La juez sienta en el banquillo a los 18 acusados del vertedero pirata de Chiloeches que sali¨® ardiendo

Casi cuatro a?os despu¨¦s del incendio t¨®xico de la planta de residuos peligrosos de Chiloeches (Guadalajara), los 18 presuntos responsables de la gesti¨®n ilegal de miles de toneladas de desechos y de aquel fuego se preparan para sentarse en el banquillo de los acusados. La magistrada del Juzgado de Instrucci¨®n 1 de Guadalajara, Cristina Vicenta Guerra, ha dictado ya el auto de apertura de juicio oral contra estas 18 personas, entre las que figuran el exalcalde de Chiloeches C¨¦sar Urrea (PP) y el exviceconsejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla-La Mancha Sergio David Gonz¨¢lez (PSOE). La juez considera que los acusados han incurrido en delitos contra el medio ambiente, falsedad documental, pertenencia a grupo criminal, incendio, lesiones imprudentes y prevaricaci¨®n medioambiental. Y la fiscal del caso, Patricia Vilela, ha solicitado penas de m¨¢s de 144 a?os de prisi¨®n para el conjunto de los imputados, seg¨²n los escritos a los que ha accedido EL PA?S.

El de Chiloeches es uno de los ejemplos m¨¢s claros del descontrol de la gesti¨®n de los residuos t¨®xicos en Espa?a. Durante una d¨¦cada, desde 2006, los propietarios y gestores de la planta ¡ªa trav¨¦s de sus empresas KUK Medioambiente SL y Grupo Layna Tratamiento de Residuos SL¡ª operaron sin licencia municipal y sin una autorizaci¨®n ambiental en regla. Pese a los vertidos e irregularidades flagrantes en la gesti¨®n de la planta detectados en varias inspecciones, las instalaciones siguieron funcionando por la ¡°dejaci¨®n deliberada de sus responsabilidades en materia de prevenci¨®n e impacto ambiental¡± de varios funcionarios y altos cargos de la Junta de Castilla-La Mancha, seg¨²n el escrito de acusaci¨®n de la Fiscal¨ªa.

Pero en 2015 los cinco propietarios y gestores de las dos empresas ¡ªpara los que el ministerio p¨²blico pide entre 14 y 19 a?os de prisi¨®n para cada uno¡ª dieron un paso m¨¢s. Se dedicaron supuestamente a recibir en Chiloeches ¡°ingentes cantidades de residuos peligrosos a los que, sin darles el preceptivo tratamiento y valorizaci¨®n a los mismos, fueron mezclando con residuos no peligrosos¡±, explica la fiscal. Luego, cargaban en camiones los residuos peligrosos camuflados y los llevaban al vertedero de desechos de la construcci¨®n de Salmedina, en Valdeming¨®mez (Madrid). Esas instalaciones no est¨¢n autorizadas a recibir basuras t¨®xicas y, seg¨²n la Fiscal¨ªa, sus responsables sab¨ªan de la ilegalidad, por lo que pide nueve de a?os de c¨¢rcel para el gerente del vertedero.

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Mover la basura para ocultar su origen

En 2016 la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de la Guardia Civil abri¨® una investigaci¨®n sobre esas pr¨¢cticas. Y determin¨® que entre abril de 2015 y marzo de 2016 llegaron al vertedero madrile?o de Salmedina ¡°bajo el falso concepto de residuos de construcci¨®n y demolici¨®n¡± procedentes del Grupo Layna ¡°unas 54.421 toneladas de residuos¡±. Los agentes consideraron que los desechos peligrosos proced¨ªan de la industria farmac¨¦utica, la limpieza en seco y la fabricaci¨®n de tintes, pinturas, adhesivos, perfumes y pesticidas.

Paralelamente, el Ayuntamiento de Chiloeches, que desde 2015 gobernaba Podemos tras desalojar al PP, cambi¨® de actitud y orden¨® la clausura de la planta. Las investigaciones de la Guardia Civil avanzaban y el cerco municipal se estrechaba cuando, en agosto de 2016, la planta sali¨® ardiendo. El fuego, resalta la Fiscal¨ªa, fue ¡°provocado de forma intencionada¡±, seg¨²n concluy¨® el Departamento de Incendios del Laboratorio de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid.

El incendio supuso emisiones de gases contaminantes a la atm¨®sfera, adem¨¢s de la contaminaci¨®n de suelos y un r¨ªo cercano. En total, la juez instructora del caso cifra en 14,9 millones la responsabilidad civil en este caso. Y las mayores sumas se corresponden con lo que tuvieron que desembolsar las Administraciones, fundamentalmente la Junta, para descontaminar la zona y retirar los residuos tras el incendio de agosto de 2016.

Las mayores solicitudes de penas son para los responsables de las empresas que gestionaban la planta, a los que la juez acusa de delitos contra el medio ambiente, falsedad documental, pertenencia a grupo criminal, incendio y lesiones imprudentes.

A los responsables de la Administraci¨®n que permitieron operar la planta desde 2006 se les acusa de prevaricaci¨®n ambiental. El exviceconsejero de Medio Ambiente ¡ªque dimiti¨® cuando se descubri¨® que hab¨ªa tenido una relaci¨®n laboral con una de las empresas implicadas¡ª se enfrenta a tres a?os de prisi¨®n. La Fiscal¨ªa le acusa de ser ¡°plenamente conocedor de los incumplimientos contumaces¡± de la planta y de ¡°la ilegal gesti¨®n y tratamiento de los residuos peligrosos y no peligrosos¡± que se hac¨ªa. Y, pese a todo, autoriz¨® que llegaran m¨¢s tipos de residuos t¨®xicos. El exalcalde se enfrenta a la petici¨®n de cinco a?os. La Fiscal¨ªa le acusa de haber permitido ¡°la normal explotaci¨®n de la actividad industrial potencialmente peligrosa a lo largo del tiempo¡± pese a conocer todas las irregularidades y la falta de permisos municipales de la instalaci¨®n.