Macrocausa contra las farmac¨¦uticas en EE UU por la epidemia de opi¨¢ceos
Los laboratorios y distribuidores negocian ¡®in extremis¡¯ un acuerdo de 50.000 millones de d¨®lares para evitar el proceso que arranca el lunes por 400.000 muertes en dos d¨¦cadas. Hay 2.500 demandas
Est¨¢ todo listo para que arranque en Cleveland (Ohio) una causa sin precedentes contra la industria farmac¨¦utica de EE UU. A partir del lunes y durante los dos meses siguientes, el juez federal Dan Polster y los 12 ciudadanos escogidos como miembros del jurado evaluar¨¢n si los principales laboratorios deben pagar el coste econ¨®mico de la crisis de los opi¨¢ceos, que se ha cobrado cerca de 400.000 vidas en Estados Unidos entre 1997 y 2017. Lo ¨²nico que podr¨ªa frenar el hist¨®rico litigio ¡ªel primero federal de una serie de juicios que est¨¢n por venir¡ª es que Polster consiga que las empresas lleguen a un acuerdo con los demandantes por una suma de unos 50.000 millones de d¨®lares (48.800 millones de euros), seg¨²n medios locales, que zanjar¨ªa todos los procesos judiciales pendientes. Este viernes, los directores ejecutivos de las empresas demandadas viajaron hasta Cleveland para negociar in extremis un acuerdo con los abogados de los afectados, en una reuni¨®n organizada por el juez federal que busca evitar este juicio y resolver de golpe las miles de demandas interpuestas en todo el pa¨ªs.
Con las cifras de adictos al alza, los Gobiernos estatales y locales decidieron en 2017 que la que ten¨ªa que asumir los costes para frenar la crisis de adicci¨®n a los opioides de la poblaci¨®n era la industria farmac¨¦utica y no ellos. Desde entonces se han presentado cerca de 2.500 demandas a los principales distribuidores y minoristas de medicamentos, incluidos CVS y Walmart. Los demandantes acusan a fabricantes como Teva de enga?ar al comercializar opioides con mensajes que minimizaban sus riesgos y a los distribuidores de no detectar ni detener las ¨®rdenes sospechosas. Las compa?¨ªas son las responsables de notificar a la Administraci¨®n de Control de Drogas si identifican algo fuera de lo com¨²n y de retrasar los env¨ªos mientras se verifica la informaci¨®n.
El caso enfrentar¨¢ a los condados Cuyahoga y Summit (Ohio) con las empresas demandadas. Polster eligi¨® que fuera el proceso que abra la macrocausa por opi¨¢ceos del pa¨ªs porque el Estado es uno de los m¨¢s afectados por las muertes por sobredosis, con 46 por cada 100.000 habitantes. Tambi¨¦n pretende que sea ¡°la oveja l¨ªder del ganado¡± para el resto de los juicios que componen el conocido como litigio nacional sobre opi¨¢ceos por prescripci¨®n. Bernie Rochford, vicepresidente de Oriana House, un centro de tratamiento para adictos en Ohio, considera que los condados del norte del Estado son la representaci¨®n de lo que est¨¢ pasando en EE UU. ¡°Hace 10 a?os habr¨ªa pensado que es una locura si me hubieran dicho las cifras que estamos viendo de muertes y sobredosis¡±, lamenta. Adem¨¢s, identifica un patr¨®n claro entre sus clientes: empiezan con un medicamento para aliviar el dolor de una lesi¨®n y luego ¡°pierden el control¡± y terminan comprando fentanilo en el mercado negro.
De las seis compa?¨ªas acusadas en Cleveland, solo una, Teva Pharmaceuticals, es una farmac¨¦utica. El resto ¡ªMcKesson, Cardinal Health, AmerisourceBergen¡ª son distribuidores de medicamentos o empresas que cumplen la funci¨®n de una farmacia ¡ªWalgreens y Henry Schein Medical¡ª. Uno de los acusados en el juicio del lunes era el conglomerado Johnson & Johnson, que lleg¨® a un acuerdo a comienzos de este mes en el que se comprometi¨® a compensar con 20,4 millones de d¨®lares a los dos condados de Ohio citados. Cuatro farmac¨¦uticas tambi¨¦n firmaron pactos extrajudiciales. Purdue Pharma, fabricante del analg¨¦sico OxyContin, se declar¨® en bancarrota en septiembre tras llegar a un acuerdo preliminar valorado en 12.000 millones.
