El Tribunal de Cuentas reclam¨® en 2015 m¨¢s controles universitarios
La instituci¨®n advirti¨® del desorden de las entidades externas dependientes de los campus y de la falta de recursos para que los consejos sociales controlen el dinero
Las universidades p¨²blicas espa?olas no tienen sistemas de control interno suficientes y los consejos sociales (participados por sindicatos, pol¨ªticos y empresarios, entre otros, y encargados de aprobar los presupuestos anuales) carecen de los mecanismos y los medios adecuados para ejercer de forma efectiva su tarea de control, sobre todo, ante la proliferaci¨®n de entidades dependientes de los campus p¨²blicos (fundaciones, empresas y otras sociedades) que escapan de una manera flagrante a la supervisi¨®n. Estas son las principales conclusiones del ¨²ltimo informe detallado del Tribunal de Cuentas sobre los campus p¨²blicos, aprobado en 2015 con datos hasta 2012-2013.
¡°Las normas ya existen, lo que se tiene que establecer es un mecanismo de control [obligatorio y con unos m¨ªnimos para todos] a trav¨¦s del consejo social en el que la calidad sea lo que prime. Y que se ejerza. Porque, ?se ha ejercido en los ¨²ltimos a?os? Yo creo que no¡±, dec¨ªa ayer el consejero del tribunal ?ngel A. Algarra, director de aquel informe. Opina que el cambio que trajo Bolonia, la reforma europea de la educaci¨®n superior, tiene buena parte de la culpa. ¡°Probablemente hayamos implantado de forma muy r¨¢pida algo totalmente distinto¡± y los sistemas de control no han resistido, dice. Aunque extiende las responsabilidades fuera de la Universidad: ¡°Las comunidades aut¨®nomas se han quitado de en medio. Desde su intervenci¨®n no han existido informes o seguimiento de los informes internos¡±, asegura.
Algarra, que es adem¨¢s profesor de Fundamentos de An¨¢lisis Econ¨®micos en la universidad privada CEU San Pablo, asegura que esas disfunciones se van solucionando poco a poco y reclama, en todo caso, no ¡°criminalizar¡± ni generalizar en un contexto en el que el esc¨¢ndalo de los m¨¢steres en la Rey Juan Carlos est¨¢ salpicando a toda la universidad espa?ola, que ¨¦l considera buena y abierta a la cr¨ªtica y la mejora. Pero lo cierto es que aquel informe sobre unos campus p¨²blicos que en 2016 manejaron unos presupuestos de 8.893 millones de euros es demoledor en algunos puntos.
Por ejemplo, el que se refiere al control de los organismos dependientes creados al abrigo de la Ley de Universidades de 2001. ¡°La creaci¨®n de entidades instrumentales no siempre ha respondido a nuevas necesidades, sino en ocasiones a la deliberada huida de los controles internos o del control presupuestario y de gesti¨®n y a la b¨²squeda de un campo de actuaci¨®n menos reglado en el que poder incrementar el margen de discrecionalidad¡±, dice el texto.
Casi 529 millones
Si el esp¨ªritu de estas entidades era dar a los campus instrumentos legales m¨¢s ¨¢giles y flexibles para poder responder a una realidad compleja y cambiante, el informe advierte de que se hizo sin los necesarios contrapesos. ¡°Teniendo en cuenta que los sistemas de control interno en las propias universidades p¨²blicas no se han desarrollado de manera equivalente al de la intervenci¨®n en las Administraciones p¨²blicas [...] todos estos entes instrumentales quedan exentos en la mayor¨ªa de los supuestos de cualquier control¡±, a?ade.
Y, cuando s¨ª entran en las cuentas anuales, la mayor parte de las veces no aparecen con el suficiente detalle como para estar bien fiscalizados por los consejos sociales y los organismos externos, es decir, las c¨¢maras de cuentas de cada comunidad. De hecho, ni siquiera hay un censo pormenorizado completo de estas entidades, dice aquel texto. Calcularon, con los datos disponibles entonces, que hab¨ªa 382 entidades de este tipo vinculadas a universidades p¨²blicas, las cuales hab¨ªan gastado entre todas 528,9 millones de euros.
