosamente han de ser de baja calidad.

La ventaja de este sistema es econ¨®mica: dado que se reciben unas 10.000 solicitudes anuales (lo que significa unos 50.000 trabajos) los emolumentos de los componentes de los comit¨¦s se multiplicar¨ªan si tuviesen que dedicar tiempo a leer los trabajos que no cumplen esos criterios; as¨ª que es mucho mejor ignorar cualquier posibilidad de reconocimiento a tales trabajos, sean o no importantes sus aportaciones.

Esto es lo que el Tribunal Supremo obliga ahora a reconsiderar con el consiguiente coste: se necesitar¨¢n, no ya comit¨¦s de asesoramiento, sino comisiones de evaluaci¨®n muy numerosas y con un mayor grado de especializaci¨®n, pagadas no por la asistencia de sus miembros a unas pocas reuniones al a?o, sino de acuerdo con las horas que deber¨¢n dedicar a la lectura de todos los casos susceptibles de reclamaci¨®n. Por tanto, el coste del sistema se va a elevar enormemente: cabe suponer una resistencia numantina de estos organismos a llevar a la pr¨¢ctica la resoluci¨®n judicial, no ya por su demostrada ausencia de convicci¨®n, sino por falta de presupuesto.

Se descubre aqu¨ª una de las costumbres inveteradas de las administraciones (estatal y auton¨®micas) en relaci¨®n con la universidad: la de introducir reformas de largo alcance a bajo coste, cargando a las espaldas de los profesores el excedente de trabajo. Esto es lo que ha pasado con la introducci¨®n de los nuevos planes de estudio (derivados de los acuerdos de Bolonia) a coste no ya cero, sino negativo, gracias a la amortizaci¨®n de las plazas de profesores jubilados durante cuatro a?os con la oportuna excusa de la crisis econ¨®mica; y tambi¨¦n con el proceso de informatizaci¨®n de las universidades, que en lugar de simplificar ha aumentado su burocratizaci¨®n: m¨¢s y m¨¢s horas de dedicaci¨®n no solo docente, sino administrativa para el profesorado, sin que por ello se hayan relajado las exigencias investigadoras ni, por supuesto, hayan aumentado los sueldos.

Como se ve, no es uno, sino varios los problemas graves que aquejan a la universidad. El presidente de la CRUE, Roberto Fern¨¢ndez D¨ªaz, ha declarado con raz¨®n estos d¨ªas (RNE, 23.9.2018) que los universitarios no acostumbramos a quejarnos, menos a¨²n en la calle o en los medios, y que quiz¨¢ por ello los gobiernos han sacado la conclusi¨®n de que no hay problemas en la universidad. Pues bien, puede que haya llegado el momento de sacar a debate p¨²blico la situaci¨®n universitaria real. Ojal¨¢ la propuesta de una nueva Ley de Universidades d¨¦ ocasi¨®n para hacerlo.

Miguel ?ngel An¨ªbarro, profesor titular?en el Departamento de Composici¨®n Arquitect¨®nica de la Universidad Polit¨¦cnica de Madrid, y 35 firmas m¨¢s.

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