Espa?a se une al impulso de la ONU a una descarbonizaci¨®n m¨¢s ambiciosa

Pese al batacazo de su partido en Andaluc¨ªa y al bajo n¨²mero de jefes de Gobierno que ten¨ªa previsto acudir a la ceremonia de apertura de la cumbre del clima de la ciudad polaca de Katowice (la COP24), el presidente del Gobierno, Pedro S¨¢nchez, ha decidido mantener este lunes su participaci¨®n en el acto oficial de inicio de esta cita. Esta reuni¨®n contra el calentamiento global, que se organiza bajo el paraguas de la ONU y que durar¨¢ hasta el 14 de diciembre, debe servir para desarrollar la letra peque?a del Acuerdo de Par¨ªs, cuyo objetivo es que el calentamiento global se mantenga en unos l¨ªmites manejables (un incremento a final de siglo de 1,5 a dos grados respecto a los niveles preindustriales).

S¨¢nchez ¡ªde la mano de su ministra para la Transici¨®n Ecol¨®gica, Teresa Ribera¡ª ha intentado desde el primer momento de su mandato tomar la bandera de la lucha contra el cambio clim¨¢tico. De ah¨ª que el presidente decidiera mantener su participaci¨®n en la ceremonia de apertura de este lunes, donde ha manifestado que Espa?a se adhiere a un doble compromiso: por un lado, intentar impulsar una mayor ambici¨®n, como pide la ONU, en la reducci¨®n mundial de gases de efecto invernadero. Por otro, apoyar a los damnificados por la desaparici¨®n de las industrias m¨¢s emisoras, con especial atenci¨®n a las cuencas mineras. S¨¢nchez ha avanzado que presentar¨¢ en breve al Congreso su ley de cambio clim¨¢tico, una norma pendiente desde que en 2011 el Parlamento se la reclam¨® al Ejecutivo.

Como prueba de ese mayor compromiso espa?ol, S¨¢nchez ha reiterado los nuevos objetivos de reducci¨®n de emisiones que incluir¨¢ su ley. Se trata de unas metas m¨¢s ambiciosas que las sostenidas antes de la presentaci¨®n de ese texto. Para 2030, el pa¨ªs reducir¨¢ un 37% los gases de efecto invernadero respecto a los niveles actuales. Con ese primer paso, la ca¨ªda ser¨¢ pr¨¢cticamente total ¡ªdel 90%¡ª en 2050. "El momento es ahora. Espa?a tiene clara su elecci¨®n: actuar por una transici¨®n inaplazable", ha conclu¨ªdo. El presidente tambi¨¦n ha reiterado la voluntad de Espa?a de destinar 900 millones de euros anuales a partir de 2020 para las pol¨ªticas internacionales contra el cambio clim¨¢tico.

"?Estamos cumpliendo con las metas marcadas? La respuesta es no. Estamos lejos de cubrir los objetivos de clima fijados en 2015", ha reconocido S¨¢nchez. Los objetivos del Acuerdo de Par¨ªs, que se cerr¨® hace tres a?os en la capital francesa, parecen ahora inalcanzables debido a la poca ambici¨®n de los pa¨ªses para recortar sus emisiones de gases de efecto invernadero. Y uno de los argumentos que algunos Estados exponen para no incrementar los esfuerzos es el impacto en algunos territorios, especialmente en la actividad y el empleo de las cuencas mineras. "Soy consciente del impacto de estas medidas en territorios, sectores y colectivos m¨¢s expuestos. La respuesta es clara: una transici¨®n ecol¨®gica justa".

En ese contexto, S¨¢nchez se ha referido al plan de acompa?amiento para esos afectados directos que prepara su gabinete, aunque evit¨® dar detalles. El presidente ha anunciado que Espa?a se adhiere a la declaraci¨®n de Silesia, uno de los compromisos que saldr¨¢n de esta cumbre a iniciativa directa de Polonia, el pa¨ªs m¨¢s afectado por esta transici¨®n. Ese texto recoge la voluntad de amortiguar las consecuencias negativas en los sectores afectados. En concreto, menciona la importancia de potenciar la "creaci¨®n de trabajo decente y empleos de calidad" en las zonas afectadas por la descarbonizaci¨®n, que implica el cierre de minas y centrales.

