Una mujer y sus dos hijas afrontan un desahucio tras retirarles la Xunta su ayuda

Est¨¢ en el paro, con dos ni?as a su cargo y malvive desde junio sin ingresos porque la Xunta de Galicia la ha sancionado durante seis meses sin los menos de 400 euros que percib¨ªa como renta de inclusi¨®n social. Mar¨ªa, el nombre ficticio que ha elegido Stop Desahucios de Ferrol para denunciar su caso, afronta ahora una demanda de desahucio de una inmobiliaria por el impago de los 300 euros mensuales de alquiler del piso en el que reside con sus hijas. El castigo de la Administraci¨®n auton¨®mica, provocado por no haber renovado a tiempo su condici¨®n de demandante de empleo, no ha reca¨ªdo solo en ella sino tambi¨¦n en sus dos peque?as, menores de 10 a?os. ¡°Puede ser discutible, pero es el procedimiento habitual¡±, explican desde la Conseller¨ªa de Pol¨ªtica Social del Gobierno gallego.

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Para la plataforma ferrolana Stop Desahucios, la historia de Mar¨ªa demuestra que las ¡°normas arbitrarias e injustas¡± de la Xunta a la hora de aplicar la renta de inclusi¨®n social de Galicia (Risga) ¡°castigan la pobreza¡±. ¡°La protecci¨®n del menor es fundamental y los servicios sociales, aunque sabemos que sufren falta de personal y recursos, no pueden ser la polic¨ªa de los pobres¡±, explica su portavoz, In¨¢cio Mart¨ªnez, quien cuenta que la afectada intent¨® renovar su condici¨®n de demandante de empleo por Internet pero no lo hizo correctamente.

La asfixiada existencia de Mar¨ªa la sufren muchas madres solas en Espa?a. Ella est¨¢ divorciada (la Xunta le otorg¨® una paga de menos de 400 euros porque le resta los 150 euros que le da su exmarido para criar a las ni?as) y el cuidado de sus hijas en solitario restringe sus horas disponibles para cumplir las exigencias de la prestaci¨®n. "Si esta prestaci¨®n es de inclusi¨®n social tiene que contar con personal que atienda a quienes son incapaces de normalizar su vida, pero no pueden sancionarlas", defiende Mart¨ªnez. En un caso como el de Mar¨ªa, a?ade, la Xunta tendr¨ªa que haber comprobado antes de retirarle la renta social en qu¨¦ condiciones vive, si cuenta con las ayudas que merece y ofrecerle una formaci¨®n para encontrar un empleo adaptada a sus horarios de madre.

Mar¨ªa reside de alquiler en una casa que un d¨ªa fue p¨²blica. Fue construida por el Gobierno y pertenec¨ªa al Instituto de Vivienda, Infraestructuras y Equipamientos de la Defensa (Invied), un organismo oficial que la vendi¨® junto a otros muchos inmuebles militares de la comarca de Ferrolterra. Seg¨²n datos aportados por el colectivo antidesahucios, la ciudad acumula m¨¢s de 10.000 viviendas vac¨ªas y son m¨¢s de 600 las personas que demandan un piso social de alquiler: ¡°El propio Inved de Ferrol reconoc¨ªa hace unos meses que tiene 77 viviendas vac¨ªas¡±.

Tras la privatizaci¨®n, es una inmobiliaria la que alquila a Mar¨ªa su piso por 300 euros al mes y, aunque tendr¨ªa derecho a una bonificaci¨®n de las facturas de luz y agua, explica que no puede acceder a esta rebaja porque su arrendador no le deja poner a su nombre la titularidad de estos servicios. ¡°Nunca tuvo una copia del contrato de alquiler hasta que le lleg¨® junto a la demanda de desahucio¡±, denuncian desde la asociaci¨®n antidesahucios de Ferrol.

La vista judicial para desalojar a Mar¨ªa y sus hijas est¨¢ fijada para el pr¨®ximo 30 de noviembre y el lanzamiento ha sido marcado para el 27 de diciembre. Como establece un convenio firmado entre la federaci¨®n gallega de municipios, el Consejo General del Poder Judicial y la Xunta, est¨¢ previsto que la Administraci¨®n auton¨®mica y local soliciten al juzgado que posponga el desahucio. El objetivo, explican desde la asociaci¨®n que ha denunciado el caso, es encontrarle a esta familia otro hogar con menos renta. "Tenemos este caso muy presente, no es un n¨²mero m¨¢s", aseguran desde el Gobierno gallego. "Estamos trabajando para frenar el desahucio".

La sanci¨®n de la Xunta que ha dejado a Mar¨ªa y a sus hijas sin ingresos se prolongar¨¢ hasta diciembre. La Conseller¨ªa de Pol¨ªtica Social que dirige la popular Fabiola Garc¨ªa informa de que los servicios auton¨®micos "est¨¢n trabajando" con el Ayuntamiento para que a partir de esa fecha esta vecina de Ferrol recupere la renta de inserci¨®n social y reciba tambi¨¦n una ayuda de emergencia social del Ayuntamiento de su ciudad. Desde este departamento auton¨®mico a?aden que tambi¨¦n han intercedido ante el Instituto Galego da Vivenda e Solo para que le tramite a Mar¨ªa por v¨ªa urgente un bono de alquiler social.

El Gobierno gallego prepara para antes de final de a?o cambios en la normativa de la Risga para que sus perceptores puedan tener un empleo que no supere los 440 euros. Hasta ahora era incompatible con cualquier otro tipo de ingreso que entrase por la puerta de un mismo domicilio. Esta exigencia ha impedido a los cerca de 10.000 gallegos que dependen de ella para su subsistencia realizar trabajos espor¨¢dicos o incluso convivir con un compa?ero de piso que cobrase un salario o prestaci¨®n.