¡°Durante la pandemia ha habido casos de discriminaci¨®n por edad¡±

Las conclusiones son contundentes. Aun en mitad de una pandemia y cuando los recursos sanitarios no sean suficientes para atender a toda la poblaci¨®n, no se puede discriminar exclusivamente por edad, ni tampoco por discapacidad. Debe estudiarse caso por caso, en funci¨®n de la situaci¨®n del paciente, para que los protocolos no se conviertan en una ¡°trampa¡± que sugiera ¡°indebidamente decisiones autom¨¢ticas¡±. As¨ª lo establece un informe del Ministerio de Sanidad publicado el 2 de abril, elaborado en el momento m¨¢s cr¨ªtico de la pandemia, cuando las comunidades m¨¢s golpeadas enfrentaban serios problemas en sus hospitales. Cuando los familiares de mayores que viv¨ªan en residencias clamaban por traslados a centros sanitarios que no llegaban.

Por el momento han trascendido dos protocolos que mencionaban espec¨ªficamente la edad. Uno del Sistema de Emergencias M¨¦dicas de Catalu?a avala que se limite la ventilaci¨®n mec¨¢nica para mayores de 80 a?os, aunque precisa que la edad no debe ser el ¨²nico motivo y ha de prevalecer el criterio cl¨ªnico. Otro de la atenci¨®n primaria de Madrid restring¨ªa la derivaci¨®n hospitalaria para octogenarios dependientes ¡ªeste se modific¨® posteriormente¡ª. Pero han trascendido documentos de autonom¨ªas que instaban a limitar la hospitalizaci¨®n de mayores dependientes o con demencias que vivieran en las residencias. Cribados que, seg¨²n las patronales, excluyeron a la mayor parte de los residentes, mientras en Madrid o Catalu?a los propios centros aseguran que en lo peor de la crisis tampoco recibieron auxilio para poder atenderlos en las residencias. Miles de ellos murieron.

En esos momentos de desesperaci¨®n, un equipo multidisciplinar redactaba para el Ministerio de Sanidad un documento que aunaba criterios ¨¦ticos que determinaran c¨®mo proceder en caso de que fueran necesarios los triajes. ¡°?nicamente resultar¨¢ leg¨ªtimo acudir a los criterios de priorizaci¨®n cuando se hayan agotado todas las posibilidades existentes para disponer de los recursos asistenciales necesarios y para optimizar el uso de los disponibles¡±, concluye el informe. Reclama criterios claros para los profesionales sanitarios, pero valorando caso por caso: no puede haber discriminaci¨®n ¡°por ning¨²n motivo ajeno a la situaci¨®n cl¨ªnica del paciente y a las expectativas objetivas de supervivencia¡± a la covid-19. ¡°Debe subrayarse la absoluta proscripci¨®n de empleo de criterios fundados en la discriminaci¨®n por cualquier motivo con la finalidad de priorizar pacientes en dichos contextos¡±, se a?ade. Y sigue: ¡°Excluir a pacientes del acceso a determinados recursos asistenciales o a determinados tratamientos, por ejemplo, por raz¨®n ¨²nicamente de una edad avanzada, resulta contrario, por discriminatorio, a los fundamentos mismos de nuestro Estado de derecho¡±.

¡°Era importante aunar criterios. Hasta entonces hab¨ªa disparidad. Se hab¨ªan significado sociedades cient¨ªficas, el Comit¨¦ de Bio¨¦tica, algunas comunidades estaban pronunci¨¢ndose. Cada centro segu¨ªa sus pautas; en funci¨®n de d¨®nde vivieras, las opciones de tratamiento eran distintas¡±, explica Carlos Romeo Casabona, coordinador del informe y catedr¨¢tico de Derecho Penal de la Universidad del Pa¨ªs Vasco. ¡°En la cultura anglosajona es m¨¢s com¨²n defender criterios de edad, m¨¢s utilitaristas, pero la sociedad espa?ola no comparte estos valores¡±, a?ade.

Este experto en bio¨¦tica considera que no debe haber ning¨²n criterio de exclusi¨®n previo: ni la edad, ni una dependencia o existencia de demencia. Coincide con ¨¦l Asier Urruela Mora, corredactor del informe y profesor de Derecho Penal de la Universidad de Zaragoza: ¡°Si atiendes a la situaci¨®n cl¨ªnica y no descartas a nadie a priori, los criterios ser¨¢n flexibles, las opciones de tratamiento depender¨¢n de tu situaci¨®n respecto al resto del grupo y la presi¨®n asistencial¡±. No se trata de medicar a toda costa al paciente, aunque no vaya a beneficiarse de un tratamiento, ¡°esto podr¨ªa causarle sufrimiento¡±, sino de no descartar a nadie de antemano. Los expertos consideran un claro criterio de exclusi¨®n, por ejemplo, una enfermedad terminal o un estado de coma irreversible, como se menciona en el documento, ¡°algo que tambi¨¦n ocurrir¨ªa aun sin que medie una pandemia¡±.