Pero los problemas detectados en estos organismos libres ¡ªel extinto Instituto de Derecho P¨²blico, dirigido por el profesor ?lvarez Conde, en la Rey Juan Carlos, no lo era nominalmente, pero s¨ª en la pr¨¢ctica¡ª se enmarcan en un contexto de falta de efectividad general de los controles internos. El texto se queja de que las unidades dedicadas a estos menesteres no existen ¡ªo no exist¨ªan en 2013¡ª en todas las universidades p¨²blicas y, donde est¨¢n, realizan su tarea muchas veces sin el desarrollo normativo necesario ¡ªno comparable con el de la Administraci¨®n p¨²blica regional¡ª ni los medios humanos m¨ªnimos.
Criterios claros
¡°El control interno no ha sido establecido con criterios claros desde hace tiempo. Entonces, la primera recomendaci¨®n fue: establezcan ustedes sistemas de control interno adecuados, doten a estas unidades de los medios necesarios¡±, explicaba este lunes el consejero Algarra. En su opini¨®n, la v¨ªa para mejorar esos controles son los consejos econ¨®micos y sociales, ¨®rganos compuestos por los responsables universitarios y ¡°personalidades de la vida cultural, profesional, econ¨®mica, laboral y social¡±, seg¨²n la Ley de Universidades, lo cual se suele traducir, entre otros, en representantes de las patronales, los sindicatos o los partidos pol¨ªticos.
A estos consejos, dice tambi¨¦n la ley, les corresponde ¡°la supervisi¨®n de las actividades de car¨¢cter econ¨®mico de la universidad y del rendimiento de sus servicios¡±. Pero, de nuevo, aquel informe de 2015 constata que ¡°tanto los medios, ¨®rganos de apoyo y propia finalidad de sus reuniones hacen que se observe una necesidad de modificaci¨®n legal de manera que el control atribuido a este ¨®rgano se residencie en un ¨®rgano con capacidades t¨¦cnicas¡±.
Algarra insiste en que el efecto preventivo de esos informes est¨¢ funcionando ¡ªes decir, que, aunque las mejoras lleven tiempo, las universidades est¨¢n haciendo esfuerzos para que se produzcan¡ª y, como prueba, recuerda que la Comisi¨®n Mixta del Congreso-Senado que les pidi¨® el informe de 2015 ¡ªque era el segundo en una d¨¦cada¡ª no le encarg¨® otro general, sino uno espec¨ªfico sobre los sistemas de contabilidad universitarios.?
Un instituto que iba por libre
El Instituto de Derecho P¨²blico de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid ¡ªcentro de la pol¨¦mica en torno a los m¨¢steres obtenidos por pol¨ªticos supuestamente con trato de favor¡ª fue creado en 2005 bajo la forma legal de un instituto universitario de investigaci¨®n. Pero, en la pr¨¢ctica, funcionaba como una entidad independiente.
Seg¨²n la Ley de Universidades de 2001, reformada en 2007, se trata de ¡°centros dedicados a la investigaci¨®n cient¨ªfica y t¨¦cnica o a la creaci¨®n art¨ªstica¡± que pueden, adem¨¢s, ¡°organizar y desarrollar programas y estudios de doctorado y de posgrado y proporcionar asesoramiento t¨¦cnico en el ¨¢mbito de sus competencias¡±. As¨ª, lo raro no es que estos institutos (hay 472 en las universidades p¨²blicas) den t¨ªtulos, sino que se dediquen a ello con el frenes¨ª con que lo hac¨ªa el centro de la Universidad Rey Carlos, dirigido por Enrique ?lvarez Conde: en 2017 ofreci¨® siete m¨¢steres oficiales, 15 t¨ªtulos propios y un programa de doctorado.
Pero lo m¨¢s peculiar de ese instituto era el funcionamiento sin control alguno de la universidad desde 2006, seg¨²n el sumario del caso m¨¢ster, con un CIF propio que le permiti¨® tener personalidad jur¨ªdica independiente y firmar contratos y convenios de forma aut¨®noma. Esto es totalmente irregular, no solo porque la ley coloca estos centros dentro de las estructuras normales de la universidad ¡ªal mismo nivel que las facultades y las escuelas¡ª, sino porque se salta los propios estatutos de la Rey Juan Carlos. Por ejemplo, los puntos que dicen que deber¨¢n administrar sus recursos "de acuerdo con las directrices de gesti¨®n econ¨®mica establecidas por el Consejo de Gobierno" de la universidad y que este planificar¨¢ la pol¨ªtica de personal.
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