"Esta declaraci¨®n supone un antes y un despu¨¦s", opina Joaqu¨ªn Nieto, director de la Organizaci¨®n Internacional del Trabajo (OIT) para Espa?a. "El Acuerdo de Par¨ªs ya inclu¨ªa referencias a la transici¨®n justa, pero hab¨ªa que articularlo y que los Gobiernos lo asumieran", se?ala Nieto. En esa declaraci¨®n se establece el compromiso de seguir las recomendaciones sobre transici¨®n clim¨¢tica elaboradas por la OIT.

Calendario

Tatiana Nu?o, de Greenpeace, se muestra m¨¢s cautelosa que Nieto. "Es una buena declaraci¨®n de intenciones", apunta, "pero hace falta que vaya acompa?ada de un calendario de cierre de las centrales t¨¦rmicas para garantizar que exista una transici¨®n justa". Nu?o, adem¨¢s, recuerda que la declaraci¨®n parte de Polonia, un pa¨ªs poco ambicioso en la reducci¨®n de emisiones de gases de efecto invernadero y que estima que en 2030 todav¨ªa el 60% de su electricidad se generar¨¢ con carb¨®n. El inter¨¦s de Polonia en esas referencias a la transici¨®n justa es f¨¢cil de comprender: con m¨¢s de 110.000 trabajadores en el sector del carb¨®n, este pa¨ªs acumula casi la mitad de los empleos relacionados con este combustible de toda Europa, seg¨²n un informe del Joint Research Centre (JRC), ¨®rgano cient¨ªfico asesor de la Comisi¨®n Europea.

La situaci¨®n de Espa?a no tiene nada que ver con la de Polonia, al menos, en la dimensi¨®n del problema. Espa?a cuenta ahora con 15 centrales que queman carb¨®n, que emiten el 14% de los gases de efecto invernadero de todo el pa¨ªs. Pero la mitad de esas plantas est¨¢ previsto que cierren en un plazo de dos a?os. Las restantes est¨¢n pendientes de que el Ejecutivo presente su plan de energ¨ªa y clima este mes para conocer si se fija una fecha concreta en las que se les obligue al cierre.

Pese a que a¨²n hay 15 centrales, la mayor¨ªa del carb¨®n que queman ¡ªel 86% en 2017¡ª es importado. Esto se debe, entre otras cosas, a que la gran reconversi¨®n del sector ya se produjo en Espa?a y ahora apenas quedan 2.000 trabajadores en el r¨¦gimen especial de la miner¨ªa del carb¨®n. Adem¨¢s, casi todas las minas que a¨²n sobreviven est¨¢ previsto que cierren en 2019 por no poder operar sin ayudas p¨²blicas.

Pese a esa condena segura del sector, el Gobierno, como recuerda S¨¢nchez, se ha comprometido a tener un plan de transici¨®n justa para las comarcas afectadas. El pasado octubre el Ejecutivo firm¨® con los sindicatos y la patronal un acuerdo que contempla prejubilaciones y bajas incentivadas para los trabajadores afectados, adem¨¢s de un fondo de 250 millones para intentar reactivas las comarcas afectadas.

La idea del Gobierno es articular esa transici¨®n a trav¨¦s de estrategias de transici¨®n a elaborar cada cinco a?os. En esos planes se deber¨¢n identificar los colectivos y territorios potencialmente vulnerables entre la descarbonizaci¨®n de la econom¨ªa. Y una de las herramientas que se utilizar¨¢n ser¨¢n los llamados "contratos de transici¨®n justa" para las zonas en las que haya cierres de instalaciones o reconversiones.