Romeo Casabona se muestra convencido de que el protocolo que elaboraron supuso un antes y un despu¨¦s, especialmente en hospitales, pero admite que ¡°qued¨® una situaci¨®n de confusi¨®n en las residencias¡±, con ¡°falta de capacidad de reacci¨®n de las autoridades sanitarias¡±. ¡°Pill¨® por sorpresa, pero es muy f¨¢cil decirlo a toro pasado¡±, a?ade. Reconoce que en Espa?a, ¡°durante la pandemia, ha habido casos de discriminaci¨®n por edad¡±, pero precisa que ¡°no de forma sistem¨¢tica¡±.

El grupo de expertos, formado por juristas, miembros de sociedades m¨¦dicas y cient¨ªficas y expertos en bio¨¦tica, iniciaba sus trabajos durante los d¨ªas en que el consejero de Pol¨ªticas Sociales de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero (Ciudadanos), dec¨ªa por email a su hom¨®logo de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero (PP), que si no le ayudaba muchos residentes pod¨ªan fallecer ¡°de forma indigna¡±.

Urruela Mora cree, y especifica que lo hace a t¨ªtulo personal, que ¡°como sociedad se fall¨® claramente¡± en las residencias, que requieren un nuevo planteamiento y ¡°un engranaje mucho m¨¢s fino entre los servicios sociales y sanitarios¡±. El jurista afirma que se refieren espec¨ªficamente al ¡°acceso a la UCI y a respiradores¡± porque en aquel momento resultaba m¨¢s ¡°palmario¡±, pero que el discurso es aplicable a otros ¨¢mbitos de atenci¨®n sanitaria. Considera que la pandemia traer¨¢ consecuencias jur¨ªdicas, aunque deber¨¢ estudiarse caso por caso. ¡°Es m¨¢s dif¨ªcil que las haya a nivel penal, porque debe individualizarse la responsabilidad. Aqu¨ª es m¨¢s sist¨¦mica: administrativa¡±, explica. Por lo que cree posible que haya reclamaciones patrimoniales contra las Administraciones, ¡°aunque habr¨¢ que debatir si concurri¨® fuerza mayor¡±, a?ade, es decir, si se trat¨® de una situaci¨®n imprevisible, ¡°en el marco de la cual quedar¨ªa excluida¡± la responsabilidad de las instituciones. ¡°All¨¢ donde se hayan apartado mucho de los criterios del informe es donde se pueden plantear mayores problemas de litigiosidad¡±, se?ala.

En el documento se indica que ¡°los poderes p¨²blicos quedan obligados a asegurar al m¨¢ximo la planificaci¨®n de los recursos asistenciales, sin que sea admisible que se produzca inasistencia a pacientes por falta de dichos recursos en los centros sanitarios cuando existen dispositivos vitales ociosos en otros centros¡±. Romeo Casabona apunta: ¡°Es una llamada de atenci¨®n del ministerio a s¨ª mismo¡±. Y el informe prosigue diciendo que, ¡°en sinton¨ªa con los principios de solidaridad institucional y de justicia, debe garantizarse la optimizaci¨®n en la planificaci¨®n de dichos recursos asistenciales a nivel local, auton¨®mico y estatal¡±. Pese a este supuesto, los traslados entre comunidades m¨¢s saturadas a otras con m¨¢s capacidad en los hospitales fueron escasos durante la crisis. ¡°Una autoridad nacional tiene capacidad para usar recursos materiales y humanos y ponerlos a disposici¨®n de las autonom¨ªas colapsadas. Esta crisis ha puesto de manifiesto que las autonom¨ªas tienen que tener una visi¨®n de colaboraci¨®n¡±, prosigue.

Urruela Mora considera que a¨²n hay aspectos bio¨¦ticos que seguir¨¢n plante¨¢ndose. ¡°?Qu¨¦ ocurrir¨¢ con las vacunas? Si no hay suficientes, habr¨¢ que priorizar, y quiz¨¢s la soluci¨®n no es igual que al decidir sobre camas UCI¡±, sostiene. Romeo Casabona opina que ¡°puede haber habido fallos¡±, pero defiende que la pandemia debe dejar aprendizajes. ¡°Tenemos que estar preparados, con medicamentos, con mascarillas... No podemos volver a cometer los errores del pasado: eso ya no ser¨ªa ignorancia, ser¨ªa aut¨¦ntica negligencia¡±.

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