En el juicio, cada una de las partes tendr¨¢ 100 horas para defender su posici¨®n. Subir¨¢n al banquillo representantes de las compa?¨ªas, pero tambi¨¦n abogados, funcionarios de agencias gubernamentales y adictos a los opi¨¢ceos.
Con el objetivo de evitar la macrocausa que arranca el lunes, Polster orden¨® al Gobierno federal que entregue los datos confidenciales de d¨®nde se distribuyeron los opioides de cada fabricante en EE UU en los ¨²ltimos tiempos. La propuesta de acuerdo entre las partes, valorada en 50.000 millones de d¨®lares, seg¨²n fuentes familiarizadas con el caso citadas por The Wall Street Journal, incluir¨ªa 18.000 millones durante 18 a?os provenientes de los tres principales distribuidores: McKesson, Cardinal y AmerisourceBergen y cuatro mil millones m¨¢s de Johnson & Johnson.
Alexandra Lahav, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Connecticut, especialista en demandas civiles masivas, no se atreve a calificar la compensaci¨®n de 50.000 millones de d¨®lares como ¡°justa¡±. ¡°En el caso de la demanda contra la industria del tabaco presentada por los fiscales generales de varios Estados se lleg¨® a un acuerdo por cerca de 150.000 millones y la gente dice que curar el da?o provocado por la crisis de los opi¨¢ceos superar¨ªa los 200.000 millones. Dicho esto, estas compa?¨ªas no tienen esa cantidad de dinero y nadie quiere que la mayor¨ªa de ellas quiebren¡±, plantea. Ya sea a trav¨¦s de un acuerdo preliminar o la orden del juez, el montante determinar¨¢ en gran medida cu¨¢nto dinero tendr¨¢n las ciudades y los condados del pa¨ªs las pr¨®ximas d¨¦cadas para combatir los efectos devastadores del abuso de opioides.
El juez se defiende: ¡°No soyparcial, soy humano¡±
Algunas empresas demandadas intentaron que el juez federal Dan Polster fuera apartado del caso por considerarlo parcial. ¡°Reconocer p¨²blicamente este costo humano no sugiere que sea parcial; muestra que soy humano¡±, respondi¨® el magistrado. Su manera de proceder en las revisiones previas al juicio ha causado sorpresa tambi¨¦n entre los fiscales generales. Cuando esta semana se comenz¨® a filtrar en los medios locales que Polster estaba buscando un acuerdo entre la industria farmac¨¦utica y los cientos de demandantes por un valor de 50.000 millones de d¨®lares saltaron las alarmas. El fiscal general de Ohio, Dave Yost, envi¨® el jueves una carta a los cuatro fiscales que han liderado la ronda de conversaciones sobre el hist¨®rico caso (los de Tennessee, Texas, Carolina del Norte y Pensilvania), en la que expresaba su preocupaci¨®n con la propuesta, seg¨²n una copia de la carta a la que tuvo acceso The Wall Street Journal.
La misiva advierte de que ¡°la falta de consulta con otros fiscales generales sobre los t¨¦rminos de un posible acuerdo aumenta el riesgo de un resultado similar al que vimos en las negociaciones de Purdue/Sackler, donde la mitad de los Estados no est¨¢n de acuerdo¡±. Yost se refiere al acuerdo que est¨¢ negociando el gigante farmac¨¦utico Purdue Pharma con los demandantes, que incluir¨ªa un pago de entre 10.000 y 12.000 millones de d¨®lares (10.800 millones de euros) y que la familia Sackler ceda el control de su compa?¨ªa, declarada en bancarrota.
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