Una ministra en la boca del lobo

¡°Con la iglesia hemos dado¡±, advierte don Quijote a Sancho. No se refer¨ªa al poder eclesi¨¢stico, que, por lo dem¨¢s, atemoriz¨® mucho a Cervantes, sino a una simple torre, con la que el caballero andante estuvo a punto de toparse de mala manera. No era un alc¨¢zar de post¨ªn, lamenta, sino una humilde iglesia de pueblo. En cambio, ante la ministra de Educaci¨®n (en funciones), Isabel Cela¨¢, se alza el nacionalcatolicismo en pleno. Ha ocurrido en el coraz¨®n mismo del poder que m¨¢s miman los obispos, la educaci¨®n, agrupado en las Escuelas Cat¨®licas y sus 6.000 colegios concertados.

Se supon¨ªa que la ministra inaugurar¨ªa el congreso con un discurso de conveniencia (para eso fue invitada), pero entr¨® en una materia que solivianta a la clerec¨ªa con solo enunciarla, y lo ha hecho en un fin de semana caliente, no solo por las reformas educativas que le suponen al futuro Gobierno, sino porque el viernes ha comenzado otro congreso multitudinario, titulado Cat¨®licos y Vida P¨²blica, de la Asociaci¨®n Cat¨®lica de Propagandistas (ACdP-CEU), con el tema Libertad para educar, libertad para elegir, y porque la Conferencia Episcopal Espa?ola (CEE) se re¨²ne en asamblea plenaria a partir del lunes, muy dividida ante el papa Francisco, pero un¨¢nimemente alarmada por las circunstancias pol¨ªticas nacionales.

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Cela¨¢ reitera que el derecho a elegir colegio no est¨¢ en la Constituci¨®n

La ministra Cela¨¢ est¨¢ siendo v¨ªctima de destempladas execraciones, pese a su biograf¨ªa personal y pol¨ªtica. Cuando tom¨® posesi¨®n del cargo, en junio de 2018, la poderosa Confederaci¨®n Cat¨®lica Nacional de Padres de Alumnos (Concapa) la recibi¨® con piropos. Destacaban su mandato como consejera de Educaci¨®n en el Pa¨ªs Vasco, donde m¨¢s del 50% de la ense?anza es concertada cat¨®lica, y tambi¨¦n que hab¨ªa estudiado en un colegio cat¨®lico concertado, el Sagrado Coraz¨®n de Bilbao.

Lo afirmado por Cela¨¢ ante los l¨ªderes de las escuelas cat¨®licas no fue un lapsus, como supone el portavoz episcopal, Luis Arg¨¹ello, sino doctrina constitucional. El derecho familiar a elegir el colegio que m¨¢s guste est¨¢ enunciado, efectivamente, en la Constituci¨®n, pero es como el derecho a una vivienda digna, tambi¨¦n constitucional. Millones de espa?oles no pueden disfrutarlos, sin que los obispos se conmuevan. El 90% de los centros de Escuelas Cat¨®licas est¨¢n en las ciudades; casi ninguno en las zonas rurales, la dichosa Espa?a vac¨ªa. Es f¨¢cil proclamar en papel derechos y libertades; la ¨¦tica sufre cuando toca poner los medios.

El art¨ªculo 27 de la Constituci¨®n proclama la libertad de ense?anza, pero hace 10 precisiones, consecuencia de desacuerdos que casi rompen el consenso del que tanto se presume. Fueron muchos los obispos que, liderados por el Primado de Toledo, el cardenal Marcelo Gonz¨¢lez, hicieron campa?a por el No en el refer¨¦ndum constitucional. Lo cierto es que el texto permite al legislador de turno modelos de izquierdas o de derechas, como demuestran la media docena de leyes educativas aprobadas en los ¨²ltimos 40 a?os (una del Gobierno Su¨¢rez; cuatro con el PSOE, y dos con el PP). El Tribunal Constitucional se ha pronunciado en medio centenar de ocasiones sobre sus aspectos en disputa.

Otra cosa es la pol¨ªtica. ¡°Los cat¨®licos hemos sido excluidos, o nos hemos autoexcluido, de la vida pol¨ªtica¡±, se queja el director del congreso Cat¨®licos y Vida P¨²blica, Rafael S¨¢nchez Saus. A¨²n peor: cuando los cat¨®licos discrepan en sus partidos, reclamando reponer en las leyes los principios cristianos, ¡°son apartados y excluidos¡±, en opini¨®n del presidente de la ACdP, Alfonso Bull¨®n de Mendoza. Su congreso, este fin de semana, ha programado un debate sobre ¡°la libertad de educaci¨®n en Espa?a¡±. Iba a protagonizarlo el secretario de Estado de Educaci¨®n, Alejandro Tiana. El n¨²mero dos de la ministra Cela¨¢ se ha ca¨ªdo del programa. La mesa la ocupan Fernando Gurrea (PSOE), Carlos Aragon¨¦s (PP), Roc¨ªo Monasterio (Vox) y Marta Mart¨ªn (Ciudadanos).

Llama la atenci¨®n que en la disputa nadie apele a los Acuerdos concordados en 1976 y 1979 entre Espa?a y el Estado vaticano. Son la madre del cordero, como suele decirse. No es el art¨ªculo 27 de la Constituci¨®n quien ordena pagar con dinero p¨²blico (en torno a 700 millones cada a?o) a los profesores de catolicismo que los obispos seleccionan cada curso escolar con derecho a mandarlos al paro cuando gusten, por casarse por lo civil, acostarse con alguien que no sea su marido o ser candidato de Izquierda Unida. Hay cientos de sentencias condenando pr¨¢cticas semejantes.

La Constituci¨®n enuncia los derechos y libertades de los espa?oles. Los Acuerdos con el Vaticano, un Estado extranjero, protegen los privilegios eclesi¨¢sticos, como que la asignatura de religi¨®n y moral cat¨®lica tenga los mismos derechos (a sumar en la nota media, para obtener becas, sobre la Selectividad), que, por ejemplo, las matem¨¢ticas, y lo mismo sus docentes, librados de oposici¨®n. He aqu¨ª esta otra exigencia: ¡°La educaci¨®n que se imparta en los centros docentes p¨²blicos ser¨¢ respetuosa con los valores de la ¨¦tica cristiana¡±. ?Tambi¨¦n en las escuelas de las comunidades jud¨ªa, musulmana y protestante, o en los centros laicos o agn¨®sticos? Respecto de los medios de comunicaci¨®n social, Espa?a cede al Vaticano esta extravagante prerrogativa, en el m¨¢s puro estilo nacionalcat¨®lico: ¡°El Estado velar¨¢ para que sean respetados en sus medios de comunicaci¨®n social los sentimientos de los cat¨®licos¡±.