Interior cruzar¨¢ bases de datos para evitar la expulsi¨®n de extranjeras que denuncien maltrato

Una nueva instrucci¨®n del Ministerio del Interior permitir¨¢ habilitar un nuevo procedimiento inform¨¢tico para que los agentes que elaboran el primer atestado por una denuncia de violencia de g¨¦nero accedan de manera inmediata a la situaci¨®n administrativa en Espa?a de la v¨ªctima en el caso de que sea extranjera y quede claramente reflejada en el atestado policial. Para ello, desarrollar¨¢ en los pr¨®ximos meses un sistema t¨¦cnico que conecte el Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de G¨¦nero (Viogen), que recoge las denuncias policiales por violencia machista, con la base de datos policial Adexttra, que recopila toda la informaci¨®n relacionada con los ciudadanos de otros pa¨ªses residentes en Espa?a.

Con esta medida, Interior pretende que el atestado policial recoja desde el primer momento si la v¨ªctima es una extranjera en situaci¨®n irregular. Y, tras detectarla, facilitarle informaci¨®n sobre su derecho a obtener autorizaci¨®n de residencia y trabajo tanto para ella como para sus hijos menores o con discapacidad. En ese momento, si hubiera un procedimiento de expulsi¨®n en marcha, se paralizar¨ªa de manera inmediata como ya contempla la Ley de Extranjer¨ªa para las v¨ªctimas de violencia machista de pareja o expareja y en los casos de trata de seres humanos.

La paralizaci¨®n de la expulsi¨®n de las extranjeras maltratadas ya est¨¢ contemplada desdehace una d¨¦cada. En 2011 se aprob¨® el reglamento sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espa?a. Posteriormente, el Pacto de Estado contra la Violencia de G¨¦nero suscrito por los partidos en diciembre de 2017 incid¨ªa en ello. Sin embargo, esa previsi¨®n no siempre se cumpl¨ªa, precisamente, porque las bases de datos que ten¨ªan una y otra informaci¨®n no estaban conectadas. Por ello, en los atestados de violencia de g¨¦nero no siempre aparec¨ªa reflejado si a la v¨ªctima se le hab¨ªa abierto un procedimiento de expulsi¨®n o si se le iniciaba posteriormente, lo que abr¨ªa la posibilidad de que se produjera una expulsi¨®n por error.

La Fiscal¨ªa de Violencia sobre la Mujer reclam¨® la plasmaci¨®n de ese cruce de datos en los atestados policiales en dos ocasiones ¨Cen enero de 2016, cuando gobernaba el PP, y febrero de 2019, con gobierno socialista- para poder cumplir los plazos que establece el Reglamento de Extranjer¨ªa una vez que hay sentencia firme (seis meses para presentar solicitudes de residencia y trabajo). La fiscal de sala delegada contra la Violencia sobre la Mujer, Pilar Mart¨ªn N¨¢jera, explica que se trata de una medida que les permitir¨¢ garantizar los derechos que asisten a estas mujeres. Las v¨ªctimas pueden solicitar autorizaci¨®n de residencia y de trabajo pero no siempre lo saben y los funcionarios que las asisten desconocen su situaci¨®n administrativa. ¡°Si no sabemos si son irregulares o no, no se lo podemos comunicar¡±, explica la fiscal. ¡°Normalmente los atestados incluyen claramente la situaci¨®n administrativa de los agresores pero no de las v¨ªctimas y hay que velar por sus derechos¡±. La nueva instrucci¨®n de Interior da respuesta a este requerimiento.

En este documento, al que ha tenido acceso EL PA?S, Interior contempla un periodo transitorio hasta que se termine el procedimiento inform¨¢tico necesario para vincular las dos bases de datos. Durante el mismo, se mantendr¨¢ el procedimiento actual, en el que el acceso a la informaci¨®n de la base de datos de extranjer¨ªa se hace mediante una consulta a la Polic¨ªa Nacional, responsable de la gesti¨®n de Adexttra. Eso s¨ª, Interior reclama que la respuesta se d¨¦ ¡°a la mayor brevedad posible¡± para que la mujer pueda ejercer su derecho a obtener el permiso de residencia ¡°por circunstancias excepcionales¡± que contempla la ley.

Desde que Fernando Grande-Marlaska asumi¨® el ministerio hace menos de un a?o, es la tercera instrucci¨®n espec¨ªfica sobre violencia de g¨¦nero que elabora Interior. En la primera, se recordaba a los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado la necesidad de extremar las actuaciones en este ¨¢mbito. La segunda sirvi¨® para aprobar el protocolo de actuaci¨®n que permit¨ªa poner en marcha dos nuevas herramientas de valoraci¨®n de riesgo de la mujer porque el sistema existente hasta entonces?no contemplaba el riesgo de asesinato o al que se pueden ver expuestos los hijos menores.